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Buenos Aires, 19 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Una presunta filtración masiva de más de un terabyte de información sensible de ciudadanos argentinos, que ya circula en foros de la dark web, volvió a encender todas las alarmas sobre la crónica debilidad de la Argentina en materia de ciberseguridad, un problema que dista de ser novedoso y que atraviesa de manera transversal al Estado, desde los organismos de inteligencia hasta los ministerios y fuerzas de seguridad, con presupuestos insuficientes, escasos controles y una deficiente política de adquisición y auditoría de software.
Según reportes difundidos por sitios especializados en monitoreo de delitos informáticos, el material estaría vinculado a SudamericaData, una firma dedicada a la elaboración y comercialización de reportes sobre personas y empresas, e incluiría bases de datos atribuidas a ARCA (ex AFIP), ANSES y la DNRPA, además de millones de teléfonos, direcciones de correo electrónico y hasta código fuente de aplicaciones y sistemas internos. El volumen y la diversidad de la información convertirían al episodio en una de las mayores exposiciones de datos personales de la historia argentina, comparable —y posiblemente superior— al caso del Renaper ocurrido el año pasado.
Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de los organismos estatales mencionados ni comunicación pública de la empresa señalada. Sin embargo, especialistas advierten que, aun cuando parte de los datos pudiera ser antigua o provenir de múltiples filtraciones previas, la consolidación de bases fiscales, laborales, previsionales, patrimoniales y de contacto en un único repositorio multiplica exponencialmente los riesgos para millones de personas.
La filtración vuelve a poner en evidencia que las falencias en ciberseguridad no son un hecho aislado, sino el resultado de años de desinversión y desorganización estatal. Desde una SIDE con áreas técnicas prácticamente inoperantes durante largos períodos, pasando por un Ministerio de Seguridad y fuerzas federales sin capacidades robustas y permanentes de ciberseguridad o el practicamete desmantelado sistema de Ciberdefensa del Ministrio de Defensa, durante la lamentable gestion Petri, hasta organismos públicos que operan con sistemas obsoletos, contrataciones opacas y sin auditorías serias sobre el software adquirido, el Estado argentino arrastra una vulnerabilidad estructural que se repite gobierno tras gobierno.
De acuerdo con la información difundida en los foros clandestinos, el paquete filtrado incluiría una base atribuida a ARCA con más de 60 millones de registros, datos de la DNRPA sobre titularidad de vehículos que superarían los 75 millones de registros, y bases asociadas a ANSES —identificadas como “Laboral 2024” y “Laboral 2025”— con más de 176 millones de registros, que contendrían información sobre relaciones laborales, salarios, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, jubilaciones y subsidios estatales.
Especialistas como Maxi Firtman y Javier Smaldone, junto con el periodista Julio López, advirtieron públicamente que el episodio podría tratarse de la mayor filtración de datos registrada en el país, y volvieron a cuestionar la falta de controles del Estado sobre empresas privadas que concentran y comercializan información sensible. En ese marco, también se reactivaron interrogantes judiciales sobre SudamericaData, firma que ya había sido investigada en 2023 por el uso y venta de datos personales y que, según versiones no confirmadas, habría continuado operando bajo otra razón social.
El impacto potencial de esta exposición es considerado crítico por expertos en seguridad informática. La disponibilidad de datos reales y cruzados facilita suplantación de identidad, apertura fraudulenta de cuentas, solicitudes de créditos, estafas altamente personalizadas y ataques dirigidos que aprovechan información precisa de las víctimas para ganar credibilidad. A ello se suma el riesgo adicional de que el código fuente filtrado sea utilizado para identificar vulnerabilidades técnicas si parte de los sistemas afectados continúa en funcionamiento.
La ausencia de un canal oficial de información y mitigación para los ciudadanos vuelve a reflejar la improvisación con la que históricamente se gestionan este tipo de crisis. Mientras tanto, los especialistas recomiendan cambiar contraseñas, no reutilizarlas, activar la autenticación de dos factores, extremar la precaución ante contactos que soliciten datos personales o financieros y monitorear movimientos bancarios.
El caso no sólo expone a millones de argentinos, sino que vuelve a dejar al descubierto una deuda estructural del Estado: la falta de una política integral, profesional y sostenida de ciberseguridad. Sin inversión adecuada, sin controles estrictos en la compra de tecnología y sin una conducción técnica sólida, las filtraciones dejan de ser accidentes para convertirse en una constante que erosiona la confianza pública y compromete la seguridad de los ciudadanos.
