Buenos Aires, 21 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La causa por el viaje privado de Manuel Adorni a Punta del Este entró en una etapa más delicada y comprometedora. El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir quién pagó realmente los vuelos de ida y vuelta del jefe de Gabinete y su familia, cómo se movió el dinero y si detrás de esa operatoria hubo una simple cobertura entre allegados o un eventual esquema incompatible con la función pública. La investigación ya no se concentra sólo en el episodio político, sino en la trazabilidad concreta de los fondos, las facturas y los vínculos comerciales de quienes aparecen involucrados.
El primer dato que agravó el cuadro fue la incorporación al expediente de la factura del vuelo de ida, emitida por Alpha Centauri S.A. a nombre de Imhouse S.A., firma vinculada a Marcelo Grandio, periodista amigo de Adorni y con presencia en la TV Pública. Ese comprobante consigna un pago de 4.830 dólares, superior a la cifra aproximada de 3.800 dólares que el propio funcionario había mencionado en su defensa pública. Según la documentación reunida en la causa, ese tramo fue abonado mediante una transferencia en pesos por 6.984.180, cursada el 5 de febrero, lo que dejó de ser una versión y pasó a convertirse en un movimiento financiero bajo análisis judicial.
El regreso, lejos de aclarar el panorama, sumó nuevas sombras. La empresa aérea aportó otra factura por 42.250 dólares a nombre de Agustín Issin Hansen, identificada bajo el concepto “servicios aeronáuticos” y asociada a un paquete de diez vuelos a Punta del Este, uno de los cuales habría sido utilizado por la familia de Adorni. En torno de ese pago, el expediente también incorporó una constancia de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior, un detalle que amplió el foco de la pesquisa y empujó nuevas medidas para determinar origen, circuito y justificación de ese dinero. Issin Hansen, además, aparece como piloto corporativo y fue identificado en distintas publicaciones como trabajador del universo de la aviación ejecutiva, con vínculos laborales actuales con Consultatio.
A partir de ese escenario, Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Imhouse y de Issin Hansen, y el secreto bancario de Imhouse. También pidió informes a la ARCA sobre la situación fiscal, patrimonial, económica y financiera de las firmas y personas alcanzadas, y reclamó al Banco Santander el legajo completo de la productora, sus cuentas, movimientos, cheques, depósitos, transferencias y toda operación que pudiera vincularla con TV Pública, Marcelo Grandio, Manuel Adorni, Bettina Angeletti e Issin Hansen. En paralelo, requirió a la UIF datos sobre eventuales reportes de operaciones sospechosas, alertas o antecedentes de inteligencia financiera. Es decir, el expediente dejó de mirar sólo el viaje para empezar a mapear el ecosistema económico que lo rodeó.
El juzgado además ordenó a los organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando que remitan toda la documentación disponible, incluidos registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de verificar el recorrido de los pasajeros, la operatoria de pista y el eventual cumplimiento de los trámites de Migraciones y Aduana. A la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, le pidió que informe si existió expediente, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, viáticos, asignación de pasajes o cualquier otra cobertura estatal relacionada con el viaje, la estadía o el financiamiento. Esa línea de prueba apunta a despejar una pregunta central: si se trató de un viaje puramente privado o si hubo, directa o indirectamente, algún tipo de amparo administrativo o tolerancia impropia desde el aparato estatal.
El problema político de fondo es evidente. Imhouse aparece ligada a un periodista con presencia en la TV Pública, área que depende de la estructura de medios bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por eso la investigación no se limita al costo del vuelo, sino a una posible incompatibilidad entre favores privados y relaciones con áreas estatales sujetas a influencia del propio funcionario beneficiado. La causa, impulsada a partir de una denuncia de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, intenta determinar si el hecho puede encuadrar en un caso de dádivas o, eventualmente, en un supuesto de enriquecimiento ilícito. En paralelo, otras actuaciones sobre patrimonio y viajes siguen acumulando presión sobre Adorni, que quedó atrapado en una secuencia donde cada nueva factura, lejos de cerrar la discusión, abre otra pregunta más incómoda.
