Córdoba – 9 de Agosto de 2026 – Total News Agency – TNA.- Lo que en un principio intentó presentarse como un simple siniestro vial sobre la avenida Circunvalación se transformó en un resonante escándalo político y judicial en Córdoba. El protagonista del hecho fue el camarista federal de apelaciones y juez subrogante de la Corte Suprema de Justicia, Abel Guillermo Sánchez Torres, quien protagonizó un vuelco con su camioneta Ford Ranger Raptor tras haber participado de una exclusiva cata de vinos luego del partido entre Argentina y Austria.
De acuerdo a una publicacion anterior de TNA, el hecho ocurrió el pasado 22 de junio a las 16:30, inmediatamente después del encuentro futbolístico. Testigos señalaron que el magistrado manejaba en estado de ebriedad cuando se despistó, rompió un guardarraíl y volcó en un desagüe, para luego abandonar el lugar del accidente. Lejos de cumplir con los protocolos legales, la Policía Caminera de Córdoba jamás le realizó el test de alcoholemia, no labró actas ni radicó denuncias, y permitió que el vehículo permaneciera en el lugar hasta el día siguiente, cuando fue retirado mediante una grúa privada gestionada por el propio Abel Guillermo Sánchez Torres.
Ante la repercusión pública del caso y el evidente silencio oficial por parte de la administración de Martín Llaryora y de los medios locales pautados por la provincia, una semana después apareció públicamente el abogado Carlos Nayi, transformado en “vocero al paso” del camarista, para salir en defensa del juez. En declaraciones al programa El show del lagarto por Canal 12 —un medio que según el portal de transparencia del gobierno cordobés recibió cifras millonarias en pauta oficial—, Carlos Nayi descalificó la investigación periodística y expuso una serie de falsedades que fueron categóricamente desmentidas por las pruebas gráficas y testimoniales. La investigación fue difundida por el portal Striptease del Poder
En primer lugar, el letrado intentó desligar al juez del partido de la selección asegurando que el accidente había ocurrido el lunes 15 de junio entre las 17:00 y las 17:30. Sin embargo, los metadatos de las fotografías y los testimonios confirmaron de manera indiscutible que el siniestro tuvo lugar el lunes 22 de junio a las 16:30, apenas finalizado el cotejo deportivo.
Asimismo, Carlos Nayi sostuvo con absoluta tranquilidad que Abel Guillermo Sánchez Torres provenía de una reunión privada con una directiva de la Fundación Mediterránea de Córdoba. La investigación comprobó que el magistrado estuvo de cata de vinos en el country Cañuelas, en la casa de un ciudadano extranjero. En la misma línea argumentativa, el abogado intentó justificar la huida del lugar afirmando que el juez sufrió un desperfecto mecánico sin heridos y que se retiró rápidamente debido a que tenía a su hija enferma e internada, algo que también resultó ser completamente falso.
La reconstrucción de los hechos indica que Abel Guillermo Sánchez Torres salió del country Cañuelas en su Ford Ranger Raptor e, al intentar ingresar a la Circunvalación por el nudo vial de la avenida O’Higgins, se topó de imprevisto con una camioneta que transportaba un tráiler de caballos. Al dar un volantazo, se desvió hacia la banquina, destruyó el guardarraíl y terminó volcando en el desagüe.
Lejos de asumir las responsabilidades normativas, Carlos Nayi aseguró livianamente que no existía obligación policial de emitir un parte ante un desperfecto si no había barreras afectadas. No obstante, la Ley Provincial de Tránsito 8560 establece con absoluta claridad en su artículo 108 que las autoridades policiales tienen el deber ineludible de actuar de oficio, investigar las causas de cualquier accidente y labrar las actas correspondientes, advirtiendo además que retirarse del lugar para evadir el control de alcoholemia constituye una falta sumamente grave.
Por último, el abogado coronó su exposición justificando que las explicaciones se daban únicamente porque el juez es una persona pública. Desde el medio de investigación señalaron que la única razón por la cual debieron romper el silencio fue la evidente presión social tras la viralización del caso, contrastando la falta de documentos y las constantes contradicciones de la defensa con la gravedad institucional de los hechos y la protección política brindada desde el gobierno provincial.
