Buenos Aires, 27 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de anular la condena que obligaba a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF reordenó por completo uno de los frentes judiciales más delicados que arrastraba el país desde hacía más de una década. El tribunal, en un fallo dividido de dos votos contra uno, dejó sin efecto la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, confirmó el rechazo de reclamos contra YPF y además desarmó la orden que había buscado forzar la entrega del 51% accionario estatal como parte de pago. Para la administración de Javier Milei, el pronunciamiento significó mucho más que un alivio financiero: fue una victoria jurídica de enorme magnitud en el expediente externo más amenazante contra La Argentina.
El resultado también representa un respaldo concreto a la estrategia desplegada por la actual Procuración del Tesoro de la Nación, que en esta etapa quedó bajo la conducción de Santiago Castro Videla, con participación central del subprocurador Juan Ignacio Stampalija y del equipo jurídico del Estado. En los meses previos, el Gobierno había conseguido que la misma Cámara suspendiera el discovery post sentencia y frenara otros procedimientos de ejecución, mientras el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó partido a favor de la posición argentina al advertir que ciertas medidas impulsadas por los demandantes eran intrusivas y podían afectar la reciprocidad entre Estados. Esta posición de Estados Unidos, no podria haber sucedido sin el logro de Milei en alinear los intereses de Argentina y EE.UU. Ese contexto no garantiza que el pleito haya desaparecido para siempre, pero sí confirma que la defensa oficial logró revertir lo que hasta hace poco parecía un escenario extremadamente adverso.
Pero el fallo también vuelve a poner bajo una luz especialmente dura la forma en que el kirchnerismo, y en particular Axel Kicillof, condujeron la estatización de YPF en 2012. El problema no fue sólo la decisión política de expropiar el 51% en manos de Repsol, sino la manera en que se encaró el proceso, despreciando las obligaciones previstas en el estatuto societario de la petrolera y subestimando durante años el costo potencial de ese camino. En aquel momento, Kicillof se convirtió en el principal arquitecto intelectual de la avanzada y llegó incluso a ridiculizar públicamente la idea de respetar el mecanismo de oferta pública previsto en el estatuto. Esa mezcla de voluntarismo ideológico, improvisación y desafío a reglas básicas del mercado fue la que incubó un litigio monumental que recién ahora encuentra un alivio decisivo para la Argentina.
Detrás de ese episodio aparece además otro capítulo incómodo de la historia de YPF y el kirchnerismo: el ingreso del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, a la estructura accionaria de la petrolera. Diversos reportes de época describieron a Enrique Eskenazi como un empresario con estrecha cercanía a Néstor Kirchner, y la operación por la cual el grupo llegó primero al 14,9% y luego al 25% de la compañía tuvo una ingeniería singular: incluyó un préstamo del propio vendedor, Repsol, y financiamiento bancario que descansaba en gran medida sobre el cobro futuro de dividendos de la misma YPF. En otras palabras, una parte sustancial de la compra se montó sobre la expectativa de pagar con los beneficios generados por las acciones adquiridas. Cuando en 2012 la expropiación alteró esa lógica y se frenó el flujo de dividendos, el andamiaje colapsó, el grupo quedó en default y su situación derivó luego en el largo frente litigioso que terminó explotando en los tribunales de Nueva York.
Ese punto es central para entender por qué el caso nunca fue solamente una disputa abstracta entre la Argentina y un fondo sofisticado. Las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, vinculadas a la familia Eskenazi, estuvieron en el origen del reclamo junto con Eton Park. Más tarde, Burford Capital compró los derechos de litigio de esas sociedades por unos 15 millones de euros y transformó el expediente en un negocio financiero global, al punto de vender participaciones del reclamo a terceros inversores antes de que hubiera sentencia definitiva. Así, el litigio combinó la maniobra original de accionistas ligados al viejo esquema de YPF con la intervención de un financista especializado en pleitos, que buscó capturar una renta extraordinaria a partir de la mala praxis cometida en la expropiación. Por eso, más que una simple pulseada entre la Argentina y un “fondo buitre”, el expediente expuso una cadena de decisiones políticas, empresariales y judiciales que terminaron amplificando el riesgo para el país, muchas voces se alzaron asegurando que tambien en esta instancia, los Eskenazi habrian sido testaferros de los Kirchner..
En ese marco, el éxito de la defensa del gobierno de Milei adquiere una dimensión política y económica evidente. El fallo no sólo borra, al menos en esta instancia, una cuenta que ya rondaba los USD 18.000 millones con intereses, sino que además preserva un activo estratégico: la participación estatal en YPF, pieza clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para la aspiración oficial de convertir a la energía en uno de los grandes motores de acumulación de divisas. También golpea duramente a Burford Capital, cuyas acciones se desplomaron tras conocerse la sentencia. El oficialismo celebró el resultado como un hito, y hay razones objetivas para sostener que se trata de uno de los mayores triunfos judiciales internacionales obtenidos por la Argentina en tiempos recientes, sobre todo si se recuerda que semanas atrás la defensa oficial había conseguido además el acompañamiento del propio gobierno de Estados Unidos en cuestiones procesales sensibles.
La enseñanza política que deja el caso es incómoda para el kirchnerismo y especialmente para Kicillof. La recuperación de YPF fue presentada en 2012 como un acto de soberanía, pero la forma en que se ejecutó abrió una puerta judicial que pudo haberle costado al país una cifra descomunal. Al mismo tiempo, el derrotero del Grupo Petersen dejó a la vista un esquema de ingreso accionarial extraordinariamente beneficioso para un grupo empresario próximo al poder, apalancado por dividendos y sostenido por una lógica que hacía descansar la compra en la propia caja futura de la compañía. El fallo de este viernes no borra aquella secuencia. Al contrario: la revive. Y lo hace en un momento en que la administración de Milei puede exhibir que, donde antes hubo improvisación, arrogancia y un costo potencial monstruoso para el Estado, ahora hubo una defensa técnica eficaz que evitó un daño histórico.
