La intervención judicial recuperó una flota de autos, camionetas y utilitarios que estaban bajo la órbita del desplazado jefe metalúrgico y de la seccional Zárate-Campana. Uno de los vehículos era utilizado por su hijo Enzo, quien además figuraba como empleado sindical. El hallazgo se suma a la investigación sobre el multimillonario contrato con USEM S.A. y al avance judicial sobre el patrimonio de María Soledad Calle, propietaria del departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner.
Buenos Aires – 31 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) abrió un nuevo capítulo en el escándalo por el manejo de los bienes y fondos del histórico gremio: una auditoría interna determinó que Abel Furlán, desplazado de la conducción nacional en mayo, tenía bajo su órbita 11 vehículos pertenecientes al sindicato, varios de ellos asignados formalmente a estructuras que él mismo controlaba, y sólo comenzó a devolverlos después de recibir las intimaciones correspondientes.
El episodio más conflictivo estuvo protagonizado por Enzo Furlán, hijo del ex secretario general, quien utilizaba un Peugeot 2008 GT turbodiésel modelo 2025 perteneciente a la organización pese a no integrar la conducción nacional ni la de la seccional Zárate-Campana. La intervención encabezada por Alberto Biglieri detectó además que Enzo figuraba como empleado del sindicato y resolvió despedirlo luego de no poder establecer qué función específica cumplía.
El telegrama de desvinculación fue enviado el 2 de junio, pero el vehículo continuó en poder del hijo de Furlán. La resistencia a restituirlo obligó a las nuevas autoridades a dar de baja mediante Mi Argentina la autorización que le permitía conducirlo y, según fuentes sindicales, llegó a evaluarse la posibilidad de denunciar el automóvil como sustraído si no era finalmente entregado.
El resto de los vehículos fue devuelto por Abel Furlán a medida que avanzaban las notificaciones. La documentación del área Automotores de la UOM relevada por la intervención muestra que cinco unidades estaban asignadas al Secretariado Nacional y otras seis a la seccional Campana, dos ámbitos sobre los cuales el sindicalista ejercía influencia directa.
Entre las unidades recuperadas figuran una Volkswagen Amarok 4×2 modelo 2022, un Peugeot 408 modelo 2016, dos Honda HR-V modelos 2020 y 2023, un Peugeot 3008 Tiptronic 2023, el Peugeot 2008 utilizado por su hijo, un Chevrolet Cruze 2019, una Honda CR-V 2018, dos Peugeot Partner 2013 y una Volkswagen Suran 2007.
La auditoría encontró además que varios de esos vehículos tenían autorizaciones de manejo a nombre de Furlán pero presentaban inconsistencias administrativas vinculadas con la documentación dominial. La intervención continúa analizando si esas anomalías respondieron a simples irregularidades internas o formaban parte de un mecanismo más amplio de utilización discrecional del patrimonio sindical.
El hallazgo se produce mientras la Justicia profundiza una investigación mucho más delicada sobre el destino de los recursos de una organización que agrupa a aproximadamente 200.000 trabajadores metalúrgicos.
La causa central apunta al contrato que Furlán firmó en 2023 con USEM S.A., una empresa creada pocos meses antes y vinculada con María Soledad Calle, militante de La Cámpora que simultáneamente trabajaba para la propia UOM.
Según la denuncia penal incorporada al expediente, el acuerdo concedió a USEM amplias facultades sobre la administración financiera del gremio, incluyendo el manejo operativo de hasta el 80% de los aportes sindicales, apertura de cuentas, realización de pagos y administración de fondos. La compañía percibía como contraprestación el 0,5% de lo recaudado por cuotas sindicales, una suma estimada en más de $100 millones mensuales, mediante un contrato previsto por diez años.
La intervención decidió suspender preventivamente ese convenio desde mediados de agosto y desvinculó laboralmente a Calle, argumentando la necesidad de preservar el patrimonio del sindicato mientras continúa la investigación federal.
El expediente se encuentra bajo análisis del juez Julián Ercolini y comprende denuncias por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita contra Furlán, Calle y otros involucrados. Paralelamente, el fiscal Eduardo Taiano impulsó una pesquisa sobre el crecimiento patrimonial de Calle y posibles maniobras de lavado de activos.
El nombre de la dirigente camporista adquirió una dimensión política adicional después de conocerse que en agosto de 2025 compró por aproximadamente US$189.000 el departamento situado en el primer piso del edificio de San José 1111, inmediatamente debajo de la vivienda donde la ex presidente Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
Los sindicalistas que promovieron originalmente la intervención de la UOM pidieron la semana pasada al juez Ercolini que ordene el allanamiento del departamento y determine el origen de los fondos utilizados en la operación. La presentación busca establecer si parte del dinero investigado en la causa por la administración de los recursos metalúrgicos pudo haber terminado incorporado al patrimonio de Calle.
La Justicia también analiza las circunstancias vinculadas con el uso de ese inmueble y las visitas realizadas dentro del edificio durante el cumplimiento de la condena domiciliaria de Cristina Kirchner. Tanto Calle como Furlán estuvieron vinculados políticamente con la ex presidente y el dirigente metalúrgico la visitó en San José 1111.
La intervención de la UOM comenzó el 22 de mayo, cuando la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones realizadas en la seccional Campana y extendió esa nulidad a los comicios nacionales del 18 de marzo que habían consagrado nuevamente a Furlán. Los camaristas Víctor Pesino y María Dora González concluyeron que el proceso no había garantizado una elección confiable, segura y transparente, dispusieron el cese de las autoridades y designaron a Biglieri como interventor durante 180 días. Furlán cuestionó posteriormente la decisión judicial y denunció una persecución política.
Tres meses después, aquella intervención originalmente originada en irregularidades electorales está exponiendo cuestiones que exceden ampliamente las urnas sindicales. La recuperación de once vehículos, el automóvil que permaneció en poder del hijo del ex jefe metalúrgico, la suspensión de un contrato que movilizaba cientos de millones de pesos y la investigación sobre propiedades adquiridas por una antigua empleada de la organización colocaron ahora bajo examen judicial no sólo cómo se elegían las autoridades de la UOM, sino también cómo se administraba uno de los patrimonios sindicales más importantes del país.
Fuentes consultadas: actuaciones de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica; documentación incorporada a la denuncia penal sobre USEM S.A.; Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Agencia Noticias Argentinas; Infobae; La Nación; publicaciones periodísticas y fuentes vinculadas a la investigación.
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