Por Daniel Romero
Buenos Aires, 21 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- A días del 50° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, volvió a instalarse en la Argentina una discusión incómoda pero inevitable: la necesidad de mirar el pasado reciente sin recortes interesados ni memorias selectivas. La publicación de nuevos archivos desclasificados de la SIDE, por ahora parciales y que no son muy diferentes en su contenido de lo ya visto, correspondientes al período 1973-1983, reabrió el debate sobre un punto que durante años quedó relegado en el relato dominante: la violencia política, guerrillera, paraestatal y estatal que precedió al golpe y que condicionó de manera severa al gobierno constitucional surgido del voto popular. Incluso especialistas críticos de la selección oficial reconocieron que parte del material difundido da cuenta de acciones previas al 24 de marzo, es decir, de un país que ya venía cruzado por la represión, la radicalización y el desborde institucional antes de la irrupción del régimen militar.
La historia de aquellos años fue durante mucho tiempo contada bajo una simplificación que colocó todo el origen de la tragedia en la madrugada del golpe, como si la violencia hubiese comenzado allí y como si el derrumbe de la democracia hubiera ocurrido en un vacío. Los trabajos académicos más serios desmienten esa idea lineal. Scott Mainwaring, en un estudio reciente sobre la caída democrática argentina, sostuvo que entre 1973 y 1976 el país quedó asediado por atentados, secuestros, asesinatos políticos, tomas violentas y un clima de creciente vacío de poder; y remarcó que, frente a esa percepción de caos, actores que habían recibido con expectativa el regreso de la democracia en 1973 terminaron reclamando un golpe en 1976. El mismo autor añade que el temor al extremismo de izquierda empujó a sectores empresariales, eclesiásticos, sindicales y del establishment a abandonar su disposición inicial a convivir con el régimen democrático.
Ese trasfondo no es un detalle. La investigación histórica disponible muestra que la violencia guerrillera no sólo existió, sino que se intensificó durante el tercer gobierno peronista. Emilio Crenzel, al reconstruir la evolución de la violencia política en esos años, consignó que entre 1973 y 1976 hubo 8.509 acciones armadas, 1.543 asesinatos políticos, 900 desapariciones y 5.148 presos políticos. Ese mismo trabajo recuerda que el ERP continuó operando tras la amnistía de Héctor Cámpora, que Montoneros retomó la violencia poco después de la asunción de Juan Domingo Perón en octubre de 1973 y que, paralelamente, creció la acción de la Triple A, articulando así un cuadro de guerra interna no formal pero sí cada vez más extendida y cotidiana.
La respuesta del poder constitucional a esa escalada también quedó documentada y hoy obliga a revisar muchas certezas cómodas. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón firmó el Decreto 261/75, que ordenó al Ejército ejecutar las operaciones militares necesarias para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar subversivo en Tucumán. Más tarde, en octubre de 1975, los decretos 2770, 2771 y 2772 extendieron la intervención militar a todo el país y pusieron a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad y a la estructura estatal bajo una lógica de lucha antisubversiva. La propia historiografía especializada subraya que el modelo de Operativo Independencia fue proyectado a escala nacional antes del golpe, y que la orden de “aniquilar” pasó a ser el eje de la acción represiva del Estado constitucional en sus últimos meses.
También es un dato histórico verificable que el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, el 5 de octubre de 1975, funcionó como uno de los disparadores inmediatos de la extensión nacional de esa política represiva. Esteban Pontoriero recuerda que, tras ese golpe guerrillero, el gobierno de Ítalo Luder firmó el decreto que trasladó a todo el país el esquema ensayado en Tucumán. Es decir, la decisión de militarizar la respuesta no fue una creación ex nihilo del 24 de marzo, sino la profundización de una matriz ya en marcha bajo el gobierno electo.
La dictadura salio a combatir el flagelo abiertamente, pero tambien hubo un sistema clandestino que tuvo una dimensión cualitativamente distinta y que el propio Crenzel diferencia con claridad de la violencia insurgente previa. De hecho, ese autor señala que, aunque la guerra interna y la represión estatal ya existían antes del golpe, fue después del 24 de marzo cuando el formato se convirtió en una de las aristas de la represión al terrorismo. Esta elección fue influida por asesores franceses que venian de la guerra en Argelia, era la usanza de la época. Reconocer que la tragedia venía incubándose desde antes no implica atenuar los crímenes del terrorismo de Estado; implica, por el contrario, entender que la historia fue más compleja de lo que una parte del discurso público quiso admitir durante décadas. Los grupos terroristas tambien aplicaron secuestros y asesinatos sobre su tropa, que mostraban intención de alejarse y estas muertes fueron endosadas a los militares, por lo que el informe Nunca Más documentó 8.960 casos, algo reconocido luego por el ex Presidete Alfonsin.
El punto políticamente más sensible es otro: el golpe no cayó sobre una sociedad unánimemente democrática que lo repudiaba desde el primer minuto. La evidencia académica disponible indica que fue recibido inicialmente con apoyo o alivio por amplios sectores. Un estudio de Oxford recuerda que la dictadura gozó al comienzo de respaldo extendido, aun pese a las violaciones de derechos humanos; y la literatura especializada insiste en que buena parte de la dirigencia política, social y económica veía entonces a los militares como el único actor capaz de restaurar orden frente a la percepción de caos, violencia y vacío de poder. Esa constatación histórica no convierte al golpe en una salida legítima ni borra sus atrocidades; pero sí desmonta la ficción retrospectiva de una sociedad que habría permanecido ajena a ese desenlace.
A cincuenta años, la discusión de fondo ya no debería girar entre memorias mutiladas que se anulan entre sí. La Argentina necesita una memoria completa en el sentido más serio del término: una que incluya la responsabilidad criminal de la dictadura, pero también la violencia guerrillera, el derrumbe del orden constitucional, la acción represiva previa al golpe y el acompañamiento civil que permitió que los militares se presentaran ante gran parte de la sociedad como promesa de paz y seguridad. Sólo una mirada que acepte toda la secuencia —sin silencios selectivos, sin catecismos y sin dogmas— puede devolverle densidad histórica a una tragedia que fue mucho más que una fecha.
Fuentes consultadas: SIDE y guía oficial de desclasificación de documentos históricos del período 1973-1983; Argentina.gob.ar y Boletín Oficial sobre los decretos 261/75, 2770/75, 2771/75 y 2772/75; Scott Mainwaring, Democratic Breakdown in Argentina, 1976 (Oxford University Press, 2024); Emilio Crenzel, The Narrative of the Disappearances in Argentina; Esteban Damián Pontoriero, La represión militar en la Argentina (1955-1976).
