Buenos Aires, 20 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- Como había anticipado en exclusiva Total News Agency el pasado 15 de este mes, la situación patrimonial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este viernes un dato de alto impacto: el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que la vivienda del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, desde noviembre de 2024. La revelación vino a darle sustento documental a una controversia que ya venía creciendo alrededor del funcionario y que ahora deja al oficialismo frente a un frente judicial, político y patrimonial cada vez más incómodo.
Según la documentación catastral citada por, Angeletti aparece como única titular de la Unidad Funcional 380 desde el 15 de noviembre de 2024, cuando la adquirió a otro particular. El registro, de acuerdo con esa publicación, deja constancia de sus datos personales y de su vínculo con Adorni. El punto sensible es que, en la última declaración jurada patrimonial correspondiente al cierre de 2024, el hoy jefe de Gabinete informó dos inmuebles —uno en Parque Chacabuco y otro en La Plata—, además de ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares, pero no surgía de modo público esa propiedad de Exaltación de la Cruz.
Allí aparece una de las claves del caso. La normativa obliga a los funcionarios a declarar también el patrimonio de sus cónyuges, pero esa información suele quedar resguardada en anexos no accesibles en línea, salvo requerimiento judicial o decisión específica del Ministerio de Justicia. Es decir, la discusión no pasa solamente por la existencia de la casa, sino por si esa titularidad quedó correctamente reflejada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante los organismos fiscales competentes. Hasta ahora, esa respuesta no fue exhibida en público. De acuerdo con la versión publicada hoy, ante las consultas periodísticas el entorno de Adorni evitó dar precisiones y remitió cualquier explicación a la investigación judicial en curso. La diputada Lemoine había salido en defensa de Adorni, argumentando que solo se trataba de una propiedad reciclada y que no estaba ubicada en un barrio como La Isla.
La denuncia que impulsó la diputada Marcela Pagano sostiene que la propiedad y las expensas del lote 380 quedaron asociadas a Bettina Angeletti, lo que, a criterio de la legisladora, sugiere un vínculo dominial o posesorio que debió haber sido informado. También incorporó la sospecha de una obra de magnitud sobre la vivienda y pidió informes al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense y a la administración del country para determinar titularidad, eventuales permisos de construcción y fechas de las obras. En paralelo, la propia publicación periodística señaló que Angeletti posee además otro bien inscripto a su nombre en el partido de Morón, un dato que amplía el foco sobre la composición patrimonial del grupo familiar.
El problema para Adorni no se limita a esta casa. La polémica se superpone con otras dos controversias que ya lo venían desgastando: el viaje de su esposa en el avión presidencial durante la gira a Estados Unidos y el vuelo privado a Punta del Este junto a su familia. Sobre este último punto, La Nación informó hoy que la Justicia tiene en su poder facturas según las cuales el traslado de ida habría sido pagado por Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandio, mientras que el regreso integraría un paquete de vuelos facturado a un tercero. El juez Ariel Lijo ya ordenó medidas para reconstruir el circuito del dinero y resguardar pruebas, incluidas cámaras y registros del aeropuerto de San Fernando.
A ese cuadro se suma otra denuncia promovida por Pagano sobre la consultora +BE, creada por Angeletti en 2024. Según se supo esa firma brindó capacitaciones a ejecutivos de National Shipping SA, empresa proveedora histórica de YPF, por un monto total de 6.370.000 pesos en tres jornadas realizadas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. El caso abrió un nuevo interrogante político porque Adorni asumió luego como director titular clase A de YPF, lo que alimentó sospechas sobre un posible conflicto de intereses y sobre la evolución patrimonial del funcionario mientras seguía cobrando un salario estatal.
En términos políticos, la revelación de hoy agrava un desgaste que ya había obligado al presidente Javier Milei a salir a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. La defensa oficial se montó sobre el argumento de una supuesta ofensiva mediática, pero el paso de los días fue agregando elementos concretos: vuelos, facturas, denuncias, contratos y ahora una titularidad registral que coincide con lo que Total News Agency había adelantado en exclusiva el 15 de marzo. La novedad de este viernes no prueba por sí sola un delito, pero sí vuelve más difícil sostener que todo se reducía a rumores o a una simple operación política.
El punto de fondo es que el caso golpea en un terreno especialmente sensible para el relato libertario: la austeridad, la transparencia y la distancia frente a los privilegios del poder. Si la vivienda de Indio Cua estaba correctamente declarada en los anexos reservados, el Gobierno tendrá que demostrarlo. Si no lo estaba, el costo institucional podría escalar con rapidez. Por ahora, lo que queda es una secuencia cada vez más pesada para Adorni: primero los viajes, después los contratos bajo sospecha y ahora una propiedad cuya titularidad formal, según la publicación de Alconada Mon, ya no se mueve en el terreno de las versiones, sino en el de los registros oficiales.
