Buenos Aires-13 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNAEl Gobierno nacional reactivó este jueves la agenda política y judicial tras los graves incidentes registrados durante la movilización contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, y difundió la identidad de cuatro manifestantes señalados como protagonistas de los hechos más violentos, incluyendo la preparación y lanzamiento de bombas molotov y ataques con piedras y objetos contundentes contra efectivos policiales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que los identificados fueron Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellán y Denis Alejandro Figueredo. Según la exposición oficial, la individualización se concretó mediante cruces de bases de datos y el análisis de imágenes captadas por distintos canales y coberturas periodísticas, que registraron el momento en el que un grupo levantó una suerte de “trinchera” y confeccionó explosivos incendiarios caseros en plena vía pública.
En redes sociales, la funcionaria sostuvo que se trata del “primer grupo” de violentos identificados y aseguró que se avanzará para ubicarlos y llevarlos ante la Justicia. En la misma línea, el Ministerio de Seguridad indicó que se aportó una carpeta con información y material fílmico para impulsar medidas de detención y profundizar la investigación sobre la dinámica de la agresión, la presunta coordinación previa y la posible pertenencia a estructuras organizadas.
De acuerdo con los detalles difundidos, Matías Enzo Roldán (27), oriundo de Tucumán, habría sido detectado en el foco donde se armaban bombas molotov. Para su reconocimiento, los investigadores destacaron un tatuaje visible en el brazo izquierdo que habría permitido contrastar su identidad con registros y tomas televisivas. En el caso de Denis Alejandro Figueredo (20), con domicilio en Ciudad Evita, partido de La Matanza, se lo ubicó cerca del mismo sector y se lo señaló como participante de ataques con piedras contra la línea policial.
El tercer acusado, Federico Alberto Mazzagalli (42), domiciliado en el barrio porteño de Caballito, fue presentado por el Gobierno como un engranaje clave en el núcleo de la “trinchera”, pese a que en sus perfiles públicos se autodefine con consignas vinculadas a la no violencia. En el plano político, se remarcó que habría promovido convocatorias contra el proyecto laboral y difundido expresiones de fuerte crítica al presidente Javier Milei en posteos anteriores, un punto que el oficialismo incluyó para sostener que los hechos tuvieron intencionalidad desestabilizadora. El cuarto implicado, Patricio Hernán Castellán (33), de Lomas de Zamora, fue identificado en imágenes de cobertura periodística y se viralizó por declaraciones realizadas a los gritos en medio de la protesta.
El episodio que detonó la reacción oficial ocurrió durante la concentración frente al Congreso mientras avanzaba el debate legislativo sobre la reforma laboral, una iniciativa que el Ejecutivo considera clave para “modernizar” el régimen vigente, reducir litigiosidad y promover el empleo formal, pero que enfrenta el rechazo de centrales sindicales y sectores opositores que denuncian precarización y pérdida de derechos. En la calle, la jornada derivó en enfrentamientos cuando un grupo de manifestantes atacó con piedras y explosivos caseros, y las fuerzas respondieron con gases lacrimógenos y operativos de dispersión, según reconstrucciones coincidentes de distintos medios.
El saldo oficial de la jornada incluyó policías heridos y decenas de detenidos, tanto durante los incidentes como en la desconcentración. Además, se reportaron arrestos en controles preventivos en estaciones de trenes. En paralelo, el Ministerio de Seguridad avanzó con una denuncia penal que endurece la calificación de los hechos y busca sostener que no se trató de un mero desorden callejero, sino de un ataque dirigido contra el funcionamiento institucional.
La denuncia fue presentada por el director de Normativa y Legislación de la cartera, Manuel Franco, quien solicitó detenciones y la aplicación de penas “proporcionales a la gravedad” de los episodios. El escrito atribuye delitos como atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, con el agravante —según la presentación oficial— de haber sido cometidos con el fin de provocar terror y condicionar a los poderes públicos. También se señaló la destrucción de bienes públicos, incluyendo veredas y elementos del entorno urbano, con la finalidad de obtener proyectiles y atacar a las fuerzas desplegadas.
En el plano político, el oficialismo busca capitalizar el endurecimiento del enfoque de seguridad para sostener que la protesta derivó en una operación planificada por grupos violentos, mientras que sectores críticos denuncian que se utiliza la conflictividad social para criminalizar la protesta. Con la carpeta ya incorporada al circuito judicial, el Gobierno intenta ahora acelerar las detenciones e identificar nuevas responsabilidades, en un expediente que promete escalar mientras el debate laboral continúe atravesando el eje de la agenda nacional.
Fuentes consultadas: Clarín; La Nación; TN; El País; Ámbito; C5N; Los Andes; Cadena 3. (Clarin.com)
