Buenos Aires, 16 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA- El Gobierno de Javier Milei reabrió discretas negociaciones con el kirchnerismo para cubrir las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lograr, por primera vez en años, un tribunal integrado por cinco miembros. El esquema que se conversa en reserva es simple en apariencia: un candidato surgido del oficialismo y otro propuesto por el peronismo kirchnerista, sin vetos cruzados y con una premisa de base que despierta fuerte polémica institucional: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, sigue siendo consultada como figura central a la hora de definir aspirantes a la cabeza del Poder Judicial.
Según coinciden fuentes políticas y judiciales, el nombre que impulsa el Gobierno es el del camarista federal Mariano Llorens, integrante de la estratégica Cámara Federal porteña de Comodoro Py, tribunal clave para la suerte de las grandes causas de corrupción. En la vereda opuesta, el kirchnerismo propone a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, abogada, dirigente de La Cámpora y una de las laderas más fieles de Cristina Kirchner en la Cámara alta. La fórmula de “uno y uno” se completa con un compromiso tácito: cada espacio respalda al candidato del otro para alcanzar los dos tercios requeridos en el Senado.
En la arquitectura de este entendimiento se mueven dos operadores ya conocidos de la política judicial argentina. Por el lado del oficialismo actúa Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo; por el lado kirchnerista, el interlocutor es Juan Martín Mena, ex número dos del Ministerio de Justicia durante los gobiernos K y hoy ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof. Ambos mantienen un canal abierto desde hace meses, que se había enfriado cuando la Cámara de Casación y luego la Corte fueron confirmando la condena de Cristina Kirchner en Vialidad.
El dato que genera mayor ruido institucional es que, pese a esa condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta contra el Estado, la exvicepresidenta conserva peso decisivo en la selección de nombres para el máximo tribunal del país. La paradoja es evidente: mientras la Justicia ratifica su responsabilidad penal y el decomiso de cientos de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado, la dirigencia peronista la sigue reconociendo como autoridad para bendecir o vetar candidatos a la propia Corte que confirmó el fallo.
En paralelo, en los despachos oficiales se hace un cuidadoso conteo de votos. El cálculo del Ejecutivo es que, además del bloque propio y de aliados liberales, será imprescindible negociar con senadores que responden a gobernadores peronistas de peso —como los de Tucumán, Catamarca o Santiago del Estero— para asegurar los dos tercios. En la Casa Rosada se habla de marzo de 2026, con el inicio de las sesiones ordinarias, como ventana política posible para intentar el acuerdo, con la expectativa de encarar el año judicial con una Corte finalmente completa.
Hoy el máximo tribunal funciona con solo tres miembros estables: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para alcanzar mayorías se recurre a conjueces, un mecanismo previsto pero que, prolongado en el tiempo, debilita la previsibilidad y la autoridad política de las decisiones de la Corte. El Gobierno, al mismo tiempo que proclama un discurso de “batalla contra la casta”, necesita estabilizar el frente judicial para avanzar con reformas penales, cambios en el sistema acusatorio y una agenda de endurecimiento punitivo que reclama el electorado más duro de Milei.
El rol de Llorens y Fernández Sagasti en este tablero excede sus trayectorias personales. En el caso del camarista, su salida de la Cámara Federal modificaría el equilibrio interno de un tribunal cuya composición es seguida con lupa por todos los gobiernos. En el caso de la senadora, su eventual desembarco en la Corte consagraría, de hecho, la llegada de una figura directamente identificada con La Cámpora y el kirchnerismo duro a un órgano llamado a revisar, entre otras cosas, las grandes causas de corrupción del ciclo K.
Detrás de los nombres propios asoma una constante de la política argentina: incluso con una exmandataria condenada e inhabilitada, y con un presidente que construyó su carrera atacando al “kirchnerismo corrupto”, el reparto de poder en la Justicia sigue negociándose en mesas reducidas donde pesan más los equilibrios partidarios que la transparencia de los procedimientos o la confianza ciudadana en las instituciones.
