Buenos Aires-25 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Mientras avanza en el Congreso la discusión para bajar la edad de imputabilidad, en la provincia de Buenos Aires se profundiza una crisis que incomoda a la política y preocupa a quienes trabajan en el territorio: el sistema de niñez del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) acumula denuncias por presuntas irregularidades administrativas, episodios graves dentro de institutos y una seguidilla de fugas que, por cantidad y frecuencia, volvió a exponer un cuadro de desorden operativo.
Según información conocida en el ámbito provincial, las acusaciones abarcan desde supuestas “maniobras” en evaluaciones psicofísicas para cargos, hasta personal que llevaría años en comisiones de servicio en otras áreas del Estado sin tareas comprobables. A ese combo se suman denuncias por consumo de alcohol y fiestas dentro de dispositivos de encierro, además de un problema que se repite como un reloj: las evasiones. En los últimos días se reportaron diez fugas en menos de una semana, con casos distribuidos en institutos de Pablo Nogués, Legarra, Aráoz Alfaro y Eva Perón, un número que, puertas adentro, se explica con una palabra que se escucha cada vez más: “desborde”.
En el centro de parte de las denuncias aparece el director provincial Claudio “Momia” Otero, señalado por fuentes del sistema como figura clave en decisiones internas que hoy están bajo cuestionamiento. Desde Mar del Plata, por ejemplo, trascendieron objeciones sobre pericias físicas y psicológicas en al menos dos directivas, cuyos resultados —según quienes denuncian— habrían sido desestimados o directamente modificados para sostenerlas en funciones. La acusación más delicada, sin embargo, apunta a episodios en el instituto de Pablo Nogués, donde se habría detectado presencia de bebidas alcohólicas y reuniones dentro del establecimiento, con material de respaldo en audios y fotos según los denunciantes.
Más allá del escándalo, lo que emerge es un problema estructural: el Estado provincial tiene dispositivos que trabajan con dotaciones ajustadas, tareas complejas y jóvenes con alta conflictividad, pero con condiciones que, según trabajadores y ex trabajadores, quedaron muy lejos de un estándar mínimo. El testimonio de Pablo Lenz, extrabajador con dos décadas en el área, sintetiza un diagnóstico que circula hace tiempo: pocos agentes para demasiados adolescentes, instalaciones que no acompañan y salarios que —según su mirada— quedan por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, advierten, las fugas dejan de ser “hechos excepcionales” y pasan a formar parte del paisaje.
La crisis del OPNyA se vuelve todavía más sensible porque se superpone con el debate por imputabilidad. Si el sistema ya está tensionado, ¿qué pasaría si se amplía el universo de menores alcanzados por un régimen penal más duro? Dentro del propio sector temen un escenario de mayor presión: más ingresos, más traslados, más conflictividad y, por ende, más riesgos. Y el problema no es solo la seguridad interna de los institutos, sino también el impacto social: cada fuga dispara angustia en barrios y familias, genera desgaste institucional y abre una grieta política inmediata.
En paralelo, el cuadro de niñez se inserta en una fotografía más amplia: el Estado bonaerense atraviesa un frente sindical cada vez más tirante por salarios. En las últimas horas, los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron medidas de fuerza en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof, y el episodio dejó otro dato político: Roberto Baradel intentó evitar que ese paro se transformara en una protesta directa contra Kicillof o, al menos, buscó correr el foco para endosar el conflicto al presidente Javier Milei. La maniobra no prosperó. Con sueldos que los gremios califican de “magros”, las bases empujaron y la discusión volvió al punto de origen: la paritaria provincial y el deterioro del poder adquisitivo en Buenos Aires.
Ese hilo conecta historias que, a simple vista, parecen distintas. Pero en la práctica se tocan: cuando los salarios del Estado se quedan atrás, aparecen vacantes sin cubrir, rotación, ausentismo, conflictos internos, menor capacidad de control y una gestión cotidiana más frágil. En organismos sensibles como el OPNyA, donde cada turno es una situación crítica en potencia, la falta de personal y de incentivos se paga caro.
Por eso, en La Plata la preocupación ya no se limita a apagar incendios mediáticos. El desafío es más profundo: sostener un sistema de niñez que hoy es noticia por fugas y denuncias, mientras la política discute endurecer el régimen penal juvenil y, al mismo tiempo, enfrenta paros y reclamos por salarios en áreas clave. En ese cruce —reforma penal, crisis de dispositivos, protesta estatal— el riesgo es que el Estado provincial llegue tarde a todo: tarde para contener, tarde para corregir y tarde para reconstruir confianza.
