Por Daniel Romero
Buenos Aires – 9 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. El Gobierno nacional habilitó al personal de las Fuerzas Armadas a desarrollar actividades laborales complementarias fuera del horario de servicio, una decisión que expone, con crudeza difícil de disimular, la crisis salarial que atraviesan soldados, suboficiales y oficiales. La medida puede presentarse como una flexibilización administrativa o como una ampliación de libertades individuales, pero en los hechos deja una imagen incómoda: militares argentinos obligados a buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes.
La resolución impulsada desde el Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, llega en un contexto de reclamos salariales, pérdida de poder adquisitivo y creciente preocupación por el abandono de cuadros formados durante años por el Estado. Según la información difundida, los efectivos podrán realizar tareas privadas compatibles con su función militar, como conducción en plataformas de transporte, reparto de pedidos, seguridad privada u otros servicios fuera de su jornada de servicio.
El problema no es que un militar pueda tener un ingreso adicional. En otros países existe esa posibilidad, siempre con autorización expresa, límites horarios y prohibición de conflictos de interés. El problema argentino es otro: aquí el pluriempleo aparece no como una opción excepcional, sino como una salida desesperada frente a salarios que, para buena parte del personal, resultan de hambre e indignos para una carrera que exige disciplina, disponibilidad, formación permanente y disposición a servir a la Nación.
La paradoja es brutal. En muchos casos, un vigilador de supermercado o un trabajador de seguridad privada puede obtener ingresos superiores a los de personal militar que recibió instrucción, entrenamiento, formación técnica y preparación para operar sistemas complejos. La comparación puede sonar hiriente, pero justamente por eso retrata la degradación de la función militar: el Estado invierte años en formar cuadros que luego empuja a manejar aplicaciones, repartir comida o custodiar comercios para sostener a sus familias.
Las escalas salariales vigentes muestran pisos que no se corresponden con la responsabilidad de la función. Para mayo de 2026, el haber mensual de un voluntario de segunda o marinero de segunda fue fijado en $686.838, el de un voluntario de primera o marinero de primera en $742.200, el de un cabo en $814.831, el de un cabo primero en $880.369 y el de un subteniente, guardiamarina o alférez en $926.881. Incluso grados medios y superiores quedan lejos de una retribución razonable si se considera responsabilidad, disponibilidad, traslados, familia, vivienda y exigencias de la carrera.
El deterioro no es nuevo. En 2025, reportes periodísticos ya habían señalado que más de 2.200 militares y miembros de fuerzas de seguridad renunciaron durante el primer semestre, en medio de salarios rezagados y dificultades para sostener gastos básicos. La sangría incluyó efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. En el caso de las Fuerzas Armadas, cada baja implica pérdida de experiencia, capacitación y años de inversión pública.
Ese es el punto central que el Gobierno no debería perder de vista. No se trata sólo de permitir que un oficial o suboficial haga unas horas de trabajo adicional. Se trata de evitar que militares formados abandonen la carrera porque no pueden pagar alquiler, combustible, alimentos, útiles escolares o servicios. Una Nación que obliga a sus militares a elegir entre servir o sobrevivir está desarmando su defensa antes de disparar un solo tiro.
La imagen de un oficial del Ejército Argentino repartiendo pizzas, manejando un auto de aplicación o haciendo seguridad privada no es una postal de libertad económica. Es una postal de abandono estatal. Puede haber casos particulares en los que una actividad secundaria sea compatible, digna y voluntaria. Pero cuando la autorización se vuelve respuesta a la crisis salarial, la medida deja de ser una opción y pasa a ser un reconocimiento implícito de fracaso.
