Contaminación de fentanilo: negligencia estatal y en laboratorios con graves facilidades al narcotráfico

Buenos Aires, 26 de julio de 2025 – Total News Agency – TNA –Una investigación judicial revela que al menos 48 personas fallecieron por administración de fentanilo contaminado producido por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. en los primeros meses de 2025. La causa expone graves omisiones del control estatal anterior y actual, y apunta a posibles vínculos con el narcotráfico a través de un desvío al mercado negro del principio activo, citrato de fentanilo.

Brote sanitario evitable y fallas regulatorias

Las tragedias comenzaron en marzo en el Hospital Italiano de La Plata, donde varios pacientes desarrollaron sepsis fulminante tras intervenciones quirúrgicas. Una microbióloga detectó bacterias inusuales en ampollas de fentanilo, lo que detonó la investigación formal en abril. La ANMAT prohibió el lote 31202 recién en mayo, cuando el daño ya era irreversible.

A pesar de contar con al menos 100 expedientes de observaciones contra Ramallo —por falta de trazabilidad, documentación irregular y prácticas no autorizadas— desde 2023, el ente regulador no actuó con eficacia ni clausuró las plantas involucradas. De hecho, inspecciones técnicas al laboratorio HLB Pharma eran prácticamente inexistentes desde 2018, y la planta Ramallo nunca recibió visita alguna del Departamento responsable.

Los profesionales técnicos de la ANMAT advertían sobre un esquema de distribución opaca que operaba como un “triángulo de las Bermudas”, con desaparición de rastros en la cadena de producción y distribución —incluso antes de la crisis de 2025—, advertencias sistemáticamente desoídas por las autoridades políticas del organismo.

Responsabilidades políticas y vínculos con el kirchnerismo

La trama va más allá de la negligencia técnica. Los titulares de los laboratorios implicados mantienen conexiones políticas con el kirchnerismo. Ariel García Furfaro, titular de HLB y Ramallo, es un dirigente vinculado a Alicia Kirchner y exfuncionario del PJ bonaerense. Andrés Quinteros, apoderado de Ramallo, habría tenido estrechos vinculos con la inteligencia de la era Fernández y mantiene cercanía con dirigentes del Frente de Todos.

Fuentes judiciales denuncian que parte de la protección política permitió que se eludieran sanciones efectivas a pesar de reiteradas anomalías detectadas en inspecciones y auditorías desde 2023. Dos fuentes reservadas indicaron a Total News Agency que hubo fallas dentro del sistema de inteligencia Criminal que no detecto o encubrio en el pasado y no informó en la actualidad, posibles vinculos con el narcotrafico.

Investigación federal: pericias, inhibiciones y sospechas de mercado negro

El juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— avanzó con inhibiciones sobre los bienes de 22 personas vinculadas a HLB y Ramallo y ordenó pericias químicas, microbiológicas y documentales. También fueron allanadas droguerías distribuidoras como “Nueva Era” en Rosario.

La desaparición de cinco kilos del principio activo citrato de fentanilo avivó una línea de investigación por posible desvío a bandas narcocriminales. Esa hipótesis pone en el centro de la escena a estructuras de narcomenudeo con capacidad logística para explotar sustancias de riesgo.

Reclamos y falta de transparencia

Familias de víctimas denuncian desinformación y falta de acceso a los datos clínicos. Aunque se presentaron como querellantes, muchas no fueron citadas ni reconocidas formalmente, y el expediente transcurre con escaso avance público .

Conclusiones y desafíos pendientes

1. La acumulación de sanciones y alertas ignoradas por autoridades regulatorias evidencia una política sanitaria complaciente, con responsabilidad directa del Estado durante gobiernos anteriores.
2. La continuidad operativa de laboratorios con antecedentes penales y advertencias técnicas habilitó la circulación de fentanilo contaminado a hospitales públicos y privados.
3. La sospecha de desvío de principio activo de gran volumen sugiere vínculos con el mercado negro, lo que implica una dimensión criminal más allá del error sanitario.
4. La falta de citación a responsables políticos vinculados al caso, y al propio juez a cargo del expediente, sugiere zonas grises en la conducción del caso judicial.
5. La tragedia exige una revisión urgente del sistema de control farmacéutico y la responsabilidad penal de quienes permitieron que un opioide letal ingresara al sistema sanitario sin garantías mínimas.