Buenos Aires – 7 julio 2026 – Total News Agency – TNA — Un grave siniestro vial ocurrido en la Autopista Panamericana, a la altura de Paraná y en sentido hacia Capital Federal, dejó como saldo la muerte de una conductora de aplicación y una acompañante internada en estado crítico, mientras la Justicia investiga la conducta de un abogado mediático identificado como Andrés Prieto Fasano, quien quedó imputado en la causa. El abogado Prieto Fasano en una imagen junto a Manuel Adorni.
La víctima fatal fue identificada como Pamela Ivonne Escobar Camacho, quien falleció en el acto como consecuencia de la violencia del impacto. La información fue difundida por Radio Rivadavia, a través del periodista Ignacio Ortelli, durante el programa Esta Mañana, donde se indicó que el hecho ocurrió en las primeras horas del sábado, luego de la finalización del partido de la Selección argentina.
De acuerdo con el reporte periodístico, el choque tuvo características de extrema gravedad. Escobar Camacho, que se desempeñaba como conductora de aplicación, murió de manera instantánea, mientras que una acompañante fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanecía en estado desesperante.
La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Asprella, del Departamento Judicial de San Isidro, jurisdicción que interviene en hechos ocurridos en ese tramo del corredor norte. Registros institucionales del Ministerio Público bonaerense identifican a Carolina Paola Asprella como agente fiscal en el ámbito de San Isidro.
Uno de los puntos que más inquietud generó en torno al caso es lo que habría ocurrido inmediatamente después del impacto. Según lo informado por Radio Rivadavia, Prieto Fasano no se habría sometido al test de alcoholemia y tampoco habría sido trasladado a una dependencia policial. Siempre de acuerdo con esa versión, el abogado habría sido retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia.
Ese dato, de confirmarse en sede judicial, podría convertirse en un eje central de la causa. La prueba de alcoholemia en siniestros viales graves suele ser determinante para reconstruir el estado del conductor al momento del hecho, establecer eventuales agravantes y evaluar si hubo maniobras destinadas a eludir controles o alterar la escena posterior al choque.
La imputación inicial deberá ser precisada por la fiscalía a partir de las pericias accidentológicas, las cámaras de seguridad, los testimonios de testigos, el relevamiento de daños en los vehículos, la velocidad estimada y la eventual existencia de alcohol, drogas u otros factores que pudieron incidir en el siniestro.
En la Argentina, el Código Penal prevé una figura específica para los casos de muerte causada por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. El artículo 84 bis establece penas de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años para conducir cuando se cause la muerte de otra persona mediante ese tipo de conducta. La escala puede agravarse en determinadas circunstancias, como fuga, falta de auxilio, exceso de velocidad, conducción bajo alcohol o estupefacientes, o pluralidad de víctimas.
La muerte de Pamela Ivonne Escobar Camacho vuelve a colocar en primer plano el debate sobre la seguridad vial, la responsabilidad penal de quienes conducen y el tratamiento institucional de los siniestros protagonizados por personas con vínculos de poder o exposición pública.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial mantiene un Observatorio Vial con datos estadísticos sobre siniestralidad en la Argentina y programas de asistencia a víctimas, en el marco de una problemática que sigue generando muertes evitables en rutas, autopistas y calles del país.
También organizaciones civiles especializadas advierten desde hace años que muchos hechos viales no deben ser tratados como simples “accidentes”, sino como consecuencias de conductas imprudentes, antirreglamentarias o directamente temerarias. Luchemos por la Vida se define como una asociación civil dedicada a la prevención de siniestros de tránsito y a evitar muertes que considera prevenibles.
Por ahora, la causa avanza con una víctima fatal, una segunda mujer en estado crítico y un imputado de alto perfil público. La fiscalía deberá determinar si el abogado cumplió con los procedimientos exigibles tras el choque, por qué no se habría realizado el test de alcoholemia —según la versión difundida— y si existió algún tipo de trato diferencial en el lugar del hecho.
La familia de Pamela Ivonne Escobar Camacho espera respuestas. La sociedad, en tanto, observa si la investigación será conducida con el mismo rigor que debería aplicarse ante cualquier ciudadano involucrado en un siniestro fatal.
