Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 29 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y de Santiago Viola a la Secretaría de Justicia y al Consejo de la Magistratura no sólo reordenó el mapa interno del oficialismo. También empezó a mover placas dentro de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde en los últimos días quedó expuesta una diferencia que en Comodoro Py ya no se lee como un matiz técnico sino como una disputa de poder. La combinación entre el desembarco de una nueva conducción política en el área judicial, el control de las vacantes y la pelea por el diseño de los concursos para jueces abrió un nuevo foco de tensión institucional que, de profundizarse, podría terminar impactando en expedientes sensibles para la administración de Javier Milei.
El Presidente designó a Mahiques como ministro el 5 de marzo, que luego nombró a Viola como secretario de Justicia y que, pocos días más tarde, lo colocó además como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el organismo clave en la selección y sanción de jueces. Desde el arranque, esa secuencia fue leída en ámbitos políticos y judiciales como una victoria del esquema político de Karina Milei sobre el sector que hasta entonces tenía gravitación en esa cartera a través de Sebastián Amerio y del universo ligado a Santiago Caputo. No se trató, por lo tanto, de un simple recambio administrativo: fue una reasignación de poder en un terreno donde se deciden nombramientos, equilibrios y causas.
En su primer encuentro formal con los jueces de la Corte, el 17 de marzo, Mahiques ratificó el compromiso de avanzar con la cobertura de más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores, y además el ministerio informó que ya había puesto en revisión 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales para habilitar el envío de pliegos. Esa política, presentada oficialmente como un intento de normalizar un sistema saturado de vacancias y subrogancias, tiene al mismo tiempo una dimensión política inocultable: quien mueve vacantes, mueve influencia. En la Argentina, la administración de esos lugares nunca fue un asunto neutro y, menos aún, cuando el oficialismo acaba de ganar una silla decisiva en el Consejo de la Magistratura.
Sobre ese tablero ya recargado irrumpió esta semana la novedad que agitó a la Corte. Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impulsaron y firmaron un proyecto de reglamento para reformar el sistema de concursos de magistrados con el argumento de reducir la discrecionalidad política y reforzar el mérito y la idoneidad técnica. La iniciativa propone, entre otros cambios, exámenes anónimos, mayor digitalización, reglas más rígidas para las entrevistas personales, un banco de preguntas y un tope del 10% para la incidencia de esas entrevistas en el puntaje final. El dato más fuerte no fue sólo el contenido del proyecto, sino la ausencia de la firma de Horacio Rosatti, presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura.
Ese detalle transformó una discusión reglamentaria en una señal política. En el ambiente judicial se interpretó que la falta de unanimidad dejó a la vista una grieta interna poco habitual en el máximo tribunal. Según trascendió en versiones periodísticas de fuerte circulación en tribunales, Rosatti habría evitado acompañar el texto con el argumento de que, por presidir el Consejo, debía preservar una posición compatible con el debate posterior del proyecto en ese organismo. Pero esa explicación no habría conformado a sus colegas, que igualmente avanzaron por su cuenta. Más aún: también se difundió que en una reunión posterior con Mahiques y Viola para explicar los alcances de la propuesta, Rosatti no estuvo presente, ausencia que fue leída como otra señal de enfriamiento, pero algo cambió y en las invitaciones para el acto de presentación, si aparece Rosatti.
Lo que se mueve, entonces, no es sólo una reforma de concursos, sino el equilibrio interno entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. En despachos judiciales comenzó a hablarse de un posible corrimiento de Rosenkrantz respecto del eje que históricamente sostuvo con Rosatti, algo que dejaría de aislar a Lorenzetti y alteraría una dinámica que venía relativamente estabilizada. Nadie en el tribunal admite una ruptura formal, pero la sola aparición de esta diferencia en un tema estructural ya alcanza para mostrar que la relación entre la cúpula judicial y el nuevo armado político del área de Justicia no transita un terreno lineal. Y eso importa porque la administración libertaria, que meses atrás mantenía una relación áspera con la Corte, parece haber optado ahora por un acercamiento más selectivo, con nuevos interlocutores y otro reparto de influencias.
Allí aparece el costado más delicado para el Gobierno. Si la pulseada por vacantes, concursos y mayorías en el Consejo de la Magistratura escala, la tensión podría dejar de ser una interna técnica para convertirse en una puja por el control del clima judicial. En ese contexto, en Comodoro Py muchos dan por hecho que la reconfiguración del vínculo entre Casa Rosada, Corte y Consejo será observada a la luz de las causas que tocan al poder político. No porque exista una prueba de interferencia concreta, sino porque en la práctica argentina las señales de alineamiento o distancia dentro del sistema judicial suelen leerse también en clave de expedientes. Por eso, esta nueva interna podría terminar rozando investigaciones que incomodan al oficialismo, desde el caso $LIBRA hasta el expediente por los vuelos de Manuel Adorni, y también otras causas de alto voltaje político que el Gobierno mira de cerca.
En ese marco, la administración de Milei enfrenta un riesgo doble. Por un lado, necesita mostrar que la cobertura de vacantes y la reforma de concursos responden a una agenda institucional genuina. Por otro, debe evitar que la avanzada de su nuevo equipo en Justicia sea interpretada como una maniobra de ocupación política de resortes clave del sistema judicial. La situación se vuelve todavía más sensible porque la propia figura de Viola, hombre de extrema confianza del armado político libertario, quedó instalada en una de las sillas más estratégicas del Consejo, justo cuando el oficialismo intenta consolidar músculo en un organismo donde se discuten ternas, sanciones y poder real.
Lo que emerge detrás de esta secuencia es otra interna del poder, distinta de la que divide a los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo dentro del Gobierno, pero conectada con ella. Esta vez el campo de batalla es la Justicia. Y aunque todavía no haya una fractura terminal ni un choque abierto entre la Corte, el Consejo y el nuevo Ministerio, las señales acumuladas en marzo alcanzan para advertir que el frente judicial dejó de ser un territorio de simple administración para convertirse en otro espacio de disputa. Si esa pelea se profundiza, el costo no será sólo institucional: también podría volverse un problema político directo para la Casa Rosada.