En Estados Unidos, el personal militar activo puede acceder a empleos civiles secundarios, conocidos como “moonlighting”, pero requiere autorización del mando correspondiente, debe realizarse fuera del horario de servicio y no puede interferir con la disponibilidad militar ni utilizar uniformes, rangos o recursos de la fuerza con fines comerciales. En España, los militares pueden solicitar compatibilidad laboral, pero el segundo empleo no puede superar las 20 horas semanales y está vedado si genera conflictos de interés o vínculo con empresas que contraten con Defensa. En Canadá, el permiso queda condicionado a que no afecte el rendimiento físico ni mental del militar, y cualquier requerimiento operativo anula el empleo civil.
En Argentina, aun si se impusiera un límite similar al español de 20 horas semanales, el resultado económico sería insuficiente para muchos efectivos. Menos de tres horas por día de trabajo adicional difícilmente alcancen para cubrir combustible, alquiler o alimentos. La medida puede aliviar una urgencia individual, pero no resuelve el problema estructural: el salario militar perdió jerarquía, la carrera perdió atractivo y la defensa nacional quedó atrapada en una lógica de subsistencia.
El DNU 34/2026 modificó la Ley para el Personal Militar N.º 19.101 para que personal militar designado en cargos dentro del Ministerio de Defensa pueda permanecer en servicio efectivo sin afectar su carrera. La norma oficial aclara que esa modificación no implica ejercer cargos en simultáneo en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, y remite al régimen de incompatibilidades aplicable. Pero el debate público que se abre ahora es mucho más amplio: cómo se compatibiliza la función militar con trabajos privados cuando la razón real es la falta de ingresos suficientes.
La pregunta política es inevitable: ¿qué habrá pasado por la cabeza del ministro Carlos Presti al firmar una resolución de estas características? ¿Qué habrá sentido al poner su firma en una medida que, más allá de su legalidad, expone que hombres y mujeres preparados para defender la Patria necesitan buscar un segundo empleo? ¿Sintió algo? ¿O la burocracia terminó anestesiando el sentido profundo de la función militar?
El Gobierno de Javier Milei prometió jerarquizar a las Fuerzas Armadas, revalorizar su papel y terminar con años de abandono. Sin embargo, la autorización para el pluriempleo aparece como una respuesta pobre frente a una crisis profunda. En lugar de recomponer salarios, profesionalizar la carrera, fortalecer la industria de defensa y convertir al sector en una fuente de producción estratégica, se habilita a los militares a salir a buscar changas en el mercado.
La Argentina tiene otro camino. El Gobierno debería poner en marcha de una vez el aparato de producción para la defensa. El mundo necesita munición, armamento, drones, vehículos, radares, software, electrónica, comunicaciones, blindajes y sistemas de vigilancia. Muchas de esas capacidades podrían producirse en el país si hubiera decisión política, conducción eficiente e ideas. Lo que no produce el Gobierno, hasta ahora, son ideas a la altura de la crisis.
Fabricaciones Militares tiene más de 80 años de experiencia en el desarrollo y suministro de soluciones para la defensa. En las últimas semanas se anunció un plan para reactivar líneas de producción de municiones, componentes para vehículos blindados e insumos estratégicos. Es una señal positiva, pero insuficiente si no se convierte en una política de Estado que financie capacidades, genere exportaciones y permita mejorar el presupuesto de las Fuerzas Armadas sin depender sólo de partidas fiscales cada vez más ajustadas.
FAdeA e INVAP podrían formar parte de una nueva arquitectura industrial de defensa. INVAP ya demostró capacidad en tecnología nuclear, satelital, radares y sistemas complejos. FAdeA, en cambio, debería ser una plataforma para producir, integrar o mantener aeronaves, drones, componentes y sistemas útiles para la defensa moderna. Pero para eso necesita conducción, objetivos, mercado y control de resultados. Una fábrica que sólo produce quebrantos no defiende a nadie.
La guerra moderna está demostrando que los drones, la munición inteligente, los sistemas antidrones, los radares móviles, la guerra electrónica, la logística y la producción masiva de insumos pueden ser tan importantes como los grandes sistemas de armas. Ucrania, Israel, Irán, Rusia, Estados Unidos, Taiwán y varios países europeos ya entendieron que la defensa no se improvisa: se produce, se financia y se planifica.
