Madrid – 6 julio 2026 – Total News Agency – TNA – La investigación judicial sobre la presunta trama de influencias vinculada al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político: agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigan el rastro de una cita que habría sido gestionada entre el ex mandatario socialista y Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad y número dos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pocos días antes de la detención del empresario Julio Martínez Martínez, alias “Julito”, señalado por los investigadores como presunto testaferro o “lugarteniente” del ex jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con la documentación publicada por El Debate, la cita habría sido detectada a partir de conversaciones entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, cuyo rol aparece de manera reiterada en los informes policiales por su intervención en la agenda, comunicaciones y formalización documental de las supuestas gestiones atribuidas al entorno del ex presidente. El medio español sostiene que el encuentro fue planteado los días 19 y 20 de diciembre de 2025, en un momento especialmente sensible: la UDEF sospechaba que podía haber filtraciones sobre la operación policial que culminaría con la detención de Julio Martínez.
El dato adquiere relevancia porque Aina Calvo ocupa una posición clave dentro del Ministerio del Interior, cartera de la que depende la Policía Nacional. La hipótesis que ahora examinan los investigadores no se limita a la existencia o no de una reunión, sino a su oportunidad, contexto y posibles conexiones con la preocupación policial por una fuga de información. Según la versión trasladada por Interior a El Debate, la cita fue planificada pero no llegó a celebrarse, y la mujer mencionada como “Leire” sería la ex ministra Leire Pajín, no Leire Díez, la ex dirigente socialista conocida mediáticamente como la “fontanera del PSOE”.
El expediente forma parte del denominado caso Plus Ultra, que investiga una presunta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra a través de la SEPI y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Según un oficio de la UDEF citado por Infobae, los investigadores ubican a Zapatero en el vértice de una supuesta estructura dedicada al ejercicio de influencias, con Julio Martínez Martínez como interlocutor con clientes y canalizador formal de fondos mediante sociedades vinculadas.
La Policía describe, siempre según los informes incorporados al sumario, una arquitectura de tres niveles: en la cúspide, Zapatero, con un presunto liderazgo no visible formalmente; en el segundo escalón, Julio Martínez, identificado como ejecutor de gestiones y titular de estructuras societarias; y en el tercer nivel, Gertrudis Alcázar, presentada como responsable de ordenar comunicaciones, agenda y cobertura documental de los pagos. La UDEF sostiene que los clientes habrían abonado cantidades a esa estructura a cambio de gestiones realizadas mediante contactos políticos acumulados por el ex presidente socialista.
La investigación también apunta a mensajes y comunicaciones que, para los agentes, revelarían el funcionamiento del presunto circuito de intermediación. En el caso de Plus Ultra, los informes policiales hablan de una “vía Ábalos” y de una “vía Zapatero”, y concluyen que la segunda habría tomado mayor relevancia para lograr los objetivos de la aerolínea. Según la documentación citada por Infobae, directivos de la compañía habrían mencionado al “Grupo Zapatero” en conversaciones sobre la obtención del rescate estatal.
La figura de Julio Martínez es central. Los investigadores lo consideran el presunto receptor y ejecutor de órdenes del ex presidente, además de encargado de canalizar fondos mediante sociedades. Un informe policial citado por EFE y reproducido por El Imparcial atribuye a Zapatero un mensaje dirigido a Martínez tras una gestión vinculada con Venezuela: “En tiempo y forma. Exitosa gestión”. La UDEF sostiene que el empresario habría actuado “al más alto nivel” para destrabar cuestiones relacionadas con autorizaciones de vuelos de Plus Ultra ante autoridades venezolanas.
El nuevo rastro de la cita con la número dos de Marlaska se produce, además, en medio de una ampliación del foco judicial sobre otras supuestas gestiones de influencia atribuidas al entorno de Zapatero. El País informó que la UDEF asegura en otro informe que el ex presidente habría cobrado 200.000 euros por intervenir a favor del Grupo Gloria, de Perú, ante el gobierno de Bolivia, en relación con un litigio judicial de una de sus compañías. Fuentes del entorno de Zapatero rechazaron esa interpretación y sostuvieron que se trató de una consultoría legal, además de calificar como inaceptable una investigación “prospectiva” sobre su actividad profesional.
Ese informe, según El País, sostiene que los agentes hallaron en la agenda y comunicaciones de la secretaria del ex mandatario contactos con altas autoridades bolivianas, incluido el presidente Luis Arce, ministros y funcionarios judiciales. La UDEF afirma que el contrato de consultoría con Focus Social Research habría servido para encubrir una intermediación política destinada a beneficiar al conglomerado peruano, aunque el entorno de Zapatero niega cualquier ilegalidad y defiende la naturaleza profesional de los servicios prestados.
En paralelo, el caso mantiene una derivación política explosiva para el PSOE y para el gobierno de Pedro Sánchez. La eventual conexión de la agenda de Zapatero con una alta funcionaria de Interior, aunque Interior sostenga que el encuentro no se concretó, refuerza las preguntas sobre posibles accesos del ex presidente a información sensible en un momento en el que la UDEF investigaba bajo reserva una operación policial.
La sospecha de filtraciones es uno de los puntos más delicados. Según la versión publicada por El Debate, los investigadores tuvieron que adelantar detenciones al detectar una posible fuga de información sobre la operación. En ese marco, también adquiere importancia la reunión que Zapatero habría mantenido en El Pardo con Julio Martínez apenas 72 horas antes del arresto del empresario, señalado en la causa como pieza operativa de la presunta trama.
Por ahora, la existencia de una cita finalmente celebrada con Aina Calvo no aparece confirmada oficialmente. Interior sostiene que no se concretó. La investigación policial, en cambio, conserva como elemento de análisis la planificación del encuentro, el contexto temporal, la posible presencia de una “Leire” y el hecho de que la cita se habría planteado fuera de oficinas institucionales habituales, en un hotel de la cadena AC en Pozuelo de Alarcón, según la documentación citada por El Debate.
El expediente avanza en un terreno donde se cruzan tres dimensiones: presunto tráfico de influencias, uso de contactos políticos para negocios privados y posible conocimiento anticipado de actuaciones policiales. La UDEF intenta determinar si la red atribuida a Zapatero fue sólo una estructura de consultoría y relaciones institucionales, como sostiene su entorno, o si funcionó como un mecanismo organizado para cobrar por gestiones ante administraciones públicas y gobiernos extranjeros.
El caso todavía deberá superar el filtro judicial y probatorio. Pero el impacto político ya es evidente. La eventual cita con la número dos de Marlaska, la figura de Julio Martínez como presunto canalizador de fondos, los informes sobre Plus Ultra y las nuevas derivaciones en Bolivia colocan a Zapatero ante una investigación que dejó de limitarse a un rescate aéreo y empezó a describir, según la Policía, una trama más amplia de poder, contactos y dinero.
