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Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 7 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- — El crecimiento del narcotráfico en la Argentina muestra señales cada vez más alarmantes y desbordadas, con la consolidación de bandas extranjeras que operan en el país como plataforma logística, financiera y criminal. La reciente seguidilla de asesinatos vinculados a organizaciones narco uruguayas expuso no solo una guerra interna entre grupos delictivos, sino también la falta de investigaciones de fondo sobre estructuras que mueven miles de kilos de cocaína rumbo a Europa y dejan en territorio argentino pagos en especie que luego se vuelcan al mercado interno.
El caso más reciente y emblemático es el que involucra a Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, alias “Sobrino”, un sicario uruguayo acusado de ejecutar dos homicidios en 2024 como parte de un ajuste de cuentas narco. En las próximas horas, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, deberá resolver su situación procesal luego de que los fiscales solicitaran su procesamiento con prisión preventiva por doble homicidio agravado, falsificación de documentos y robo.
La investigación reconstruyó una trama de extrema violencia que comenzó en septiembre de 2024 y tuvo como víctimas a los uruguayos Marcelo González Algerini, alias “Pinocho”, y Fabián Sturm Jardón. Ambos habían robado una importante cantidad de dinero y cocaína perteneciente a un jefe narco uruguayo y, tras intentar asesinar a Caraballo Escobar con 17 disparos fallidos, desataron una venganza implacable.
El primer crimen ocurrió en Pilar, donde González Algerini fue ejecutado de nueve balazos. Dos meses más tarde, Sturm Jardón fue asesinado en Recoleta, cuando ingresaba a su edificio de la calle Paraguay. En ambos casos se utilizó la misma pistola Glock calibre 9 milímetros con numeración limada, lo que permitió vincular los homicidios y confirmar que se trató de un ajuste de cuentas narco planificado.
Las amenazas previas, enviadas mediante audios intimidantes, reflejan el grado de control territorial y seguimiento que estas bandas ejercen en la Argentina. “Vayas donde vayas te vamos a picar”, advertían los mensajes, evidenciando una lógica mafiosa que se despliega con creciente impunidad en zonas urbanas del país.
El trasfondo del caso es aún más grave. González Algerini estaba prófugo en una causa federal por narcotráfico en la que se habían secuestrado 785 kilos de cocaína en Neuquén, y su teléfono contenía imágenes de bolsos estancos similares a los que aparecieron meses antes en la costa de Ensenada con más de 300 kilos de cocaína. Se trata de cargamentos vinculados a rutas internacionales de exportación de droga, principalmente hacia Europa, utilizando a la Argentina como punto de tránsito y acopio.
La identificación del sicario fue posible gracias a la labor de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que determinó que Caraballo Escobar utilizaba identidades falsas tras haberse fugado de una cárcel de Montevideo en 2022. Capturado en Florianópolis, Brasil, fue extraditado a la Argentina en enero pasado y permanece detenido en el sistema de Alto Riesgo del penal de Ezeiza.
Sin embargo, más allá de este expediente puntual, el caso expone un fenómeno mucho más amplio y preocupante: la presencia creciente de organizaciones narco uruguayas operando en territorio argentino con alto poder de fuego, logística internacional y capacidad para cometer asesinatos a plena luz pública. Especialistas en seguridad advierten que estas bandas utilizan al país como corredor estratégico, dejando como “pago” parte de la cocaína transportada, que luego se distribuye en el mercado interno y alimenta el consumo local.
A pesar de la magnitud del problema, las investigaciones de fondo sobre las estructuras criminales siguen siendo escasas. Predominan procedimientos aislados, decomisos menores y episodios fortuitos —como la caída de una avioneta o una denuncia puntual— mientras las grandes organizaciones continúan operando con relativa tranquilidad. Incluso, versiones dentro del ámbito judicial y de seguridad indican que existiría reticencia de algunas autoridades a avanzar sobre redes de mayor alcance.
El escenario se vuelve aún más inquietante al considerar que uno de los narcotraficantes más buscados de la región es el uruguayo Sebastián Marset, por quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria. Su figura simboliza la dimensión transnacional de estas organizaciones y el riesgo de que la Argentina se consolide como un nodo central del narcotráfico regional si no se avanza en investigaciones integrales y sostenidas.
El avance descontrolado del fenómeno narco, la violencia importada y la falta de respuestas estructurales configuran un cuadro crítico que excede casos individuales y plantea un desafío urgente para el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y la política criminal del país.