La Argentina podría insertarse en ese mercado si dejara de mirar la defensa como gasto muerto. La industria militar bien administrada puede generar empleo calificado, exportaciones, innovación tecnológica, sustitución de importaciones y fuentes de financiamiento para sostener mejores salarios. No se trata de militarizar la economía, sino de entender que ningún país serio abandona su defensa ni condena a sus cuadros a la precariedad.
El caso de Chile suele aparecer como comparación regional. Durante décadas, las Fuerzas Armadas chilenas recibieron financiamiento asociado a la producción de cobre de Codelco, bajo la antigua Ley Reservada del Cobre, que destinaba recursos a la compra y mantenimiento de material bélico. Ese esquema fue reformado y reemplazado, pero dejó una enseñanza: un país puede diseñar mecanismos específicos, previsibles y estratégicos para financiar capacidades de defensa. En la Argentina, en cambio, lo que parece faltar no son recursos potenciales, sino voluntad política y conducción.
La discusión no debería quedar atrapada entre permitir o no permitir que un militar trabaje de Uber. Ese es apenas el síntoma. El diagnóstico es más duro: las Fuerzas Armadas pierden personal, pierden atractivo profesional y pierden capacidad de retener cuadros preparados. El Estado forma a un aviador, un marino, un artillero, un especialista en comunicaciones o un técnico en mantenimiento, y luego lo empuja al sector privado porque no puede ofrecerle una carrera digna.
La disciplina militar también se ve afectada. Un efectivo que trabaja de noche para completar ingresos puede llegar cansado a su unidad. Un oficial que reparte pedidos después del servicio compromete descanso, disponibilidad y rendimiento. Un suboficial que hace seguridad privada puede quedar expuesto a conflictos de interés, riesgos legales o situaciones incompatibles con el prestigio de la fuerza. Las Fuerzas Armadas no son una oficina común: requieren preparación física, alerta, obediencia, entrenamiento y cohesión.
La medida también golpea la moral interna. Para un joven que piensa ingresar al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, el mensaje es devastador: el Estado te pide vocación, disciplina y sacrificio, pero quizás debas tener otro trabajo para pagar tus cuentas. Eso no jerarquiza la carrera militar; la degrada.
El Gobierno puede presentar la decisión como una herramienta de flexibilidad. Pero la realidad es que habilitar el pluriempleo no equivale a resolver la pobreza salarial. Una Nación que pretende tener Fuerzas Armadas modernas no puede apoyarse en militares agotados, mal pagos y obligados a depender de plataformas digitales. La defensa nacional no puede descansar sobre repartos de comida, viajes de aplicación ni guardias privadas de supermercado.
La salida exige una política integral: recomposición salarial real, plan de retención de cuadros, inversión en capacitación, recuperación de infraestructura, reactivación industrial, producción nacional de municiones y drones, acuerdos tecnológicos con aliados, exportación de bienes de defensa y control estricto de empresas estatales del sector. Allí podría estar una fuente seria de financiamiento. No en empujar a los militares al mercado de changas.
La Argentina necesita Fuerzas Armadas profesionales, respetadas y bien pagas. No por nostalgia ni por corporativismo, sino porque ningún país puede defender territorio, recursos naturales, fronteras, mar, espacio aéreo, infraestructura crítica y soberanía si sus cuadros están pensando cómo cargar nafta para ir a trabajar después del servicio.
La resolución deja al desnudo una verdad incómoda: los militares están abandonando las Fuerzas Armadas porque el salario ya no alcanza para comer. Y cuando un país pierde a quienes formó para defenderlo, no sólo pierde personal. Pierde futuro, capacidad estratégica y respeto por sí mismo. Somos una nacion que parió hombres de armas y héroes, no solo para nuestra independencia, evitaron que Cuba plantara su bandera de la mano del terrorismo y defendioeron Malvinas con honor y valor, ahora generamos choferes de Uber y repartidores de piza.
