Ultimas Noticias!
Buenos Aires-21 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La reforma laboral que impulsa Javier Milei avanzó en el Congreso a través de un recorrido tan acelerado como enmarañado, con negociaciones cruzadas entre la Casa Rosada, gobernadores, bloques legislativos, empresarios y una parte de la conducción sindical. Tras el intento fallido de imponer los cambios por decreto a fines de 2023, el oficialismo decidió llevar el proyecto por la vía parlamentaria y ordenó imprimirle velocidad en sesiones extraordinarias. El resultado fue una tramitación marcada por intercambios de apoyo político, concesiones sectoriales y una interna permanente entre el discurso público de “anticasta” y la práctica real de acuerdos con actores tradicionales del poder.
La primera estación fue provincial. Luego de que los mandatarios lograran que el Gobierno desistiera del capítulo fiscal que amenazaba recursos coparticipables, el quórum en Diputados se construyó con ayuda decisiva de seis gobernadores: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones). A ese esquema se sumaron aportes indirectos, con ausencias sugerentes o votaciones calibradas, de Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), en una dinámica donde la ideología quedó subordinada a la transacción.
En el intercambio, la herramienta más sensible fue el paquete de promesas y transferencias: obra pública selectiva, habilitación de financiamiento de deuda, y reparto discrecional vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según reconstrucciones periodísticas, Jaldo habría recibido un envío de fondos en fechas clave; en Catamarca y San Juan, la negociación se vinculó a expectativas de inversiones mineras y marcos regulatorios; en Santa Cruz, el oficialismo ofreció gestos concretos en torno a activos y tierras vinculadas a YPF; y en Córdoba y Santa Fe la discusión giró, en buena medida, en torno a compensaciones por cajas previsionales provinciales. El denominador común fue la “mercantilización” del voto legislativo, una práctica vieja con envase nuevo que deja sombras sobre la transparencia del trámite.
Con el terreno asegurado para abrir la sesión, llegó el segundo capítulo: la crisis del artículo “invisible”. El artículo 44 —que disponía recortes salariales por licencias médicas, con quitas del 50% o 25% según el caso— apareció incorporado al dictamen del Senado con escaso margen previo y detonó alarma en aliados del Gobierno y en sectores sindicales, hasta el punto de poner en riesgo la sesión en Diputados. La presión obligó al oficialismo a retirar el artículo para salvar la votación general, un movimiento que, por técnica legislativa, forzó que el proyecto vuelva al Senado. En medio del escándalo, quedó flotando la pregunta central: quién ordenó esa incorporación de último minuto y por qué se intentó sostenerla hasta que los números empezaron a fallar.
El tercer paso fue el acuerdo con la cúpula sindical que el propio oficialismo decía combatir. En los borradores iniciales se analizaba recortar ingresos gremiales y limitar “aportes solidarios”, pero el texto final preservó el corazón financiero de la estructura: continuidad de mecanismos de recaudación, resguardo de cajas vinculadas a obras sociales y mantenimiento del empleador como agente de retención de cuotas. La negociación tuvo nombres y mesa: por el oficialismo actuaron Santiago Caputo, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem; por la CGT, Gerardo Martínez, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. Mientras la central obrera luego activó el paro general por la presión de su base y de gremios más duros, puertas adentro celebró haber evitado una poda que ponía en peligro su músculo financiero.
A la par de ese pacto, se desplegó el lobby empresarial. El PRO presionó para reinstalar la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales, una demanda leída en el mercado como guiño a fintech de alto peso; finalmente, prevaleció la posición de los bancos, que conservaron el control del circuito. En otro frente, las empresas de plataformas lograron preservar el encuadre de repartidores y choferes como “prestadores independientes”, sin relación laboral, aunque con exigencias de seguros y capacitación. La letra de la reforma, así, fue tomando forma como un mosaico de intereses sectoriales, donde cada actor cuidó su pedazo.
El punto más polémico en términos de futuro fiscal fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), presentado por el Gobierno como mecanismo para financiar indemnizaciones. La oposición lo describió como un dispositivo capaz de desfinanciar la seguridad social y temió que los recursos terminen, directa o indirectamente, financiando al Tesoro mediante instrumentos de deuda. El esquema quedaría bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y bajo la órbita política de Luis Caputo y Sandra Pettovello, con estimaciones privadas que lo ubican como un fondo de miles de millones de dólares anuales, según su escala y adhesión.
Por último, la batalla de la información. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo ante el Senado que la reforma no sería retroactiva y aplicaría a nuevos empleos, pero el texto final no incorporó una cláusula que lo garantice. La oposición intentó dejarlo escrito: Mariano Recalde propuso un artículo específico en la Cámara alta y Sergio Palazzo buscó un agregado similar en Diputados; ambos planteos fueron rechazados por Bruno Olivera Lucero y Lisandro Almirón. La consecuencia es que, si la ley se promulga sin esa limitación expresa, el alcance real quedará atado a interpretaciones administrativas y judiciales, abriendo el escenario de litigios que el Gobierno dice querer reducir.
Así, la reforma laboral llegó a su instancia decisiva no solo por su contenido, sino por su método: una trama de gobernabilidad construida con promesas, fondos, concesiones y lobby, mientras el Ejecutivo sostiene un relato de ruptura con la “casta” que, en los hechos, terminó sentado a la misma mesa. En la Argentina cotidiana, donde cada empleo cuenta y cada salario importa, el modo en que se gestó la ley será parte del debate tanto como sus artículos.
