Buenos Aires-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. El megajuicio por corrupción policial-judicial y narcotráfico que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín sumó en los últimos días un giro de alto voltaje institucional: el fiscal de juicio Marcelo García Berro pidió que se extraigan testimonios para investigar al ex fiscal Claudio Scapolan como presunto integrante clave de una asociación ilícita que, según la acusación, operó durante más de una década con un patrón repetido de procedimientos direccionados, allanamientos “de urgencia” sin sustento, detenciones arbitrarias, sustracción de estupefacientes y armado de causas para dar cobertura a un negocio ilegal. Pero el nuevo capítulo no se agota en Scapolan. En la reconstrucción del poder interno de San Isidro reaparece inevitablemente el nombre del ex fiscal general Julio Novo, señalado históricamente como su principal sostén dentro del Ministerio Público provincial, y vuelven a circular las relaciones políticas que conectan esa estructura con el universo del Frente Renovador y con Sergio Massa.
En su alegato, García Berro sostuvo que la actuación del entonces fiscal Scapolan en los expedientes ventilados en el juicio fue “escandalosa” y que no admite una lectura acotada a un hecho aislado. Según la acusación, su intervención habría sido funcional e indispensable para legitimar procedimientos irregulares, convalidar operativos ilegales y facilitar que droga secuestrada regresara al circuito clandestino. El pedido incluye la apertura de nuevas líneas de investigación por un abanico amplio de delitos graves, desde asociación ilícita y tráfico de estupefacientes hasta extorsión, amenazas, privación ilegítima de la libertad, falsedades documentales, robos agravados y falso testimonio. El fiscal planteó, en esencia, que Scapolan no habría sido un funcionario engañado por policías díscolos, sino un articulador con capacidad de programar, anticipar y “formalizar” acciones con apariencia legal.
Ese retrato procesal se inserta en una trama mayor: la de la Fiscalía General de San Isidro durante los años de mayor influencia de Julio Novo, un funcionario que llegó a concentrar poder territorial y jerárquico en el departamento judicial y que terminó procesado por encubrimiento agravado en una causa de fuerte impacto, vinculada al narcotráfico y a homicidios resonantes en la zona norte del conurbano. Novo renunció en 2017, luego de estar suspendido y de que se confirmara su procesamiento, y años después comenzó a ser juzgado por encubrimiento del narcotráfico junto a excolaboradores, según información judicial que fue publicada en su momento. En la narrativa pública de aquellos años, Scapolan era presentado como uno de los hombres fuertes del esquema de San Isidro y, para algunos denunciantes, como parte de un “sistema” que mezclaba poder judicial, policía y política local.
En ese punto aparece el componente político que el caso vuelve a iluminar. Diversas crónicas y reconstrucciones periodísticas previas consignaron que Novo era un dirigente judicial con vínculos con Sergio Massa y el armado territorial del Frente Renovador en la zona norte. Incluso se recordó que Massa llegó a elogiar públicamente a Novo en actos políticos en 2013, en plena consolidación de su espacio, y que esa cercanía formó parte del trasfondo de sospechas sobre coberturas y lealtades en el entramado institucional. En paralelo, otras publicaciones señalaron que Massa habría salido en defensa de Novo cuando se difundieron denuncias periodísticas por presunto encubrimiento, un dato que hoy vuelve a adquirir relevancia al observarse el mapa histórico de relaciones que rodeaba a la Fiscalía General de San Isidro.
La conexión Novo–Scapolan–Massa vuelve además por un antecedente específico que quedó grabado en la política argentina: el robo a la casa de Sergio Massa en Tigre en julio de 2013, un episodio que derivó en una investigación judicial envuelta en polémicas. En ese expediente se registraron denuncias cruzadas por supuestas irregularidades, cambios de fiscalías, cuestionamientos sobre medidas de prueba y acusaciones de “entorpecimiento” o direccionamiento. En ese marco, distintas notas de aquellos años consignaron controversias alrededor del rol de fiscales del departamento judicial, y se mencionó a Scapolan como figura que aparecía vinculada a discusiones por el manejo del caso. Más allá de la veracidad final de cada acusación —materia que atravesó años de disputas judiciales y políticas—, el episodio quedó como símbolo de una zona gris donde la justicia penal de la región se cruzaba con intereses de alto perfil.
El megajuicio actual, que reúne decenas de imputados —en su mayoría policías bonaerenses, además de abogados y testigos acusados de mentir— se construyó sobre la hipótesis de una “empresa criminal” montada desde herramientas estatales: investigar narcotráfico para, en realidad, administrar parte del negocio, robar cargamentos y regular el narcomenudeo. Dentro de ese esquema, la fiscalía sostiene que los beneficios se alimentaron de la corrupción institucionalizada y que el daño social persiste, porque las redes no desaparecen con facilidad aunque caigan algunos nombres. Por eso, el pedido de investigar a Scapolan no se presenta como un acto aislado, sino como un intento por escalar hacia responsabilidades de cobertura y conducción.
Con este telón de fondo, el debate abre una pregunta que excede a los acusados del banquillo: si el tribunal habilita la extracción de testimonios y avanza una nueva investigación sobre Scapolan, el expediente podría empujar hacia una reconstrucción más completa del sistema de poder que rigió en San Isidro durante los años de Novo, incluyendo sus vínculos políticos, su capacidad de disciplinamiento interno y su relación con actores con peso electoral. En tribunales, la discusión ya no es solo cuánto delito cometieron policías en la calle, sino quiénes garantizaron legalidad aparente, quiénes dieron cobertura y quiénes miraron para otro lado mientras el narcotráfico encontraba, en sectores del Estado, una estructura para prosperar.
