Buenos Aires, 5 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA – En un revés para la estrategia de defensa del kirchnerismo, Interpol prohibió a su exsecretario general, Ronald Noble, declarar en el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, relacionado con el atentado a la AMIA de 1994. La decisión, comunicada al Tribunal Oral Federal N°8 el 31 de julio, se basa en las inmunidades que amparan a Noble y al exasesor jurídico de Interpol, Joël Sollier, impidiéndoles testificar sobre las circunstancias del acuerdo firmado en 2013. Este impedimento debilita la posición de los acusados, que esperaban que el testimonio de Noble refutara las acusaciones de encubrimiento.
El Memorándum, firmado el 27 de enero de 2013 entre Argentina e Irán, buscaba establecer una comisión de la verdad para investigar el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Según la denuncia presentada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman, el acuerdo tenía como objetivo garantizar la impunidad de los sospechosos iraníes al intentar levantar las alertas rojas de Interpol contra ellos, a cambio de beneficios comerciales como un supuesto intercambio de petróleo iraní por granos argentinos. Los acusados incluyen a Fernández de Kirchner, el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el exsenador Oscar Parrilli, el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena, el exdiputado Andrés Larroque, el dirigente Luis D’Elía, el líder de Quebracho Fernando Esteche, el referente de la comunidad islámica Jorge Khalil, el excanciller Héctor Timerman (fallecido), y otros funcionarios.
Noble, quien fue secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, ha sostenido públicamente y en una nota enviada al tribunal, firmada por su abogado Luis Moreno Ocampo, que el Memorándum no implicaba la caída de las alertas rojas contra los sospechosos iraníes, identificados como Ahmad Vahidi, exministro de Defensa; Mohsen Rezai, exdiplomático; Mohsen Rabbani, exagregado cultural; Ali Fallahijan, exministro de Información; y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático. En su declaración, Noble afirmó que el gobierno argentino, encabezado por Fernández de Kirchner y Timerman, nunca solicitó la remoción de estas notificaciones, contradiciendo la acusación de Nisman. Sin embargo, la negativa de Interpol a permitir su testimonio, argumentando inmunidades, limita la posibilidad de interrogarlo en el juicio, lo que, según abogados defensores, perjudica la estrategia de los acusados.
El caso, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal N°8, integrado por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, ha enfrentado múltiples demoras. Aunque en octubre de 2021 los jueces Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini absolvieron a Fernández de Kirchner y los demás imputados por considerar que el Memorándum no constituía delito, la Cámara de Casación, con votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, revocó esa decisión en 2023. La Corte Suprema, el 5 de diciembre de 2024, confirmó la orden de realizar un nuevo juicio, desestimando los recursos de las defensas. La causa, iniciada por la denuncia de Nisman –hallado muerto en su departamento en enero de 2015, cuatro días después de presentarla– acusa a los imputados de encubrir a los responsables del atentado para beneficiar relaciones comerciales con Irán.
Un elemento controvertido es el banner insertado en la web de Interpol, que señala que el acuerdo de 2013 buscaba resolver el caso de la AMIA por vía diplomática, aunque aclara que las alertas rojas, emitidas en 2007, permanecen vigentes. Argentina informó a Interpol que el Memorándum fue declarado inconstitucional, pero la organización no retiró la mención, que aparece cada vez que se consulta sobre los prófugos en aeropuertos. La Secretaría General de Interpol subrayó que no toma posición sobre el acuerdo, considerándolo un asunto bilateral entre Argentina e Irán.
El abogado Tomás Farini Duggan, querellante en representación de los familiares de víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, denunció que el pedido de declaración anticipada de Noble y Sollier, solicitado por la defensa de Zannini, podría ser una maniobra para intentar anular el juicio. La DAIA, organización que representa a la comunidad judía, también actúa como querellante, mientras que la AMIA no participa en esta causa. El tribunal, que enfrenta limitaciones de personal, solicitó a la Corte Suprema la incorporación de nueve empleados para agilizar el proceso, que tentativamente podría comenzar en 2026, según fuentes judiciales, debido a demoras por recusaciones, cuestiones de agenda y la necesidad de resolver pedidos de prueba.
El juicio, que se espera sea oral y público, pondrá bajo escrutinio una de las causas más polémicas de la justicia argentina, marcada por la tragedia de la AMIA y la muerte de Nisman, cuya investigación aún no ha determinado si fue suicidio o asesinato. Mientras tanto, las alertas rojas contra los sospechosos iraníes siguen vigentes, sin que ninguno haya sido llevado ante la justicia.
