Buenos Aires, 26 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Con la iniciativa política a su favor y un calendario parlamentario que busca capitalizar, el oficialismo vuelve este jueves al recinto del Senado con una hoja de ruta de alto impacto: impulsar la reforma de la Ley de Glaciares y avanzar con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, dos proyectos que el Gobierno presenta como piezas clave para su estrategia de apertura económica y atracción de inversiones.
La sesión fue convocada para las 11 y también incluye el tratamiento del pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, un movimiento que en el oficialismo leen como parte de una “normalización” de la política exterior en el frente europeo. En paralelo, la Cámara alta ya agendó para el viernes, a la misma hora, otra sesión destinada a debatir la reforma laboral y el régimen penal juvenil, iniciativas que llegan con media sanción desde Diputados y que prometen extender la tensión entre bloques y hacia la calle.
En el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la decisión de adelantar el debate responde a una señal externa que el Poder Ejecutivo no quiere dejar pasar: el Parlamento de Uruguay aceleró su proceso de ratificación y podría resolverlo en las próximas horas. En la Casa Rosada calculan que si la Argentina se convierte en el primer país del bloque en refrendar el tratado, podría ganar margen en la etapa posterior de implementación y negociaciones técnicas, en especial en sectores donde compite con otros socios regionales por el acceso a mercados.
El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción con presencia del presidente Javier Milei, su par paraguayo Santiago Peña y el mandatario uruguayo Yamandú Orsi. La ausencia del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó al descubierto que el consenso político interno del Mercosur todavía es irregular, aun cuando el tratado se sostiene como uno de los proyectos de integración comercial más relevantes por escala y alcance. La apuesta oficial es convertir esa ratificación en una señal de previsibilidad para el mundo empresario y, al mismo tiempo, en un mensaje hacia el mercado interno: “reglas más claras” y menor carga arancelaria para acelerar exportaciones e inversiones.
Según los impulsores del convenio, el entendimiento permitiría reducir aranceles sobre un universo mayoritario de exportaciones argentinas —se habla de más del 90% en el esquema general— y recortar barreras de acceso para bienes industriales europeos. Entre los rubros señalados aparecen productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas. En términos macro, el oficialismo insiste con un argumento que repite en cada negociación: se trata de un mercado ampliado superior a 700 millones de consumidores y con peso significativo en la economía global. También subraya que la Unión Europea es un actor central tanto por comercio como por su rol como fuente de Inversión Extranjera Directa, un punto que el Ejecutivo busca exhibir como respaldo a su plan de estabilización.
Sin embargo, aun con el aval del Congreso argentino, el tratado sigue condicionado por el proceso institucional europeo. La revisión impulsada en el Parlamento Europeo y la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abren un compás de espera sobre tiempos de entrada en vigor y sobre eventuales adecuaciones. En el oficialismo admiten que la ratificación local no resuelve por sí sola la ecuación europea, pero sostienen que “poner la firma política” en el Senado mejora la posición argentina en una discusión que continuará en Bruselas.
Si el acuerdo comercial aparece como una bandera económica, la reforma a la Ley de Glaciares es, al mismo tiempo, la prueba más delicada de equilibrio político. El oficialismo llega confiado a la sesión, pero enfrenta un debate que cruza intereses productivos, reclamos de provincias cordilleranas y una resistencia ambiental y social que viene ganando visibilidad.
La iniciativa oficial busca modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El núcleo del cambio es redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividad económica en determinadas áreas periglaciares hoy vedadas, manteniendo la prohibición estricta sobre glaciares. La clave técnica, según el proyecto, está en distinguir entre “formas periglaciares” que cumplen funciones hídricas comprobables —reservas estratégicas o proveedoras para recarga de cuencas— y aquellas que no tendrían ese rol y podrían ser aprovechadas bajo condiciones.
Esa distinción, sostienen en el Gobierno, evita que “todo” el ambiente periglacial quede automáticamente blindado, y abre la puerta a inversiones, en particular minería e hidrocarburos, siempre que no se afecte el valor hídrico. Para ordenar el esquema, el proyecto impulsa el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El inventario deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y, sobre estas últimas, discriminar entre las que tienen función hídrica y las que no.
En el listado de prohibiciones se mantienen restricciones severas para actividades que alteren la condición natural o el valor hídrico: liberación de contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales. En el apartado de permitidos, se contemplan investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados, como andinismo y escalada.
El punto que tensó la negociación en las horas previas fue la irrupción de un texto alternativo de la UCR. La diferencia no es menor: mientras el proyecto del Poder Ejecutivo otorga a las provincias un rol más amplio para determinar qué áreas proteger y las habilita a proponer modificaciones al inventario —con evaluación ambiental—, la versión radical concentra la decisión en el IANIGLA, reforzando el criterio técnico nacional por encima de la discrecionalidad provincial.
El oficialismo fundamenta su preferencia por el esquema provincial en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones. Gobernadores de provincias cordilleranas acompañan esa lectura porque entienden que la norma vigente, sancionada en 2010, dejó márgenes demasiado rígidos y trabó proyectos productivos. En el peronismo, en cambio, predomina una postura de rechazo, aunque se observan posibles quiebres vinculados a senadores con anclaje en provincias mineras, donde la presión local suele ser determinante.
Del otro lado, el frente ambientalista y sectores de la Iglesia cuestionan la reforma con dureza. Alertan que glaciares y zonas periglaciares son pilares para la provisión de agua dulce para consumo humano, agricultura y biodiversidad, y sostienen que el piso de protección no debería flexibilizarse frente a intereses de corto plazo. También denuncian que una modificación de este tipo podría vulnerar compromisos vinculados al Acuerdo de Escazú y consideran que el cambio implicaría una marcha atrás en estándares ambientales.
Con la sesión por comenzar, el oficialismo busca un cierre ordenado y una señal de control del tablero legislativo. Pero el debate no se agota en el recinto: tanto el acuerdo comercial como la reforma de glaciares abren discusiones de fondo sobre el perfil productivo, la inserción internacional y el cuidado de recursos estratégicos. En esa tensión, el Senado se convierte hoy en la escena donde el Gobierno intentará convertir su agenda económica en una mayoría política.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas (NA). Senado de la Nación. Cámara de Diputados de la Nación. MERCOSUR (sitio oficial). Unión Europea (sitios institucionales). IANIGLA. Argentina.gob.ar (marco normativo y documentos oficiales). Pastoral Social / Conferencia Episcopal Argentina.
