Buenos Aires-14 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA-. La detención en Washington de un supervisor de la DEA asignado a la embajada de Estados Unidos en República Dominicana abrió una crisis inusual en la cooperación antidrogas en el Caribe y derivó, casi en simultáneo, en una decisión drástica: el cierre “hasta nuevo aviso” de la oficina de la agencia en Santo Domingo. El caso, que combina acusaciones de soborno, fraude y presunto aprovechamiento de mecanismos migratorios vinculados a investigaciones, golpea una relación históricamente estrecha entre autoridades dominicanas y agencias federales estadounidenses en un corredor clave del narcotráfico regional.
El detenido fue identificado como Melitón Cordero, de 47 años, señalado por la fiscalía federal del distrito de Columbia como partícipe de un esquema para obtener beneficios económicos a cambio de facilitar el acceso de ciudadanos extranjeros a visados de no inmigrante, que permiten ingresar temporalmente a Estados Unidos. La acusación sostiene que el funcionario habría aceptado miles de dólares a cambio de “ayudar” a gestionar esas autorizaciones, un señalamiento particularmente sensible por tratarse de un agente con responsabilidades de supervisión y por el rol de la DEA en operaciones transnacionales contra redes criminales.
La dimensión política del episodio escaló cuando la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah F. Campos, comunicó el cierre de la sede de la DEA en el país caribeño. En un mensaje público, sostuvo una política de tolerancia cero y remarcó que la corrupción no tiene lugar en el gobierno de Estados Unidos. La determinación fue interpretada como un cortafuegos institucional: una medida preventiva para preservar la integridad de la misión diplomática y evitar que el caso contamine causas abiertas, fuentes humanas en curso o acuerdos de cooperación con organismos dominicanos.
Desde Santo Domingo, el gobierno dominicano buscó despegarse de la decisión. Autoridades del área de relaciones exteriores plantearon que el cierre no estaría vinculado a una conducta atribuible al Estado dominicano, sino a una investigación interna estadounidense. La aclaración apunta a proteger la cooperación bilateral en materia de interdicción, inteligencia y control de rutas, crucial en un país ubicado en una zona de tránsito de cocaína y otras drogas que salen de Sudamérica rumbo a mercados de Norteamérica y Europa.
En el trasfondo del caso aparece un punto que preocupa a la estructura de seguridad estadounidense: el presunto abuso de programas migratorios utilizados por fuerzas federales para incorporar informantes o colaboradores extranjeros a investigaciones, mecanismos que incluyen excepciones y patrocinios especiales que, mal administrados, se convierten en una puerta a fraudes y riesgos de seguridad. Un reporte del inspector general del Departamento de Justicia ya había advertido años atrás sobre fallas en el seguimiento y trazabilidad de personas ingresadas bajo ciertos esquemas, y el episodio reaviva el debate sobre controles, auditorías y rendición de cuentas dentro del sistema.
La detención de Cordero también quedó atravesada por el momento político: ocurrió a poco de una visita al país del jefe regional de la DEA para el Caribe, Michael A. Miranda, quien había elogiado la estrategia antidrogas del presidente dominicano Luis Abinader y la cooperación con agencias estadounidenses. Ese contraste —reconocimientos públicos por un lado, cierre repentino por el otro— alimenta lecturas de crisis interna y obliga a recalibrar la coordinación operativa en aeropuertos, puertos y espacios sensibles donde suelen ejecutarse acciones conjuntas contra cargamentos ilícitos.
En ámbitos de seguridad se observa, además, que República Dominicana había reforzado su perfil de socio operativo en los últimos meses, con acuerdos que ampliaron la coordinación en áreas restringidas de infraestructura estratégica para la lucha contra el narcotráfico. Ese contexto agrava el impacto del escándalo: el cierre de la oficina obliga a redefinir canales de enlace y, de manera inevitable, deja preguntas abiertas sobre cuánto afectará la continuidad de investigaciones en curso y el intercambio de inteligencia con unidades locales.
La investigación sobre Cordero quedó en manos de autoridades federales en Estados Unidos, con participación de organismos vinculados a seguridad interna. El caso se encamina ahora a una etapa judicial en la que se conocerá con mayor precisión el alcance del presunto esquema, la cantidad de operaciones irregulares, los beneficiarios y si existieron otros involucrados dentro o fuera de la estructura de la DEA.
En la Argentina, en paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones del régimen de prisión domiciliaria. La Sala IV, por mayoría, rechazó los recursos de la defensa para retirar el dispositivo y flexibilizar condiciones, pese a las chicanas procesales en sentido contrario, y dejó vigente el esquema de control, incluyendo límites sobre visitas y pautas de cumplimiento.
