Buenos Aires, 30 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno de Javier Milei avanza sobre una de las estructuras de poder más sensibles de la Argentina: los tribunales federales de Comodoro Py 2002, el fuero donde se investigan las causas de corrupción contra funcionarios, exfuncionarios, empresarios y operadores políticos. Bajo el argumento de cubrir vacantes que paralizan al sistema, la administración libertaria puso en marcha una ofensiva de nombramientos que, por volumen, oportunidad y nombres en juego, ya genera sospechas de una colonización judicial al mejor estilo kirchnerista.
El oficialismo se imagina rediseñando el fuero federal porteño, el mismo que durante décadas tuvo en sus manos expedientes decisivos sobre corrupción, inteligencia, obra pública, lavado de dinero, financiamiento político, causas contra expresidentes y escándalos de funcionarios en ejercicio. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia aceleró una estrategia que incluye el envío de decenas de pliegos al Senado, la cobertura de vacantes en tribunales orales federales, la renovación parcial de la Cámara Federal porteña y el seguimiento de concursos en juzgados de primera instancia.
El dato político es contundente: nunca un gobierno reciente tuvo tantas vacantes disponibles para repartir en lugares tan estratégicos. En despachos oficiales, según admiten fuentes del propio sistema, se celebra que el Ejecutivo tenga “tantos caramelos para repartir”. La frase resume la mirada del poder: cada vacante no es sólo un cargo judicial, sino una pieza dentro de un tablero que puede condicionar investigaciones presentes y futuras.
La comparación con el kirchnerismo surge de manera inevitable. Durante años, el kirchnerismo intentó colonizar áreas judiciales sensibles, presionar magistrados, modificar equilibrios internos, promover jueces amigos y condicionar expedientes de corrupción. Ahora, el Gobierno libertario, que llegó al poder prometiendo terminar con la casta y defender la independencia institucional, aparece utilizando métodos parecidos: premios, castigos, retiro de pliegos, negociación de cargos y diseño de mayorías en fueros clave.
El caso de María Verónica Michelli expuso crudamente esa lógica. El Gobierno retiró su pliego para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata luego de que se conociera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones incómodas para el oficialismo, entre ellas publicaciones sobre el caso $LIBRA, el patrimonio de Manuel Adorni y otros asuntos sensibles para la administración libertaria. Michelli es cuñada de Alconada Mon, y esa condición habría bastado para que el Gobierno frenara su ascenso.
La decisión derivó en una denuncia penal contra Javier Milei por presunto abuso de autoridad y posible conducta discriminatoria. Los denunciantes sostienen que el retiro del pliego no respondió a objeciones sobre idoneidad, antecedentes profesionales o desempeño académico, sino a un parentesco familiar con un periodista crítico del Gobierno. Si esa hipótesis se confirma, el caso sería gravísimo: implicaría que el Estado utilizó una facultad institucional para castigar indirectamente a un periodista a través de una familiar.
Lo ocurrido con la cuñada de Alconada Mon puede ser apenas el principio. El mensaje hacia el mundo judicial es transparente: quienes no sean confiables para el poder o quienes tengan vínculos con voces críticas pueden quedar fuera del reparto. Y quienes resulten funcionales al nuevo esquema pueden avanzar. Esa lógica, aplicada sobre el fuero federal, transforma una discusión administrativa sobre vacantes en una disputa por el control de la Justicia.
El oficialismo enviará al Senado nuevas tandas de pliegos para jueces, fiscales y defensores federales, con especial atención sobre cargos del interior y de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos nombres surgen de concursos ya aprobados por el Consejo de la Magistratura, pero el Poder Ejecutivo conserva una herramienta decisiva: elegir a quién impulsar, cuándo enviarlo y con quién negociar su aprobación. Allí aparece el nuevo papel de Mahiques y de su segundo, Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Todo este tema le quita tiempo y distrae de un curioso “caramelo”, un entramado aduanero que asesora el discipulo de Servini de Cubria, pudo saber TNA.
El centro de gravedad está en Comodoro Py. Hay seis vacantes en los Tribunales Orales Federales, órganos encargados de dictar sentencia en causas de corrupción luego de los juicios orales. La falta de jueces titulares demora procesos, obliga a subrogancias y reduce la frecuencia de audiencias en expedientes de alto impacto. Pero completar esos cargos también permite alterar la composición de tribunales que deberán juzgar a figuras decisivas del pasado y, eventualmente, del presente.
