Buenos Aires, 26 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-La causa $LIBRA entró en una zona de máxima tensión judicial y política luego de que la defensa del lobista Mauricio Novelli pidiera la nulidad total del peritaje informático realizado por la DATIP sobre sus dispositivos, una prueba clave que había dejado al descubierto comunicaciones con Javier Milei, Karina Milei y otros actores del entorno oficial, además de borradores de acuerdos y papeles que abrieron una nueva dimensión del escándalo. El planteo ingresó este jueves en el expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 8, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, y sostiene que hubo filtraciones, acceso indebido al material, afectación de la cadena de custodia y un análisis que se habría excedido de lo ordenado.
La ofensiva defensiva no apunta a una prueba menor. El peritaje de la DATIP fue el que permitió reconstruir llamadas entre Novelli y el Presidente en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda, contactos con Karina Milei y Santiago Caputo, y la existencia de documentos sobre presuntos acuerdos millonarios ligados al acceso al poder. Si esa prueba fuera invalidada, el impacto sería mayúsculo: no se caería sólo un informe técnico, sino el núcleo probatorio más explosivo que hasta ahora contradijo las explicaciones políticas del oficialismo y colocó a la causa en un nivel mucho más comprometedor. El escándalo institucional sería enorme, porque la discusión dejaría de girar sólo sobre el contenido del teléfono de Novelli para pasar a concentrarse en si se dejó morir, contaminar o neutralizar la evidencia más sensible del expediente.
La defensa de Novelli sostiene que el análisis técnico recolectó miles de archivos privados y comunicaciones amparadas por secreto profesional, y por eso reclama no sólo la exclusión del peritaje sino también una auditoría independiente o un contraperitaje. Sin embargo, la posición del fiscal Taiano venía yendo en sentido contrario. En un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, el fiscal dejó asentado que el informe preliminar fue emitido el 17 de noviembre de 2025, que el informe final llegó a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y que fue incorporado al sistema judicial el 24 de febrero, es decir, antes de la difusión pública de documentación ocurrida el 6 de marzo. Ese punto es central porque la fiscalía intenta demostrar que la filtración posterior no equivale automáticamente a ruptura de cadena de custodia ni a contaminación del peritaje.
En ese marco aparece un actor que añadió todavía más ruido político: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El 16 de marzo, ya en funciones, sostuvo públicamente que si alguien había accedido indebidamente al archivo “puede que no se haya cuidado la cadena de custodia” y que incluso “se puede haber adulterado el archivo”. Al día siguiente, distintas reconstrucciones periodísticas señalaron que el ministro había quedado prácticamente alineado con una hipótesis de nulidad que favorecía a los investigados. Ese movimiento no pasó inadvertido porque Mahiques había asumido recién el 5 de marzo, apenas once días antes de instalar públicamente una línea argumental que hoy coincide con el planteo formal de la defensa de Novelli.
No hay, al menos por ahora, constancia pública verificable de que Mahiques hubiera evaluado esa nulidad antes de asumir como ministro. Pero precisamente por eso su rapidez para salir a sembrar dudas sobre la prueba abrió un interrogante político inevitable: qué información manejaba ya entonces, por qué eligió instalar esa hipótesis en un expediente tan delicado y si su intervención pública buscó condicionar el clima de la causa antes de que la defensa formalizara el pedido. La sola aparición de esa duda ya es grave para un ministro de Justicia, porque lo coloca bajo sospecha de haber actuado menos como garante institucional del proceso que como un anticipador de la estrategia que después adoptó uno de los imputados más comprometidos.
Por eso, lo que está en juego ya no es sólo el destino procesal de Novelli ni la situación judicial que salpica a Milei. Lo que se discute ahora es si una prueba decisiva será sostenida por su valor técnico o demolida en medio de filtraciones, sospechas cruzadas y maniobras defensivas que rozan de lleno al poder político. Si el peritaje cae, el golpe para la investigación sería demoledor. Y si además queda la sensación de que desde el propio Ministerio de Justicia se ayudó a preparar ese terreno, el caso $LIBRA dejará de ser únicamente una causa sobre una criptomoneda y pasará a ser también una historia sobre interferencias, blindajes y daño institucional en el corazón mismo del Estado.
