Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 2 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La polémica por los créditos millonarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, asesores y legisladores cercanos al oficialismo sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alto voltaje político. Lo que empezó como un fuerte ruido en redes y en los despachos opositores ya escaló a pedido formal de informes en el Congreso, con reproches directos a la conducción de la banca pública y a la estructura política del Gobierno de Javier Milei. La controversia no gira sólo alrededor de los montos, sino también sobre el momento en que fueron otorgados, el tipo de línea utilizada y el beneficio diferencial disponible para personal del sector público.
El dato que terminó de encender las alarmas fue que, según pudo reconstruir Total News Agency sobre la base de registros públicos de deuda y relevamientos periodísticos coincidentes, José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de la SIDE y virtual número dos del organismo, acumuló una deuda cercana a los 400 millones de pesos con el Banco Nación tras haber recibido un crédito durante 2025. Su caso se agrega a una lista cada vez más incómoda para la Casa Rosada, porque ya no se trata sólo de funcionarios del área económica o de legisladores libertarios, sino también de una figura clave de uno de los organismos más sensibles del Estado.
El cuadro general dejó al descubierto un patrón que la oposición busca ahora desmenuzar. Entre los nombres que aparecieron en el relevamiento figuran Felipe Núñez, director del BICE y hombre del equipo de Luis Caputo; Federico Furiase, actual secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del BCRA; Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe” y funcionario del área de comunicación oficial; Emiliano José Mongilardi, director de YPF; y los diputados oficialistas Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde. La difusión del listado impactó por el tamaño de los compromisos asumidos y por una contradicción política que la oposición no tardó en explotar: muchos de los beneficiarios pertenecen al espacio que hizo del cuestionamiento al Estado uno de sus principales estandartes, pero acudieron a una entidad estatal para obtener financiamiento altamente competitivo.
En el centro del debate aparece la línea +Hogares sector público, que ofrece condiciones más ventajosas que la línea general. Ahí está uno de los puntos más delicados. El acceso para empleados del sector público permite una cobertura mayor sobre el valor del inmueble y tasas especialmente bajas para determinados casos. En el mercado se admite que existan líneas especiales para quienes cobran haberes en un banco, pero varios analistas financieros vienen marcando una diferencia importante: no es lo mismo un empleado estable de carrera que un funcionario político, cuyo cargo depende de una decisión discrecional y de una permanencia mucho más frágil.
El Banco Nación, presionado por la repercusión del caso, salió a defenderse con un mensaje institucional. Sostuvo que el proceso es homogéneo, sin excepciones, y que sus circuitos están completamente digitalizados. También recordó que hoy concentra la enorme mayoría del mercado hipotecario argentino. Pero esa respuesta, lejos de apagar el incendio, abrió otra discusión: si todo fue regular, por qué tantos nombres del oficialismo aparecen concentrados en una misma trama de créditos de magnitud, otorgados además en un período político muy preciso, durante la gestión de Daniel Tillard, luego reemplazado por Darío Wasserman.
En la oposición, el diputado Esteban Paulón fue uno de los primeros en mover fichas. El reclamo apunta al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y al directorio del BNA. La sospecha no se limita a la legalidad formal del otorgamiento. También se intenta determinar si hubo trato preferencial, si las condiciones fueron exactamente las mismas que para cualquier ciudadano y si algunos créditos fueron concedidos después de alineamientos partidarios o de votaciones relevantes para el oficialismo.
El problema para el Gobierno es doble. Por un lado, queda expuesto a una discusión ética en un momento en que insiste con el discurso del ajuste, la austeridad y la motosierra. Por otro, la aparición del nombre de Lago Rodríguez traslada el escándalo al terreno de la SIDE, un área donde cualquier episodio vinculado a fondos, privilegios o discrecionalidad adquiere un espesor político todavía mayor. Así, lo que parecía una controversia financiera empieza a tomar la forma de un caso político más amplio, con potencial para erosionar el relato oficial sobre transparencia, ejemplaridad y distancia frente a los viejos vicios del poder.
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║ Recuadro: beneficiarios mencionados ║
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║ Felipe Núñez: deuda inicial cercana a $373 millones. ║
║ Federico Furiase: pasivo cercano a $367 millones. ║
║ Pedro Inchauspe: deuda superior a $510 millones. ║
║ Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”): cerca de $112,9 millones. ║
║ Emiliano José Mongilardi: alrededor de $309,5 millones. ║
║ Alejandro Bongiovanni: deuda dentro de la franja de $230 a $279 millones. ║
║ Mariano Campero: deuda dentro de la franja de $230 a $279 millones. ║
║ Lorena Villaverde: deuda dentro de la franja de $230 a $279 millones. ║
║ José Francisco Lago Rodríguez: salto de deuda asociado al BNA hasta rozar los $400 millones y luego por encima de esa cifra en los meses siguientes. ║
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Fuentes consultadas: El pedido de investigación opositora, la identificación de beneficiarios como Felipe Núñez, Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Juan Pablo Carreira, Emiliano José Mongilardi, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como la defensa pública del Banco Nación, surgen del relevamiento publicado este 1 de abril y de los registros públicos allí citados.
Fuentes consultadas: El Banco Nación informó que “nueve de cada diez” créditos hipotecarios del país los otorga la entidad, que ya superó los 27.000 préstamos y que el proceso es “sin excepciones” y homogéneo.
