Buenos Aires-5 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA– A menos de un día de haber asumido formalmente, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques puso primera con una decisión de impacto: solicitó la renuncia de los titulares de los principales organismos que dependen de su cartera, con cambios que alcanzan a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras áreas sensibles vinculadas al control del Estado, la transparencia y la recuperación de activos. El movimiento inaugura una nueva etapa en el ministerio —con Santiago Viola como secretario— y, al mismo tiempo, reordena un tablero que combina gestión institucional, pulseadas internas y expedientes de alto voltaje político.
Según trascendió en el entorno del Gobierno, el pedido de renuncias abarca a cuatro de los cinco organismos bajo jurisdicción del ministerio: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción (OA), la Oficina de Bienes Recuperados y la UIF. La excepción, al menos por ahora, sería la Procuración del Tesoro, considerada un área especialmente delicada por el volumen de causas y litigios que representa para el Estado nacional y por el impacto fiscal de sus decisiones. La señal de Mahiques fue directa: “llego con un equipo”, y por lo tanto pide que los funcionarios políticos de la gestión saliente dejen sus cargos para avanzar con una conducción propia.
En el caso de la IGJ, el ministro también habría pedido la renuncia de su titular, Daniel Vítolo, en un organismo que en las últimas semanas volvió al centro de la escena por una disputa que excede lo societario y se metió de lleno en la política y el deporte: el conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La IGJ viene reclamando documentación contable y financiera y elevó solicitudes vinculadas a la designación de veedores para revisar estados contables, relaciones y operaciones con firmas y actores privados, además de pedidos de información sobre la creación de la llamada universidad de la entidad, UNAFA. Con la llegada de Mahiques, la decisión sobre ese expediente aparece ahora como una de las primeras pruebas de fuerza: el ministro hereda un caso caliente y, al mismo tiempo, busca mostrar que su ministerio no será un simple “paso administrativo”, sino un centro de control político-institucional.
La UIF, por su parte, es un engranaje crítico dentro y fuera del país. Además de su rol en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el organismo atraviesa evaluaciones y revisiones periódicas que impactan en la imagen argentina ante estándares internacionales. En el plano local, su conducción venía de cambios recientes: a comienzos de año se produjo la salida de Paul Starc y el ingreso de Ernesto Gaspari. El pedido de renuncia de la actual conducción sugiere que Mahiques pretende imprimir una orientación propia y, sobre todo, alinear la estructura de la UIF con el nuevo esquema político del ministerio. En un país donde las discusiones sobre financiamiento, control patrimonial y trazabilidad de fondos suelen rozar intereses sensibles, la conducción de la UIF es, para cualquier administración, una silla estratégica.
En el Gobierno justifican el recambio como “lógico” y habitual ante un cambio de gestión. Pero, en el contexto actual, el recambio no es solo administrativo. La mesa política que se reconfigura en Justicia tiene un trasfondo que combina tres planos: el institucional (revisar áreas, firmas, procedimientos), el operativo (definir prioridades en control y nombramientos) y el político (quién controla qué). La llegada de Mahiques y la designación de Santiago Viola como número dos se lee, dentro del oficialismo, como una consolidación de influencia de Karina Milei en los asuntos judiciales, justo en un área donde la administración libertaria necesita cohesión para encarar reformas y administrar expedientes complejos.
El recambio también se conecta con otra pieza del tablero: la salida de Sebastián Amerio de la secretaría, reemplazado por Viola, y el impacto que eso tiene sobre el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y puede remover jueces nacionales y federales. Por tradición, el representante del Poder Ejecutivo suele ser el viceministro o secretario de Justicia, por lo que el cambio de nombres arrastra, en los hechos, un cambio en la silla del oficialismo en ese órgano. En Casa Rosada señalan que la prioridad es acelerar la aprobación de pliegos para cubrir vacantes: el diagnóstico de base es que la cantidad de cargos sin cubrir tensiona el funcionamiento del sistema judicial y, a la vez, le abre al Gobierno una ventana para avanzar en nombramientos donde el requisito parlamentario sea más accesible.
En paralelo, circula una hipótesis política de corto plazo: que Amerio no quede fuera del esquema, sino que sea reubicado en otra función. En el entorno presidencial lo describen como alguien valorado por Javier Milei, lo que alimenta la idea de un reacomodamiento interno antes que una salida definitiva. Esa lectura se refuerza con otro dato: la transición entre Mariano Cúneo Libarona y Mahiques habría comenzado semanas atrás con reuniones reservadas, y el propio ministro entrante habría tenido contactos previos con la mesa política del Gobierno antes de su jura. Todo indica que la reorganización no es improvisada: responde a un diseño de poder y a una hoja de ruta para reordenar el ministerio desde arriba hacia abajo.
Por lo pronto, el pedido de renuncias en cadena marca una línea: Mahiques quiere control total de las áreas bajo su órbita y busca evitar “dobles comandos” en organismos que pueden condicionar la agenda del Gobierno en temas de transparencia, control societario y trazabilidad de fondos. El costo de ese movimiento es inevitable: cada recambio en organismos sensibles abre resistencias, tensiones internas y disputas silenciosas por reemplazos. Pero también hay una ganancia política clara: el Gobierno se asegura que las áreas que más pesan en el control estatal queden alineadas con la conducción política del momento.
La pregunta inmediata es qué nombres llegarán para reemplazar a quienes hoy quedan bajo pedido de renuncia y cuál será el criterio: si se impondrá un perfil técnico puro, un perfil político de confianza o una combinación. En el caso de la IGJ, el propio Mahiques deslizó que ya habría “dos o tres nombres” en carpeta. En el caso de la UIF y la OA, el Gobierno sabe que cualquier designación será leída en clave doméstica e internacional: no solo por el impacto en investigaciones locales, sino por el mensaje hacia estándares externos y evaluaciones que condicionan el acceso a financiamiento, relaciones bancarias y reputación institucional.
En síntesis, Justicia pasó de un recambio de ministro a una remodelación integral del edificio. La administración libertaria no oculta que quiere revisar “todos los ravioles” del ministerio, desde el control societario hasta la política anticorrupción y la recuperación de bienes. Y lo hace en un momento en el que la política argentina, como siempre, entiende una regla de hierro: cuando cambian las cúpulas de los organismos de control, cambia —o puede cambiar— mucho más que un organigrama.
