Por RR
Córdoba – 26 junio 2026 – Total News Agency – TNA – Un nuevo episodio vuelve a colocar bajo sospecha al camarista federal Abel Guillermo Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, luego de que se conociera que habría protagonizado un vuelco con su camioneta Ford Ranger Raptor en la avenida de Circunvalación y se habría retirado del lugar sin que el hecho quedara informado por los canales oficiales de la Policía de Córdoba.
El episodio habría ocurrido el martes 23 de junio por la noche, después de una cata de vinos realizada en la zona sur de la ciudad de Córdoba. El magistrado conducía una Ford Ranger Raptor 2.0L, modelo 2020, patente AE 281 GF, valuada en unos 57 millones de pesos, cuando perdió el control del vehículo y terminó volcando en una alcantarilla de desagüe, en inmediaciones del cruce de la Ruta Nacional A019, conocida como avenida de Circunvalación, con el Camino a San Carlos.
De acuerdo con la informacion a la que accedio TNA, Sánchez Torres, que “viene volcando” hace tiempo, logró salir del vehículo y llamó a un amigo que se había retirado poco antes del mismo encuentro social. El amigo habría llegado a los pocos minutos, lo habría asistido y lo habría trasladado hasta su vivienda en el barrio Altos del Chateau de estilo “mausoleo”. La camioneta quedó cerrada en el lugar del vuelco.
El dato más grave no es solo el accidente, sino la falta de información oficial. El medio local Striptease del Poder indicó que consultó al área de prensa de la Policía de Córdoba el miércoles 24 de junio y volvió a hacerlo el jueves 25, sin recibir primero una respuesta concreta y luego con una contestación según la cual no existía registro de un accidente con ese vehículo. Si esa versión se confirma, el episodio abriría un interrogante delicado: cómo pudo pasar inadvertido un vuelco de semejante magnitud en una vía de alta circulación y por qué no se activaron los controles habituales, entre ellos el test de alcoholemia correspondiente.
No existe hasta el momento una comunicación oficial pública que confirme si el magistrado fue identificado en el lugar, si intervino la Policía Caminera, si se labró acta, si se preservó la escena o si se realizó algún control toxicológico o de alcoholemia, pero Total News Agency publica una imagen donde se observa al cuestionado camarista, con campera amarilla, hablando por telefono muy cerca a la camioneta volcada. Lo que sí resulta políticamente relevante es que el hecho fue denunciado públicamente y la fuerza provincial no lo registró o no lo informó.
El caso golpea a un juez que ya atraviesa un momento crítico. Sánchez Torres no aparece en la escena pública solo por un accidente vial. Su nombre está vinculado a investigaciones judiciales, denuncias administrativas y cuestionamientos patrimoniales que vienen erosionando la imagen de la Justicia Federal de Córdoba., como ya advirtio Total News Agency.
En abril, el fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, junto con el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, imputó a Sánchez Torres, a la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi, y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción, a partir de una denuncia presentada por la funcionaria judicial Celina Laje Anaya.
La denuncia, de más de cien páginas según publicaciones judiciales, apunta a presuntas maniobras internas, maltrato laboral, violencia de género, hostigamiento y alteraciones en la integración de salas. El caso también vinculó la investigación con presuntas irregularidades relacionadas con causas de evasión fiscal millonaria y con el funcionamiento interno de la Cámara.
La situación de Sánchez Torres se torna aún más sensible por su relación personal con Graciela Montesi, presidenta de la misma Cámara. En los tribunales cordobeses, esa relación fue señalada como un problema institucional por el eventual impacto que podría tener sobre integraciones de salas, decisiones internas y equilibrios del tribunal por lo que la dupla Montesi-Sanchez Torres obtiene la mayoria automática en la sala. El caso no se reduce a la vida privada de dos magistrados: el punto central es si esa relación puede afectar la imparcialidad, la transparencia y la administración interna de uno de los órganos judiciales federales más relevantes del interior del país.
A la vez, el camarista es investigado por su evolución patrimonial. Distintos donde abundan informes sobre una vivienda valuada en torno a 1,3 millón de dólares, ubicada en un sector exclusivo de Córdoba, y plantearon dudas sobre la correspondencia entre ese patrimonio, sus ingresos como magistrado y su actividad docente.
Total News Agency ya había informado que el expediente patrimonial involucra no solo a Sánchez Torres, sino también a su entorno de poder, y que la situación se agrava por la imputación de Montesi en una causa donde se investigan presuntos abusos de autoridad y maniobras internas denunciadas por Laje Anaya.
El vuelco de la Ranger Raptor aparece, entonces, como un episodio más dentro de una trama mayor: un camarista federal cuestionado por su patrimonio, imputado en una causa penal, señalado por denuncias internas y ahora involucrado en un accidente vial que, según la denuncia periodística, no habría sido informado por la fuerza de seguridad provincial.
El contexto institucional tampoco es menor. El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de 21 abogados para cubrir vacantes en tribunales federales de todo el país. En el caso de Córdoba, fueron propuestos Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini para completar lugares clave en la Cámara Federal de Apelaciones, lo que puede alterar el equilibrio interno del tribunal.
La llegada de nuevos jueces a las salas donde hoy conviven tensiones internas, causas abiertas y relaciones personales cuestionadas puede modificar el mapa de poder en la Justicia Federal cordobesa. Por eso, el episodio vial no debe leerse como un hecho aislado de tránsito, sino como un síntoma más de una crisis de confianza que afecta a un sector de la magistratura federal.
La pregunta central es sencilla: si cualquier ciudadano vuelca una camioneta en la Circunvalación, abandona el lugar y se retira antes de los controles, difícilmente el hecho pase inadvertido. Si el protagonista es un camarista federal, el estándar de transparencia debería ser todavía más alto. La ausencia de información oficial, lejos de cerrar el caso, lo vuelve más incómodo.
Ahora, la Policía de Córdoba, la Policía Caminera, el Ministerio Público Fiscal y eventualmente el Consejo de la Magistratura deberían aclarar qué ocurrió la noche del 23 de junio, quién intervino, qué actas se labraron, si el vehículo fue secuestrado, si hubo asistencia médica y por qué no existe —o no se informó— un registro oficial del accidente. ¿Será sometido el camarista a pericias médicas que podrían demostrar los rastros y marcas del cinturon de seguridad en su cuerpo, producto del vuelco y la fuerza de la inecrcia?
En una provincia donde el poder judicial federal acumula denuncias de privilegios, internas y sospechas patrimoniales, el vuelco de Sánchez Torres deja de ser una anécdota. Se convierte en una prueba concreta sobre el funcionamiento real del sistema: si la ley se aplica igual para todos o si, frente a ciertos apellidos, también puede terminar volcada en una alcantarilla.