Uno de los tribunales clave es el Tribunal Oral Federal N° 5, donde tramita la causa Hotesur-Los Sauces, vinculada a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros acusados por presunto lavado de dinero. Hoy ese tribunal está integrado por la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado, aunque Obligado fue apartado de ese expediente por haber sobreseído a Cristina Kirchner sin juicio. En su lugar interviene Fernando Machado Pelloni, mientras que Juan Michilini actúa como suplente. El pliego que complete esa silla tendrá impacto directo sobre un proceso emblemático.
También están bajo observación las ternas para seis vacantes de los tribunales orales federales. Entre los nombres aparecen Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Pacilio, Mariano Cartolano, Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos, Valeria Rico, Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey, Albertina Carón, Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno, Diego Perone, Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro, Juan Carlos Palacios, Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust. De allí saldrán magistrados que podrían intervenir en expedientes de enorme peso político.
Pero la apuesta más simbólica está en la Cámara Federal porteña, la instancia que revisa las decisiones de los jueces federales de primera instancia. El Gobierno decidió no impulsar un nuevo acuerdo para Martín Irurzun, histórico camarista que cumple 75 años y que, sin nuevo aval del Senado, deberá dejar su cargo. Su salida marca el final de una época en Comodoro Py.
Irurzun fue durante años uno de los hombres fuertes de la Cámara. Presidió el tribunal, influyó en criterios disciplinarios, orientó jurisprudencia y fue interlocutor de los jueces federales ante la Corte Suprema de Justicia. Su doctrina sobre el llamado “poder residual” de exfuncionarios marcó causas de corrupción durante el kirchnerismo, al sostener que podían conservar capacidad de entorpecer investigaciones incluso fuera del poder formal. Su retiro abre una vacante de altísimo valor político.
El Gobierno también busca reconfigurar los lugares que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, camaristas trasladados durante el macrismo. La Corte Suprema ordenó que esas vacantes fueran concursadas, aunque ambos continuaron transitoriamente en sus cargos. Bertuzzi concursó y quedó ternado, por lo que podría ser propuesto para su propio asiento. La situación de Bruglia es más incierta, y en el concurso aparece con fuerza el juez Pablo Yadarola, considerado cercano a Mahiques, junto con la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
La actual Cámara Federal se completa con Mariano Llorens, Eduardo Farah y Roberto Boico, este último llegado con respaldo del kirchnerismo. Si el Gobierno logra incidir en las nuevas designaciones, podría modificar el equilibrio interno de una Cámara que revisa decisiones sobre causas como ANDIS, $LIBRA, créditos del Banco Nación tomados por funcionarios, presuntas coimas por permisos de exportación durante la gestión de Sergio Massa y expedientes vinculados al dólar blue.
En los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py hay cuatro vacantes, aunque esos concursos todavía no avanzaron lo suficiente. Allí también se juega poder real. El Gobierno evalúa reducir de 12 a 8 los juzgados federales que investigan causas de corrupción, lo que implicaría no cubrir algunas vacantes y rediseñar el mapa judicial. Presentado como racionalización administrativa, el movimiento puede tener efectos profundos sobre la distribución de expedientes y la capacidad de investigación.
El juez federal Ariel Lijo, que no logró coronar su carrera con una silla en la Corte Suprema, sigue teniendo influencia en los concursos. Su secretario Diego Arce aparece como candidato para el Juzgado Federal N° 12, vacante desde la salida de Sergio Torres hacia la Suprema Corte bonaerense. A Lijo ya le fue bien con otro exsecretario, Tomás Rodríguez Ponte, cuyo pliego fue enviado por el Ejecutivo para cubrir un juzgado federal en Lomas de Zamora.
El nombre de Lijo también aparece inevitablemente vinculado a la política judicial del Gobierno porque tiene en sus manos causas sensibles, entre ellas expedientes que rozan a funcionarios libertarios. Su juzgado tramita el caso vinculado a Manuel Adorni y sus bienes, un asunto que golpea al jefe de Gabinete en medio de cuestionamientos por inmuebles, gastos, declaraciones juradas y la casa de Indio Cuá revelada por Total News Agency. En ese contexto, cada movimiento en torno a Lijo, sus secretarios y su eventual aspiración a la Procuración General de la Nación adquiere otra dimensión.
