Buenos Aires, 31 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El Gobierno de Javier Milei activó negociaciones para intentar que la Cámara de Diputados trate en abril la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una pieza sensible del entendimiento comercial sellado con Estados Unidos y uno de los capítulos que más presión política, empresaria y diplomática concentra dentro de la propia Casa Rosada. La jugada busca mostrar señales rápidas de cumplimiento ante Washington, pero al mismo tiempo reabrió una pulseada feroz con los laboratorios nacionales, que vienen resistiendo cualquier cambio que fortalezca el esquema internacional de patentes.
El punto no es menor. La Argentina sigue fuera del PCT, un sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) que permite presentar una solicitud internacional de patente con efectos en múltiples jurisdicciones, aunque no reemplaza la decisión final que luego toma cada país. Hoy el país figura entre los Estados parte del Convenio de París que todavía no integran el PCT, una rareza que en el oficialismo consideran incómoda frente al alineamiento político y comercial que Milei profundizó con la administración de Donald Trump. Esta dilación tambien frena inveriosnes que Argentina necesita.
La presión externa tiene además un calendario concreto. El acuerdo comercial e inversiones firmado el 5 de febrero entre Estados Unidos y Argentina incluyó, entre sus compromisos, que el Gobierno envíe el PCT al Congreso para su consideración y votación antes del 30 de abril de 2026. Esa fecha empezó a correr como un reloj político en Balcarce 50, donde reconocen que el frente de propiedad intelectual es uno de los más delicados de todo el paquete bilateral.
En ese marco, el oficialismo discute no sólo cómo aprobar el tratado, sino también con qué ingeniería legislativa hacerlo. En Diputados existe un nuevo expediente, el 0821-D-2026, mientras que además persiste el antecedente histórico de la media sanción del Senado de 1998. La propia Cámara de Diputados recordó recientemente que el proyecto ya contaba con esa media sanción, y en el oficialismo conviven dos posiciones: una que cree que ese camino viejo quedó desactualizado frente a las nuevas exigencias del acuerdo con Estados Unidos y otra que prefiere aprovechar cualquier antecedente parlamentario útil para acelerar el trámite y evitar una discusión demasiado larga.
Mientras se ordena ese tablero político, el Gobierno ya empezó a mover piezas por vía administrativa. El INPI dictó la Resolución 75/2026, que actualizó aranceles desde el 1 de abril, creó la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI) y dispuso su aplicación efectiva desde el 1 de mayo, con ajustes mensuales atados al IPC del INDEC. La medida fue leída dentro del sector como otra señal de modernización del sistema y de adaptación acelerada a una agenda internacional que exige previsibilidad regulatoria.
A eso se sumó otro movimiento todavía más sensible para la industria farmacéutica. La Resolución Conjunta 1/2026 de los ministerios de Salud, Economía y el INPI derogó la normativa de 2012 que fijaba pautas restrictivas para el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas. Desde ahora, el análisis deberá hacerse caso por caso bajo la Ley 24.481, aunque la propia resolución incorporó una excepción transitoria para que, si se otorgan patentes sobre productos ya comercializados localmente, sus titulares no puedan bloquear esa continuidad ni reclamar retribución. Fue una forma de abrir la puerta a un esquema más flexible sin dinamitar de un golpe el mercado ya existente.
Es justamente ahí donde aparece el lobby más áspero. Los laboratorios internacionales empujan la adhesión al PCT y la flexibilización del régimen porque entienden que fortalece la seguridad jurídica de sus desarrollos y mejora la protección de sus innovaciones. Del otro lado, los laboratorios nacionales resisten porque temen perder margen en el negocio de los genéricos, resignar competitividad y quedar más expuestos frente a patentes extranjeras de larga duración. En la Casa Rosada reconocen que ese es hoy el frente interno más delicado y que la presión del sector farmacéutico nacional se hace sentir con fuerza sobre despachos oficiales y bancadas legislativas.
La discusión, en el fondo, expone una contradicción de fondo del mileísmo. Por un lado, el Gobierno quiere exhibir alineamiento pleno con Estados Unidos, cumplir plazos y mostrar que la Argentina abandona viejas resistencias regulatorias. Por el otro, sabe que tocar el régimen de patentes implica meterse con intereses económicos enormes, con un empresariado local de fuerte capacidad de presión y con un debate muy sensible sobre precios, acceso a medicamentos e industria nacional. En otras palabras, el oficialismo quiere darle una señal de confianza a Washington, pero para hacerlo debe atravesar una pelea doméstica pesada, con laboratorios argentinos decididos a no quedarse de brazos cruzados.
