Buenos Aires – 6 julio 2026 – Total News Agency – TNA – La causa por presuntas irregularidades en la intervención de OSPRERA, la obra social de los peones rurales, se convirtió en uno de los expedientes judiciales más sensibles para el poder libertario. El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Sergio Andrés Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a ex interventores de la entidad, en una investigación que apunta a contrataciones millonarias con una empresa señalada como sospechosa de haber funcionado como una estructura sin capacidad real para prestar los servicios facturados.
La pesquisa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, investiga contratos firmados durante la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), entidad vinculada históricamente a los trabajadores rurales nucleados en UATRE. Según la hipótesis judicial, durante esa administración temporaria se habrían direccionado fondos de la obra social hacia HTECH Innovation, firma controlada por Aguirre, por montos superiores a los $262 millones.
La decisión de Casanello incluyó la citación a indagatoria de Aguirre, de los ex interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni, y de integrantes de HTECH Innovation, entre ellos Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli. Además, el magistrado dispuso embargos por $920 millones sobre los bienes de los imputados, una medida que eleva la gravedad procesal del expediente y marca un salto respecto de otros escándalos políticos que todavía no habían alcanzado decisiones judiciales de esta magnitud.
El caso golpea cerca del núcleo político de la Casa Rosada porque Aguirre es socio formal de Martín Menem en TR Nutrition S.R.L., una empresa dedicada a la comercialización de suplementos nutricionales. Si bien el titular de Diputados no figura como socio de HTECH Innovation ni se encuentra imputado en la causa, el vínculo comercial con el principal beneficiario de los contratos bajo sospecha coloca al oficialismo en una posición incómoda.
La empresa investigada fue constituida en abril de 2024, pocos meses después de la llegada de Javier Milei al poder. Según los elementos reunidos por la fiscalía, su primera facturación relevante habría sido a OSPRERA, ya bajo intervención estatal. La firma fue contratada para tareas de consultoría, auditoría informática y servicios tecnológicos, pero la Justicia sospecha que carecía de estructura suficiente para justificar los pagos recibidos.
Uno de los puntos más llamativos del expediente es la velocidad administrativa con la que avanzó la contratación. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, HTECH Innovation presentó una oferta de servicios a la obra social el 28 de octubre de 2024. Al día siguiente, la entonces interventora Virginia Montero habría impulsado internamente la contratación “urgente” de la firma. Luego, su reemplazante Marcelo Petroni renovó el contrato que hoy se encuentra bajo investigación judicial.
En su resolución, Casanello sostuvo que, según la hipótesis presentada por la fiscalía, HTECH Innovation obtuvo desembolsos provenientes de la obra social intervenida a través de la contratación cuestionada. El juez señaló que la firma abrió cuentas bancarias por las cuales se canalizaron pagos presuntamente espurios y que esas sumas habrían derivado en ganancias ilícitas para los involucrados.
La investigación también detectó movimientos patrimoniales posteriores a los pagos. Según la resolución judicial citada por medios nacionales, Aguirre y otros integrantes de la empresa adquirieron vehículos de alta gama, lo que para el magistrado podría estar asociado a fondos derivados de la contratación con la obra social. Entre los bienes afectados por el embargo aparecen un BMW X1 xDrive y una moto Ducati Scrambler 800 Icon.
El expediente suma además un componente político de alto voltaje: las menciones a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y funcionario estrechamente vinculado a Karina Milei. Según el material reunido por la fiscalía, tanto Aguirre como los interventores de OSPRERA habrían mantenido contactos y reuniones con Lule Menem en la Casa Rosada, en momentos previos o cercanos a las contrataciones bajo sospecha.
El fiscal Marijuán habría incorporado mensajes de WhatsApp y registros de visitas que muestran comunicaciones entre los interventores, Aguirre y el entorno de los Menem. En uno de esos intercambios atribuidos a Petroni, el ex interventor habría mencionado reuniones con Martín Menem y Lule Menem. En otros mensajes, según el expediente, se habría indicado que determinadas cuestiones debían ser conocidas por ambos.
Por ahora, ni Martín Menem ni Lule Menem están imputados. Desde el entorno de la familia política riojana dejaron trascender que no tienen nada que ocultar y atribuyen las acusaciones a operaciones vinculadas a internas del Gobierno. Sin embargo, la causa avanza sobre personas directamente conectadas con ese círculo de poder y sobre una contratación producida en una obra social intervenida por decisión del Ejecutivo nacional.
La situación de HTECH Innovation también quedó bajo la lupa por su domicilio declarado. Según la información surgida de la causa, al allanarse la sede registrada en Jorge Newbery 1519, piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia encontró allí otra empresa vinculada a Aguirre, pero no una estructura operativa clara de la firma tecnológica investigada. Para la fiscalía, ese dato refuerza la sospecha de que se trataba de una sociedad sin capacidad real para ejecutar la tarea por la que facturó sumas millonarias.
La obra social de los peones rurales ya venía envuelta en conflictos de administración, deudas y disputas de poder. La intervención estatal, que debía ordenar su funcionamiento, terminó ahora bajo sospecha por la posible utilización de fondos asistenciales para beneficiar a una empresa privada vinculada al entorno político del oficialismo. En términos institucionales, el caso es especialmente delicado porque involucra dinero destinado a la cobertura de salud de trabajadores rurales y estibadores.
El avance procesal distingue al expediente OSPRERA de otros escándalos que rodean al Gobierno. Mientras casos como $LIBRA, ANDIS o la situación patrimonial de Manuel Adorni concentran fuerte atención pública, esta causa ya tiene indagatorias fijadas, embargos millonarios y una hipótesis judicial formal sobre presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los delitos investigados son graves. Marijuán y Casanello apuntan a determinar si funcionarios designados para administrar una obra social intervenida actuaron en beneficio de una empresa privada, si se direccionó la contratación y si los fondos de la entidad terminaron convertidos en ganancias indebidas. En la resolución, el juez habló de un posible “actuar interesado” de quienes cumplían funciones públicas y de un “obrar infiel” que habría provocado pérdidas para unos y beneficios para otros.
Las indagatorias previstas para agosto serán el primer momento procesal en el que los imputados deberán responder ante el juez. Montero y Petroni deberán explicar el origen, necesidad, urgencia y renovación de los contratos. Aguirre, Zanetti y Mirabelli deberán dar cuenta de la capacidad operativa de HTECH Innovation, de los servicios efectivamente prestados y del destino de los fondos cobrados.
Para el Gobierno, el expediente abre un flanco incómodo en una zona especialmente sensible: la promesa de terminar con los privilegios y negocios de la “casta”. La causa no sólo involucra una obra social intervenida por la gestión libertaria, sino también a empresarios y operadores con vínculos directos con una de las familias de mayor peso dentro del oficialismo.
La investigación continúa y aún puede ampliarse. Por ahora, la Justicia ya dio un paso relevante: puso bajo sospecha formal a los interventores de OSPRERA y a la empresa que recibió los fondos. El próximo capítulo será determinar si la maniobra se agotó en esos imputados o si el expediente escala hacia niveles superiores de decisión política dentro del esquema de poder libertario.
