Por RR
Buenos Aires, 29 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El Gobierno de Javier Milei llega al final de marzo con una bocanada de oxígeno que, en otro contexto, habría dominado por completo la escena política. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió por dos votos contra uno la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF, dejó sin efecto la orden para entregar acciones de la petrolera y desactivó, al menos por ahora, una amenaza financiera de enorme magnitud sobre las cuentas públicas. El fallo fue celebrado por la administración libertaria como un triunfo jurídico y político, aunque los demandantes ya dejaron abierta la posibilidad de insistir por otras vías judiciales o arbitrales.
Ese alivio, sin embargo, convive con un foco de desgaste que la Casa Rosada todavía no logra clausurar: la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego de la controversia por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la gira oficial a Estados Unidos, y del posterior episodio del vuelo a Punta del Este, el funcionario intentó defenderse en conferencia de prensa y aseguró que no tenía “nada que esconder”, que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Estado y que el traslado a Uruguay había sido estrictamente personal. Pero las explicaciones no alcanzaron para cerrar el caso y el expediente siguió moviéndose en tribunales.
De hecho, en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo dispuso medidas de protección para Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria vinculada a la empresa aérea que aparece en la causa, luego de que denunciara presiones tras declarar. Según distintos reportes periodísticos, la testigo sosTUVO que Adorni había sido invitado por el periodista Marcelo Grandio al vuelo investigado y que incluso se habría intentado evitar la emisión de una factura. Son extremos que forman parte del expediente y que todavía deberán ser corroborados judicialmente, pero que mantuvieron vivo un problema que el oficialismo quería sacar del centro de la agenda.
En paralelo, dentro del oficialismo se consolidó la idea de que la salida no pasa por esconder a Adorni, sino por sobreexponerlo. En ese razonamiento, tanto el entorno de Karina Milei como sectores cercanos a Santiago Caputo habrían coincidido en que el ex vocero presidencial debe recuperar centralidad, volver a ser una cara cotidiana de la gestión y hablar de temas de gobierno para dejar de responder solamente por su frente judicial y patrimonial. La apuesta oficial sería que el paso de los días, combinado con mayor presencia pública, termine licuando el episodio. Pero el problema es que algunos relevamientos privados describieron un deterioro importante de su imagen digital: el caso volvió a instalar términos como “soberbia”, “evasiva” y “Punta del Este”, y la conferencia reactivó con fuerza la conversación negativa en redes, según mediciones privadas y análisis de especialistas difundidos en las últimas horas.
A ese cuadro se suma una calle que amenaza con recalentarse. ATE y organizaciones sociales lanzaron un plan de lucha para el 31 de marzo y el 7 de abril tras el cierre del programa Volver al Trabajo. El reclamo, que según los convocantes afectaría a unas 950.000 personas, unificó a sectores que venían dispersos y volvió a poner en movimiento a estructuras piqueteras y sindicales, afines al kirchnerismo, que en los últimos meses habían tenido menor capacidad de coordinación. Para un Gobierno que hizo del control del espacio público uno de sus activos más visibles, ese reagrupamiento es una señal de alerta en la antesala de abril.
En el frente económico, el otro punto bajo vigilancia es el precio de la energía. La escalada del crudo por la guerra en Irán volvió a encender alarmas inflacionarias y obligó a reaccionar a la Secretaría de Energía. El Gobierno anunció la adecuación de la norma de calidad de naftas para amortiguar el traslado del encarecimiento internacional a los surtidores: elevó el límite máximo de oxígeno permitido al 5,6% y habilitó mezclas de hasta 15% de bioetanol. La medida fue presentada oficialmente como una herramienta para dar flexibilidad a la industria y proteger al consumidor en un momento en que el precio internacional del petróleo sigue tensionado. Para Luis Caputo, que necesita preservar el principal argumento económico de la gestión, cualquier rebrote en combustibles e inflación sería especialmente sensible.
Pero donde el clima se muestra más espeso es en la interna del poder. Lo comprobable es que el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia quedó oficializado a comienzos de marzo y que luego se formalizó el ascenso de Santiago Viola como secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Sobre esa base concreta se montó, según distintos reportes políticos, una tensión más abierta entre Karina Milei y Santiago Caputo por el reparto de influencia real en el gabinete y en áreas sensibles del Gobierno. En esa disputa, el asesor presidencial aparecería cada vez más incómodo con la pérdida de centralidad, mientras la hermana del Presidente consolida un esquema donde partido, gestión y caja política quedan bajo su órbita.
En ese marco también empezaron a circular versiones especialmente ásperas alrededor del capítulo AFA, que el oficialismo miraría como una zona de disputa política, judicial y de poder. Según una versión publicada este fin de semana, Santiago Caputo habría cuestionado la llegada de Mahiques a Justicia no sólo por su recepción en Comodoro Py, sino también por sus presuntos vínculos con la conducción de la AFA, en momentos en que el Gobierno buscaba arrinconar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Esa misma versión fue más allá y deslizó, en forma de interrogante, que el juez Diego Amarante podría haber tenido avanzada una resolución procesal contra ambos dirigentes y que incluso el FBI habría hecho llegar inquietudes por un eventual freno en la causa de aportes mientras colaboraba con ARCA. Nada de eso pudo ser corroborado de manera independiente en las fuentes oficiales consultadas; sí está confirmado que la causa por presunta retención indebida de aportes existe, que Amarante citó a indagatoria a Tapia y Toviggino, que les prohibió salir del país y que la investigación sigue abierta en una etapa decisiva.
La otra pieza que añade presión es la causa $LIBRA. Las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli siguieron generando repercusiones, mientras la querella pidió nuevas indagatorias y la defensa del empresario buscó anular el peritaje alegando irregularidades en la cadena de custodia. En el oficialismo hay quienes leen esas novedades como una forma de presión adicional desde sectores judiciales desplazados por el recambio en Justicia; esa interpretación pertenece al terreno de la especulación política y no de la prueba. Lo objetivo es que el expediente continúa produciendo revelaciones, ruido y costos reputacionales para el Gobierno.
Así, el cierre de marzo deja una postal contradictoria para la administración libertaria. El fallo por YPF evitó un golpe monumental y devolvió margen. Pero debajo de esa victoria persiste un entramado de conflictos que no terminó de ordenarse: Adorni sigue siendo un problema abierto, la calle puede volver a calentarse, el petróleo amenaza con complicar la batalla inflacionaria y la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo asoma como una discusión de poder todavía lejos de resolverse. El Gobierno ganó aire, pero no tranquilidad
