Buenos Aires, 19 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Una publicación de The Floridian, sitio estadounidense especializado en política, seguridad y asuntos estratégicos que suele difundir información sensible en materia de inteligencia, encendió una alarma de alto voltaje sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según el artículo firmado por Javier Manjarres, fuentes de inteligencia de Estados Unidos habrían detectado contactos reiterados entre dispositivos vinculados a la Embajada de la República Popular China en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo clave en el proceso de adjudicación del dragado y señalización de la vía navegable. Total News es conciente de su relevancia estratégica y por el impacto que puede tener en la relación entre Javier Milei, Donald Trump, China y el control de una de las infraestructuras más sensibles de la Argentina, por eso ya hemos informado de los intereses de Sergio Massa, Hugo Moyano, Gustavo Elias y los Neuss.
El texto de The Floridian plantea una pregunta incómoda para la Casa Rosada: si el presidente Javier Milei se presenta como un aliado frontal de Estados Unidos y de Trump, ¿por qué áreas de su administración aparecerían, según la publicación, vinculadas a contactos o interacciones con actores del Partido Comunista Chino (PCCh) en torno a una licitación estratégica? El artículo sostiene que la inteligencia estadounidense habría monitoreado movimientos entre el 1 de septiembre y la primera semana de mayo, y que habría detectado al menos 255 puntos de contacto o señales de dispositivos que circularon entre la embajada china y la autoridad portuaria argentina.
La licitación en cuestión no es una obra más. La Hidrovía Paraná-Paraguay es el corredor por el que sale la mayor parte del comercio exterior argentino, especialmente el complejo agroindustrial. El País informó que la vía canaliza alrededor del 80% de las exportaciones agroindustriales del país y que la concesión involucra inversiones superiores a los US$10.000 millones, con ingresos anuales por peajes por encima de los US$600 millones. Se trata, por lo tanto, de una infraestructura crítica para la soberanía logística, el comercio exterior, la seguridad económica y la proyección regional de la Argentina.
Según The Floridian, la preocupación estadounidense se concentra en la posibilidad de que la Argentina avance hacia un acuerdo de dragado de 25 años que, de concretarse, podría excluir a un consorcio con respaldo estadounidense que también compite por el proyecto. En su artículo anterior, el sitio ya había señalado que una oferta apoyada por intereses norteamericanos habría sido perjudicada por la autoridad portuaria argentina en la evaluación del proceso.
La nueva publicación agrega un elemento todavía más sensible: la supuesta presencia de vínculos, contactos o interacciones entre actores vinculados a China y áreas oficiales argentinas encargadas de la licitación. El artículo sostiene que algunos de los dispositivos rastreados mediante sistemas de vigilancia habrían sido fabricados por una empresa tecnológica china con sede en Beijing, dato que —si se confirma— puede alimentar sospechas sobre la naturaleza de esas interacciones y sobre el nivel de penetración china en áreas sensibles de infraestructura.
La investigación citada por The Floridian también apunta al consorcio Servimagnus, al señalar que ejecutivos de esa firma promoverían abiertamente el uso de tecnologías chinas en la Argentina. El artículo menciona además la existencia de un ciudadano argentino-chino con vínculos directos con empresas estatales chinas, supuestamente ocultos en una filial extranjera. También afirma que personal de la embajada de la República Popular China habría realizado vigilancia reiterada del río, recorriendo su curso de un extremo a otro.
El nombre de Servimagnus ya había aparecido en la discusión pública local. La empresa integra junto a Jan De Nul uno de los consorcios que compiten por la concesión de la Vía Navegable Troncal. Medios especializados informaron que Jan De Nul y Servimagnus negaron vínculos con capitales chinos y sostuvieron que su propuesta es privada, ajustada a los pliegos y sin participación de compañías controladas por Estados extranjeros.
Ese punto es central: hasta ahora, las acusaciones sobre vínculos chinos fueron rechazadas por las empresas involucradas y no constituyen, por sí solas, prueba judicial concluyente. Sin embargo, el artículo de The Floridian sostiene que la inteligencia estadounidense habría recogido señales que, a juicio de sus fuentes, vuelven difícil aceptar sin más la negativa argentina y empresaria. En términos políticos, el problema para Milei no es sólo la existencia o no de un vínculo formal con Beijing, sino la percepción en Washington de que una licitación estratégica podría terminar favoreciendo, directa o indirectamente, intereses chinos.
