Caracas – 6 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El régimen chavista elevó este lunes a 3.535 la cantidad de muertos por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, mientras la tragedia profundiza el colapso humanitario, la incertidumbre por los desaparecidos y las críticas por la deficiente respuesta oficial ante una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país caribeño.
El nuevo balance fue difundido por autoridades del régimen de Delcy Rodríguez y confirmó que la cifra de heridos se mantiene en 16.740. El reporte anterior, informado el domingo, registraba 3.342 fallecidos, por lo que en apenas 24 horas se sumaron casi 200 víctimas fatales al conteo oficial. Según Reuters, los sismos tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5 y golpearon con pocos segundos de diferencia a Caracas y a la región costera de La Guaira, considerada la zona más castigada por el desastre.
La dimensión de la emergencia continúa creciendo. Las autoridades reconocen que unas 17.854 personas quedaron sin vivienda y que al menos 12.800 permanecen alojadas en unos 80 refugios habilitados entre Caracas y La Guaira. La cifra, sin embargo, podría estar por debajo de la magnitud real del desastre, ya que miles de familias siguen buscando parientes entre los escombros y muchas zonas permanecen con servicios básicos colapsados.
El régimen evita informar un número consolidado de desaparecidos. Esa omisión es uno de los puntos que más irritación genera entre familiares, rescatistas y organizaciones humanitarias. La ONU continúa coordinando operaciones de asistencia con las autoridades venezolanas y trabaja en una evaluación integral de daños y necesidades, mientras equipos de búsqueda, ingenieros y personal médico siguen desplegados en áreas afectadas.
El dato más dramático surge de las denuncias de vecinos y registros paralelos. Associated Press informó que no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas sepultadas bajo los escombros, pero indicó que más de 30.000 reportes de desaparecidos fueron enviados a una plataforma habilitada por la oposición venezolana. Otras proyecciones humanitarias y estimaciones no oficiales elevan aún más la preocupación por la cantidad de cuerpos que podrían permanecer bajo estructuras colapsadas.
En La Guaira, el dolor tomó forma de entierros de emergencia. En el cementerio La Esperanza, cerca de Catia La Mar, las autoridades comenzaron a sepultar cuerpos no identificados en fosas delimitadas con piedras blancas, cruces y placas con la leyenda “Identificación especial” y la fecha 24 de junio de 2026. Reuters constató el trabajo de camiones, operarios forenses y maquinaria abriendo zanjas en un sector preparado para recibir víctimas del terremoto.
El diario El País reportó que, hasta la mañana de este lunes, habían sido enterrados 253 cuerpos en ese espacio, de los cuales 159 permanecían sin identificar. La escena resume la crudeza del desastre: familias que todavía buscan a sus muertos, cadáveres acumulados en depósitos improvisados, cementerios adaptados de urgencia y un Estado que intenta negar que existan fosas comunes mientras la emergencia rebasa todos los protocolos.
La situación es especialmente grave en complejos habitacionales populares construidos durante la etapa de Hugo Chávez, donde varios edificios colapsaron como consecuencia de los sismos. Vecinos denunciaron que las advertencias sobre fallas estructurales venían de años atrás y que la ayuda oficial llegó tarde o directamente no apareció. AP recogió testimonios de familiares que excavaron con sus propias manos, picos o palas rudimentarias para intentar recuperar cuerpos, mientras esperaban maquinaria pesada que nunca llegó.
El drama de los sobrevivientes expuso nuevamente la fragilidad del aparato estatal venezolano. A casi dos semanas del terremoto, numerosas familias denuncian falta de grúas, demoras en la identificación de cadáveres, ausencia de defensa civil en zonas críticas y desorganización en morgues improvisadas. En La Guaira, algunos vecinos incluso evaluaban juntar dinero para alquilar maquinaria por su cuenta, una señal brutal del abandono percibido en medio de la tragedia.
La respuesta oficial quedó bajo fuego político. Delcy Rodríguez defendió la actuación del régimen y sostuvo que las fuerzas de seguridad fueron desplegadas de inmediato. También anunció la creación de una unidad militar especializada para futuras emergencias y presentó el programa “Venezuela Renace” como eje de la etapa de reconstrucción. Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con los relatos de familiares, bomberos y residentes que aseguran haber quedado solos durante las horas críticas posteriores al desastre.
La ayuda internacional comenzó a llegar desde distintos países, aunque los equipos de rescate empiezan a reducir operaciones ante la disminución de posibilidades de encontrar sobrevivientes. Uruguay envió un primer cargamento de 15 toneladas de insumos sanitarios y suplementos alimenticios, mientras organismos de Naciones Unidas mantienen tareas de asistencia en campamentos y relevamiento de necesidades.
El impacto económico también será severo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó pérdidas por alrededor de US$ 6.700 millones, con daños concentrados en infraestructura, viviendas, servicios públicos y capacidad productiva en las áreas afectadas. Esa cifra agrava la situación de un país ya golpeado por años de crisis económica, migración masiva, deterioro institucional y precariedad de servicios básicos.
La tragedia venezolana dejó de ser solamente un desastre natural. Se convirtió en una radiografía del deterioro estatal bajo el chavismo: edificios vulnerables, servicios de emergencia desbordados, información oficial incompleta, entierros de cuerpos sin identificar y familiares obligados a excavar entre ruinas para recuperar a sus muertos.
Mientras el régimen intenta controlar el relato, la cifra de víctimas sigue subiendo. Con 3.535 muertos, 16.740 heridos, miles de desplazados y decenas de miles de reportes de desaparecidos, Venezuela enfrenta una catástrofe cuya verdadera magnitud todavía no fue medida por completo. La pregunta que crece entre los sobrevivientes no es solo cuántos murieron bajo los escombros, sino cuántos podrían haberse salvado con un Estado presente, preparado y transparente.
