La Fiscalía pide la absolución de los cuatro policías procesados por la actuación en la que un activista, Roger Español, perdió un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma durante las cargas para tratar de impedir el referéndum del 1-O en Barcelona.
Después de que la Audiencia Provincial rechazase amnistiarlos, tal y como solicitó el Ministerio público, y los enviase a juicio, ahora la fiscal sostiene que la actuación de los agentes, y la orden de disparar proyectiles, se produjo «con el objetivo de dispersar a los congregados que impedían» su salida de la escuela Ramon Llull, y «no paraban de lanzarles piedras, vallas, botellas llenas y otros objetos». Entiende así la representante del Ministerio público que los disparos de los funcionarios «fueron dirigidos a la zona desde la que les estaban realizando lanzamientos», y «en la posición menos lesiva de las que les permitía la escopeta en cuestión».
Entre los concentrados se encontraba Español, que, apunta la fiscal, «protagonizó múltiples acometimientos contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, incluidos varios lanzamientos de vallas metálicas». Una de esas vallas que arrojó hacia la línea policial, llegó a impactar en la espalda de uno de los agentes, una actuación por la que fue procesado, y posteriormente amnistiado, y en el marco de la que una pelota de goma «disparada en dirección al suelo» por uno de los cuatro policías que tendrán que sentarse en el banquillo, «tras rebotar contra el asfalto, impactó» contra la cara del activista. La Fiscalía defiende que la distancia entre el punto donde se disparó la pelota de goma y el lugar donde se encontraba Español fue de 14,12 metros, por lo que el escopetero, que además «tenía su campo de visión parcialmente cercenado debido a la presencia de otros dos agentes de policía justo delante de él», «nunca se representó como probable el resultado lesivo que se produjo».
Es más, el escrito subraya que el policía «disparó en cumplimiento de una orden trasladada por el cauce reglamentario y que no podía desobedecer al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal». Español, a consecuencia del disparo, perdió su ojo derecho, pero el Ministerio público sostiene que no existió delito alguno ya que los funcionarios actuaron en cumplimiento del deber y, por tanto, conforme a la ley. Por todo ello reclama su absolución.
Fuente ABC
