Buenos Aires, 2 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA- La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estuvo directamente vinculada a la decisión del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, de volver a postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medición que se encontraba técnicamente lista y que iba a comenzar a difundirse con el dato de inflación de enero.
Según reconstrucciones coincidentes de distintas fuentes oficiales y sindicales, la salida del economista no fue un hecho aislado ni sorpresivo puertas adentro del organismo. Por el contrario, respondió a una creciente presión política para demorar la implementación del nuevo índice, que incorporaba una actualización profunda de la canasta de consumo y reflejaba con mayor peso el impacto de los aumentos tarifarios y de los servicios.
Lavagna habría explicitado ese malestar durante una reunión a puertas cerradas con directores nacionales del Indec, realizada el lunes por la mañana, en la que comunicó su decisión de dejar el cargo. Allí, según fuentes presentes, sostuvo que la presión para frenar la publicación del nuevo IPC se había vuelto “insoportable”, en un contexto donde la conducción económica buscaba evitar un cambio metodológico en medio de la aceleración inflacionaria.
Horas después, Caputo confirmó públicamente la suspensión sin fecha del nuevo IPC y anunció que Lavagna será reemplazado de manera interina por el actual director técnico del organismo, Pedro Ignacio Lines. El ministro relativizó la importancia del cambio metodológico al afirmar que “no hay necesidad ahora” de aplicar el nuevo índice y que “da prácticamente lo mismo” que el actual, declaraciones que profundizaron el malestar interno en el Indec.
El nuevo IPC había sido anunciado oficialmente en octubre pasado y su primera publicación estaba prevista para el martes 10 de febrero. El índice se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, en reemplazo de la canasta vigente basada en datos de 2004/2005, con un atraso acumulado de dos décadas. La actualización otorgaba mayor ponderación a los servicios y menor a los bienes, un cambio que, según estimaciones de especialistas y del propio Banco Central, habría implicado una inflación sensiblemente más alta en los últimos años.
De hecho, el Banco Central reconoció recientemente que la demora en lanzar el nuevo índice evitó que la inflación medida oficialmente fuera mayor en 2024 y 2025. Cálculos técnicos indican que, de haberse aplicado la nueva canasta, la inflación de 2024 habría sido hasta 16 puntos porcentuales más elevada, en un período marcado por la quita de subsidios, fuertes aumentos tarifarios y un tipo de cambio más alto.
Lavagna había asumido al frente del Indec en diciembre de 2019, durante la gestión de Sergio Massa, y continuó en el cargo tras el cambio de gobierno con la llegada de Javier Milei, en virtud de su perfil técnico y del consenso político en torno a la necesidad de preservar la credibilidad estadística. Desde 2022 trabajaba específicamente en la actualización del IPC, con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional, que incluso había enviado una misión técnica en 2023.
Sin embargo, la difusión del nuevo índice fue sucesivamente postergada tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como en el actual, lo que fue acumulando tensiones internas. A ello se sumaron otros frentes de conflicto: el reinicio por parte del Banco Central de proyecciones de inflación en el Informe de Política Monetaria, las disputas con el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, por la medición del déficit turístico, y el recorte de financiamiento a encuestas clave como la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera.
Además, Lavagna impulsaba proyectos considerados sensibles para el Ejecutivo, como la actualización del índice de salarios —especialmente para reducir el rezago en la medición de los ingresos informales—, un nuevo índice de pobreza y una iniciativa legislativa para garantizar la autonomía del Indec, con designación de su titular por el Congreso y financiamiento propio. Ninguna de estas propuestas logró respaldo político.
El trasfondo institucional también pesó en la decisión. En el último año, el Indec perdió alrededor de 110 trabajadores, casi el 10% de su planta, y seis de sus 43 direcciones permanecen vacantes. Desde la junta interna de ATE Indec advirtieron que la renuncia del director, a pocos días de la prevista publicación del nuevo IPC, “enciende una señal de alerta” sobre la independencia técnica del organismo.
La salida de Lavagna deja así al descubierto una pulseada de fondo entre la necesidad de actualizar las estadísticas oficiales y la conveniencia política de sostener indicadores que atenúen el impacto inflacionario en un contexto económico y social delicado.
