El fiscal federal Gerardo Pollicita envió al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni un requerimiento para que justifique la evolución de su patrimonio, luego de meses de investigación sobre inmuebles, gastos, movimientos financieros, viajes y operaciones con criptomonedas. El planteo judicial, que contiene una serie de preguntas concretas, constituye una instancia previa que podría desembocar en una citación a declaración indagatoria. La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y también analiza la situación patrimonial de Bettina Angeletti, esposa del exfuncionario.
Buenos Aires – 10 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni entró en una nueva etapa después de que el fiscal federal Gerardo Pollicita remitiera un requerimiento destinado a que el exfuncionario explique inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio y responda una serie de preguntas elaboradas a partir de la documentación incorporada al expediente.
La medida fue confirmada por fuentes judiciales y representa un avance significativo dentro de una causa que se encuentra radicada ante el juez federal Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py.
El requerimiento de justificación patrimonial no equivale todavía a una declaración indagatoria, pero constituye uno de los pasos que pueden precederla cuando la fiscalía considera que existen elementos que deben ser explicados directamente por el investigado.
Pollicita llevaba varios meses reconstruyendo ingresos, propiedades, movimientos bancarios, adquisiciones, gastos, viajes y operaciones financieras atribuidas a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti. En abril, a pedido del fiscal, Lijo dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de ambos para permitir un examen más profundo de sus cuentas y de la sociedad AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja.
La investigación había comenzado a concentrarse particularmente en la aparente relación entre los ingresos declarados por Adorni y determinadas adquisiciones inmobiliarias y gastos personales.
En marzo, Pollicita solicitó informes a registros de propiedades y automotores, entidades financieras y organismos fiscales con el objetivo de determinar si existían activos o movimientos que no pudieran ser explicados a partir de los ingresos formalmente declarados.
Posteriormente, el expediente incorporó información sobre operaciones con criptomonedas, una variable especialmente relevante porque el propio Adorni sostuvo públicamente que parte de sus ahorros provenían de inversiones realizadas años atrás en activos digitales.
El exfuncionario también presentó en junio una nueva declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio del avance de la investigación.
Esa presentación modificó sustancialmente la fotografía patrimonial que hasta entonces había sido conocida públicamente.
De acuerdo con el análisis realizado por Chequeado, en su declaración correspondiente a 2025 Adorni informó un patrimonio neto de aproximadamente $627 millones, compuesto por bienes y disponibilidades cercanas a $945 millones y deudas por unos $317 millones. La comparación con ejercicios anteriores reflejó un incremento patrimonial superior al 400% en términos reales.
Al explicar públicamente esas diferencias, Adorni afirmó que junto con su esposa habían mantenido durante años ahorros fuera del sistema formal y utilizó una frase que generó fuerte repercusión política: “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
La explicación no detuvo el expediente.
Por el contrario, Pollicita continuó reclamando documentación para establecer el origen de los fondos, reconstruir movimientos anteriores al ingreso del exfuncionario al Gobierno y determinar si existía correspondencia entre los ingresos conocidos y las inversiones realizadas.
La fiscalía también puso la lupa sobre antecedentes familiares y pidió documentación vinculada con el hermano del ex jefe de Gabinete, Francisco Adorni, dentro del análisis destinado a verificar eventuales explicaciones relacionadas con herencias o transferencias familiares.
Otro capítulo bajo análisis está relacionado con propiedades y obras realizadas en inmuebles vinculados con el matrimonio.
Publicaciones periodísticas incorporaron testimonios sobre pagos realizados en efectivo para reformas y adquisiciones, elementos que luego pasaron a formar parte de las líneas que la Justicia debía contrastar documentalmente.
La investigación también examinó viajes realizados por Adorni, algunos de ellos en vuelos privados, y gastos cuyo origen debía ser cotejado con sus ingresos declarados.
El objetivo central del expediente es establecer si el crecimiento patrimonial registrado durante el período analizado puede ser explicado mediante ingresos legítimos, ahorros previos, inversiones o créditos, o si subsiste una diferencia que requiera una respuesta penal.
En julio, la Dirección de Asistencia Financiera en Investigaciones Patrimoniales (DAFI) remitió a la fiscalía un informe considerado clave para reconstruir la evolución económica del exfuncionario.
Ese estudio detectó inconsistencias que, según fuentes de la causa, debían ser evaluadas por Pollicita antes de avanzar hacia el requerimiento formal que finalmente llegó a manos de Adorni.
El fiscal había anticipado su intención de requerir una justificación patrimonial desde principios de junio.
En aquel momento esperaba todavía el resultado de peritajes contables y análisis sobre operaciones con criptomonedas antes de definir el alcance exacto de las preguntas que serían formuladas.
El nuevo paso judicial adquiere especial relevancia porque el delito de enriquecimiento ilícito presenta una particularidad dentro del sistema penal argentino: una vez detectado un incremento patrimonial que aparece inicialmente injustificado, el funcionario o exfuncionario puede ser requerido para explicar el origen legítimo de esos bienes.
Es precisamente esa instancia la que ahora enfrenta Adorni.
La respuesta podrá incluir documentación bancaria, contratos, préstamos, operaciones comerciales, antecedentes de inversiones, ahorros previos o cualquier otro elemento que permita reconstruir el origen de los fondos cuestionados.
Después de evaluar esa contestación, la fiscalía deberá decidir si las explicaciones resultan suficientes o si considera necesario solicitar al juez una declaración indagatoria.
Ese eventual paso modificaría sustancialmente la situación procesal del ex jefe de Gabinete.
Adorni dejó el Gobierno hace más de un mes, después de haber ocupado primero la vocería presidencial y posteriormente la Jefatura de Gabinete, convertido durante buena parte de la administración de Javier Milei en una de las figuras más visibles del oficialismo.
Durante el avance inicial de la causa había rechazado las sospechas sobre su patrimonio y sostuvo reiteradamente que no tenía nada que ocultar. En marzo afirmó que las acusaciones formaban parte de una operación política y mediática y evitó brindar mayores detalles porque el expediente ya estaba en manos de la Justicia.
Ahora esa discusión abandonó definitivamente el terreno de las conferencias de prensa.
Las preguntas ya no provienen de periodistas ni de opositores.
Las formuló el fiscal que investiga su patrimonio.
Y Manuel Adorni deberá responderlas ante la Justicia.