El artículo también menciona un dato de fuerte peso político: el viaje a Estados Unidos de Santiago Caputo, asesor de máxima confianza de Javier Milei. Según The Floridian, Caputo habría viajado para hablar directamente con legisladores estadounidenses y funcionarios de otras agencias gubernamentales. La publicación afirma que el asesor estaba preocupado por el informe de inteligencia y por las inquietudes transmitidas por autoridades electas norteamericanas.
En esa línea, el texto sostiene que Caputo habría dejado claro ante sus interlocutores que tanto él como Milei son firmemente proestadounidenses, cercanos a Trump y contrarios al Partido Comunista Chino. Pero allí surge la contradicción que explota el sitio estadounidense: si esa es la posición política real de la administración libertaria, ¿por qué su gobierno aparecería, según el informe citado, vinculado a contactos con funcionarios o agentes del PCCh en torno a una licitación estratégica?
La publicación afirma además que el secretario de Estado Marco Rubio habría mostrado interés en la licitación del dragado. De ser así, el caso ya no sería un expediente técnico argentino, sino un asunto observado por la conducción diplomática de Estados Unidos, en momentos en que Washington busca limitar la expansión china sobre puertos, vías navegables, energía, minería, telecomunicaciones y corredores logísticos en América Latina.
El proceso local también está bajo observación por presuntas irregularidades administrativas. La Nación informó que la Justicia rechazó una cautelar y que el Gobierno avanzó hacia el tramo final de la licitación de la Hidrovía, pese a los cuestionamientos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según ese medio, el proceso siguió su curso aun después de advertencias sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
Por su parte, El País publicó que la PIA señaló “serias y evidentes irregularidades” que podrían derivar en consecuencias administrativas y penales. Entre los puntos cuestionados figuran deficiencias en cláusulas anticorrupción, cesión de contratos, evaluación de ofertas y ausencia de estudios ambientales. La oposición peronista pidió suspender el proceso, aunque el Gobierno decidió seguir adelante.
The Floridian agrega una capa más al sostener que la PIA habría abierto investigaciones contra funcionarios de ANPYN, posiblemente incluyendo a su director Iñaki Arreseygor, por irregularidades graves en la redacción de documentos de licitación. El artículo afirma que una de las inconsistencias estaría vinculada con documentación técnica de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, utilizada como base para la licitación.
La publicación también señala que intentó contactar a Arreseygor para preguntarle si aceptaría una auditoría independiente liderada por Estados Unidos sobre el proceso licitatorio de una vía fluvial considerada crucial para la relación bilateral. Según el artículo, el funcionario no respondió a las consultas, pese a los reiterados intentos.
Entre las irregularidades enumeradas por The Floridian aparecen varios puntos delicados: supuestas deficiencias en documentos técnicos de la UNCTAD; un posible conflicto de intereses de un miembro del comité evaluador que habría certificado previamente partes de la oferta de Jan De Nul-Servimagnus; dudas sobre la experiencia de Jan De Nul en señalización en la Hidrovía; y cuestionamientos a la garantía de oferta presentada por ese consorcio.
El artículo también recuerda que EMEPA, socio histórico en trabajos de señalización vinculados a la vía navegable, confesó en 2022 haber pagado sobornos para extender la concesión de dragado. Ese antecedente, usado por The Floridian para cuestionar la evaluación técnica, refuerza la necesidad de que cualquier proceso sobre la Hidrovía sea blindado con máxima transparencia, precisamente porque la historia del negocio arrastra sospechas, denuncias y viejos conflictos de intereses.
Otro punto especialmente llamativo es la exigencia de una garantía de reclamo de US$10 millones para que un participante pueda objetar legalmente la evaluación del proceso. Según The Floridian, esa fianza se aplicaría por cada sobre, además de una garantía general de licitación de US$20 millones, y su devolución quedaría a discreción de ANPYN. El sitio afirma que expertos en licitaciones internacionales consideran ese requisito inusual y cuestionable, porque podría desalentar impugnaciones legítimas y blindar decisiones administrativas bajo un costo prohibitivo.