La esposa de Lijo, la fiscal Alejandra Mángano, también aspira a quedar nombrada definitivamente en su fiscalía. Además, está vacante el cargo de fiscal ante la Cámara Federal tras la muerte de Germán Moldes. No se trata de nombres sueltos: son casilleros de una arquitectura judicial donde jueces, fiscales, secretarios, camaristas y subrogantes forman parte de un circuito de poder.
En paralelo, el Gobierno mantiene en el Senado pliegos discutidos para la Cámara en lo Penal Económico, entre ellos los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. Ambos fueron resistidos por un sector del oficialismo por presuntos vínculos con la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, pero cuentan con respaldo del ministro Mahiques. Ese fuero debe intervenir en causas sensibles para el mundo del fútbol y los negocios, como expedientes vinculados a aportes patronales y posibles responsabilidades de la conducción de la AFA.
La paradoja institucional es evidente. Mientras el Gobierno baja el pliego de una candidata por ser cuñada de un periodista que incomoda al poder, mantiene sobre la mesa postulaciones cuestionadas por sus vínculos con estructuras de influencia. Ese doble estándar alimenta la sospecha de que la selección judicial no se guía sólo por idoneidad, sino por conveniencia política.
El oficialismo sostiene que busca cubrir vacantes, ordenar un sistema judicial al borde de la parálisis y dar respuesta a un déficit histórico. Es cierto que la Justicia nacional y federal arrastra un nivel preocupante de cargos sin cubrir. Pero el problema no es la necesidad de nombrar jueces, sino el criterio con el que se eligen, se retiran o se impulsan candidatos. Cuando las vacantes se transforman en moneda de negociación, el riesgo de colonización institucional se vuelve real.
La avanzada sobre Comodoro Py ocurre, además, en un momento de alta sensibilidad para el Gobierno. Las causas $LIBRA, ANDIS, los cuestionamientos patrimoniales a Adorni, eventuales investigaciones sobre permisos de exportación, créditos a funcionarios y expedientes vinculados a operadores políticos pueden definir el futuro judicial de figuras del oficialismo. Al mismo tiempo, los tribunales federales también tramitan causas contra adversarios, principalmente del kirchnerismo. Controlar o influir sobre ese fuero puede servir tanto para blindar amigos como para golpear enemigos.
Esa fue, precisamente, una de las marcas del kirchnerismo: intentar construir una Justicia militante, dócil o condicionada, capaz de proteger al poder propio y disciplinar al adversario. El Gobierno libertario corre el riesgo de repetir ese camino con otro discurso y otros nombres. Ya no en nombre de la “democratización de la Justicia”, sino de la eficiencia, la normalización de vacantes y la lucha contra la casta.
La ofensiva recién empieza. El episodio de Michelli muestra que la Casa Rosada está dispuesta a intervenir con criterios políticos incluso cuando una candidata ya había atravesado instancias formales. La salida de Irurzun abre una puerta para rediseñar la Cámara. Las ternas de Bruglia y Bertuzzi pueden cambiar mayorías. Los tribunales orales federales definirán juicios de corrupción. Los juzgados de primera instancia determinarán qué causas avanzan y cuáles duermen.
En la Argentina, la colonización judicial nunca se anuncia como tal. Siempre llega envuelta en palabras aceptables: reforma, eficiencia, cobertura de vacantes, modernización, racionalización. Pero el resultado puede ser el mismo: un poder político que busca jueces propios en los fueros que investigan al poder político.
El Gobierno de Milei todavía está a tiempo de demostrar que no quiere repetir los vicios del kirchnerismo. Para eso debería explicar por qué vetó a la cuñada de Alconada Mon, qué criterios usa para sostener o retirar pliegos, por qué pretende rediseñar Comodoro Py, qué garantías ofrece sobre independencia judicial y cómo evitará que los nombramientos se conviertan en una herramienta de protección política.
Por ahora, la señal es preocupante. La Casa Rosada avanza sobre las vacantes más sensibles, negocia pliegos, desplaza candidatos incómodos y mira con especial interés el fuero que puede investigar la corrupción oficial. Si el caso Michelli fue apenas el primer aviso, la pelea por Comodoro Py puede convertirse en una de las batallas institucionales más importantes del año.
