**Madrid-05 junio 2026-Total News Agency-TNA-**El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió por primera vez a preguntas de la prensa sobre el caso Leire Díez y negó haber conocido o tolerado las presuntas maniobras atribuidas a la ex concejal socialista investigada por la Audiencia Nacional. Lo hizo lejos de Madrid, durante una cumbre en Montenegro, mientras buena parte de la conducción del PSOE evita dar explicaciones públicas sobre un expediente que ya compromete al partido, a ex dirigentes orgánicos y a áreas sensibles del Estado.
“Quiero ser muy claro: nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, y si no se ha hecho es porque nunca las hubiese tolerado”, afirmó Sánchez en Tivat, donde participó de una cumbre sobre los Balcanes Occidentales junto a dirigentes europeos como Ursula von der Leyen y António Costa. El mandatario aseguró estar “indignado” por las informaciones conocidas y pidió respetar la investigación judicial.
La respuesta llegó tarde y en territorio extranjero. Los medios tuvieron que esperar al segundo viaje internacional del presidente desde el nuevo requerimiento judicial sobre la sede socialista de Ferraz para que Sánchez aceptara preguntas sobre una causa que investiga posibles maniobras para desacreditar a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y neutralizar investigaciones que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno presidencial.
La causa está en manos del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, y apunta a una presunta trama encabezada por Leire Díez y vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según el auto judicial citado por medios españoles, Cerdán habría encargado a Díez coordinar una operación destinada a torpedear investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al Ejecutivo de Sánchez, con un pago mensual de 4.000 euros.
El sumario sitúa el inicio de las actividades atribuidas a Díez en fechas próximas a la llamada “semana de reflexión” de Sánchez, entre el 24 y el 29 de abril de 2024, cuando el presidente anunció que evaluaba si continuaba al frente del Gobierno tras el estallido de la causa que afecta a su esposa, Begoña Gómez. Ese dato vuelve políticamente incómoda la versión presidencial: las maniobras investigadas habrían comenzado precisamente cuando el jefe del Ejecutivo atravesaba su mayor crisis personal y política.
Sánchez negó haber dado órdenes, instrucciones o aval a Díez, y buscó diferenciarse del Partido Popular al aludir al caso Kitchen, la investigación sobre el uso de recursos policiales durante el gobierno de Mariano Rajoy para recuperar o sustraer información comprometedora en poder de Luis Bárcenas. “Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí”, sostuvo el presidente español, en un intento de invertir la acusación y colocar al PP en el banquillo político.
Pero el problema para Sánchez no se agota en su desconocimiento personal. La investigación ya acredita contactos de Díez con piezas relevantes del entramado socialista e institucional. El sumario recoge reuniones con Santos Cerdán, contactos con Cristina Narbona, presidenta del PSOE, y encuentros con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien el presidente decidió respaldar públicamente pese a las dudas abiertas por la causa.
Mercedes González admitió haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez, aunque negó que en esos encuentros se trataran investigaciones que afectaran al PSOE. La explicación no cerró la polémica. El Partido Popular anunció que pedirá su comparecencia urgente en la comisión de Interior del Senado, mientras el Gobierno mantiene su defensa de la funcionaria y evita reconocer fallas de control dentro de una fuerza que, paradójicamente, tiene a la UCO como protagonista de la investigación.
El caso también rozó a Cristina Narbona. La presidenta del PSOE admitió conversaciones con Díez, aunque sostuvo que la derivó a Santos Cerdán y que no recibió documentación. Sin embargo, la aparición de mensajes entre ambas debilitó la estrategia inicial del socialismo, que buscaba presentar a Cerdán como un cortafuegos suficiente. Si Narbona sabía que Díez ofrecía información o gestiones, el expediente deja de ser una excentricidad aislada.
La UCO fue más allá en sus informes. Según EFE, los investigadores sostienen que la finalidad de la trama era proteger a Sánchez o a su Gobierno, y que Díez se refería al presidente cuando utilizaba la expresión “the one” en sus conversaciones. Esa interpretación todavía deberá ser probada judicialmente, pero ya tiene un peso político enorme: coloca el objetivo de la operación en la cima del poder socialista.
La reacción del PSOE tampoco ayudó a despejar sospechas. La dirección socialista demoró sus explicaciones públicas tras levantarse el secreto del sumario y pidió tiempo para analizar la documentación. Mientras tanto, el Gobierno intentó sostener una línea doble: negar cualquier conocimiento de Sánchez y defender a dirigentes o funcionarias que aparecen mencionadas en el expediente. Esa tensión alimenta la pregunta que domina la política española: cómo pudo el presidente no saber nada si las presuntas maniobras buscaban protegerlo a él, a su partido o a su entorno.
El juez Pedraz también avanzó sobre el frente financiero. Según informó Cadena SER, el magistrado limitó el alcance de los datos bancarios pedidos por la UCO sobre el PSOE y el PSC, acotando la solicitud a información de la Agencia Tributaria y a cuentas directamente relacionadas con los pagos investigados. La decisión incluye el análisis de movimientos vinculados al partido, a un despacho de abogados, una consultora, un medio digital asociado a Díez y un grupo publicitario que habría transferido 20.000 euros.
Desde la oposición, el PP endureció su ofensiva. El portavoz Borja Sémper cuestionó la credibilidad de Sánchez y acusó al presidente de recurrir a “excusas de mal pagador”. Para los populares, la explicación presidencial no alcanza porque el caso no involucra sólo a una ex militante, sino a dirigentes socialistas, responsables institucionales y presuntas maniobras contra agentes de la Guardia Civil que investigaban causas sensibles.
La defensa de Sánchez se apoya ahora en una fórmula tajante: no conoció, no fue informado y nunca lo habría tolerado. Pero esa línea tendrá que resistir el avance del sumario, los mensajes, los pagos, las reuniones y las eventuales declaraciones de los investigados. En una causa de estas características, la frontera entre desconocimiento real, negligencia política y responsabilidad orgánica puede volverse cada vez más difusa.
El presidente también descartó un adelanto electoral o un “superdomingo” que combine generales, autonómicas y municipales. Afirmó que pretende agotar la legislatura y aprobar presupuestos con apoyo de sus socios parlamentarios. La aclaración revela hasta qué punto el caso Leire Díez empieza a instalar dudas sobre la estabilidad política del Gobierno y sobre la capacidad de Sánchez para sostener su mayoría.
La comparecencia en Montenegro dejó una paradoja. Sánchez intentó cerrar el debate con una negación rotunda, pero al hacerlo reabrió todas las preguntas. Si no sabía nada, quién actuaba en nombre del partido. Si Cerdán coordinaba la operación, quién lo habilitó. Si Narbona fue informada, por qué no se frenó antes. Si Mercedes González se reunió con Díez, por qué el Gobierno mantiene intacta su confianza. Y si el objetivo era proteger al presidente, cómo puede el presidente quedar completamente fuera de la escena.
El caso ya dejó de ser una incomodidad judicial para convertirse en una crisis política de primer orden. Leire Díez puede ser la cara visible de la trama, pero el expediente apunta a una estructura más amplia de contactos, encargos y silencios dentro del socialismo. La negación de Sánchez era esperada. Lo que falta ahora es comprobar si el sumario la sostiene o si, por el contrario, termina mostrando que las “andanzas” de Díez estuvieron mucho más cerca del poder de lo que el presidente admite.