La pregunta de fondo es por qué ANPYN estaría dispuesta, según la lectura del sitio estadounidense, a sostener un esquema tan restrictivo para asegurar el resultado de la licitación. The Floridian plantea si se trata de proteger intereses creados, de favorecer a determinados actores o de una combinación de ambos factores. También pregunta por qué, si no existen vínculos con China, tantos dispositivos móviles habrían viajado entre sedes vinculadas al consorcio o a la autoridad portuaria y la embajada china.
La sospecha estratégica es clara: quien controle el dragado, señalización y mantenimiento de la Hidrovía accede a información sensible sobre circulación fluvial, producción agrícola y minera, costos logísticos, importaciones, exportaciones y dinámica comercial. En un mundo donde China y Estados Unidos compiten por datos, rutas, infraestructura y minerales críticos, una concesión de 25 años sobre la principal vía navegable argentina ya no puede verse como una simple obra pública. Es poder económico, información estratégica y control logístico.
El Gobierno argentino enfrenta aquí una contradicción política seria. Milei se presenta como aliado de Trump, defensor del capitalismo occidental y crítico del comunismo. Sin embargo, la publicación estadounidense advierte que decisiones administrativas dentro de su propio gobierno podrían terminar favoreciendo intereses asociados a China o, al menos, generando dudas en Washington sobre la confiabilidad estratégica de la Argentina.
La cuestión golpea además en un momento de realineamiento global. Estados Unidos observa con creciente preocupación el avance de empresas chinas sobre infraestructura crítica latinoamericana: puertos, telecomunicaciones, energía, minería, ferrocarriles, logística y corredores bioceánicos. Para la administración Trump, permitir que Beijing gane capacidad operativa o informativa sobre la Hidrovía sería un error geopolítico de primer orden, especialmente en un país que Milei intenta presentar como socio privilegiado de Washington.
El Gobierno todavía puede despejar sospechas si abre la información, permite auditorías serias, transparenta contactos, publica evaluaciones completas y garantiza competencia real. Pero si el proceso avanza bajo opacidad, con fianzas millonarias para impugnar, sospechas sobre el comité evaluador, denuncias de la PIA y versiones de inteligencia estadounidense, el costo político puede ser alto.
La propia existencia de la publicación de The Floridian indica que el tema ya cruzó la frontera argentina. No se trata sólo de una discusión entre dragadoras, consultores y funcionarios portuarios. La licitación de la Hidrovía ingresó en el radar de sectores de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos, y eso cambia la escala del problema.
La pregunta final planteada por el sitio estadounidense es punzante: si Milei quiere “hacer grande a la Argentina” adoptando el capitalismo estadounidense o si terminará cambiando su reputación conservadora y procapitalista por concesiones estratégicas a la China comunista. La formulación es dura, incluso provocadora, pero expresa una preocupación real en Washington: que el discurso proamericano del Gobierno argentino no coincida con la letra chica de sus decisiones administrativas.
Para Total News, el punto central es institucional y geopolítico. La Hidrovía no puede adjudicarse bajo sospechas. Si el Gobierno afirma que no hay vínculos indebidos con China, debe demostrarlo con hechos, documentos y auditorías. Si la licitación es transparente, debe resistir el escrutinio internacional. Y si Estados Unidos está observando el expediente, la Casa Rosada debería entender que la relación estratégica con Washington también se mide en decisiones concretas, no sólo en discursos, fotos o elogios a Trump.
En tiempos de competencia global entre Estados Unidos y China, la neutralidad administrativa no existe cuando se trata de infraestructura crítica. La Hidrovía es una arteria económica de la Argentina y del Mercosur. Entregar su operación por un cuarto de siglo exige algo más que una evaluación técnica: requiere claridad geopolítica, transparencia documental y la certeza de que ningún poder extranjero, sea abierto o encubierto, obtenga una ventaja estratégica sobre el corazón logístico del país.
