Buenos Aires, 10 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo movimiento de peso en Comodoro Py y volvió a correr el foco hacia una de las operaciones patrimoniales más sensibles del expediente: la casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a Matías Tabar, representante de Grupo AA, la firma señalada como responsable de las refacciones realizadas en el lote 380, adquirido en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. La audiencia fue fijada para el 24 de abril a las 9 y apunta a reconstruir no sólo qué obras se hicieron, sino también cómo se contrataron, cómo se pagaron y de dónde salió el dinero.
La decisión no es menor. Según la documentación requerida por la fiscalía, Tabar deberá presentarse con presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones mantenidas con Adorni y Angeletti, además de toda otra constancia que permita establecer el alcance real de los trabajos realizados en la propiedad. El requerimiento también abarca la identificación del personal que intervino en la obra, la compra de materiales y los datos de proveedores, montos y fechas, en una señal clara de que el expediente ya no mira solamente las escrituras y los inmuebles, sino el circuito económico completo que rodeó esas operaciones.
En paralelo, la fiscalía volvió a presionar sobre la administración de Indio Cuá para que informe cómo se abonó la tasa de ingreso de 5.000 dólares correspondiente al lote y para que detalle también el pago de expensas durante todo el período investigado. El dato no es lateral: según el material incorporado a la causa, esas expensas superarían los 600.000 pesos mensuales, un nivel de gasto que refuerza el interés judicial por reconstruir con precisión el origen de los fondos y la modalidad de cada desembolso. La instrucción apunta, en concreto, a que no queden zonas grises en transferencias, pagos en efectivo, cheques, billeteras virtuales o cualquier otra vía utilizada para sostener la operatoria patrimonial bajo análisis.
El avance sobre el country se da además después de días agitados en la causa. La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en distintas operaciones vinculadas a Adorni y su entorno, volvió esta semana a la fiscalía de Pollicita para ampliar su declaración y aportar documentación complementaria. Tanto Infobae como La Nación reportaron que la pesquisa se viene concentrando en varias operaciones inmobiliarias: la compra de la propiedad en Indio Cuá, el departamento de Caballito y la hipoteca sobre otro inmueble ubicado en Parque Chacabuco. En ese contexto, la fiscalía también dispuso que próximos testigos concurran con respaldo documental sobre el origen de los fondos y con sus teléfonos celulares para permitir la extracción, preservación y resguardo de chats, audios, correos, imágenes y demás archivos digitales vinculados con esas transacciones.
Entre los citados aparecen Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las mujeres que vendieron el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, junto con Pablo Martín Feijoo y Juan Consentino. De acuerdo con lo que ya trascendió del expediente, esa compraventa fue estructurada con un anticipo de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares financiado mediante una hipoteca privada sin interés, con vencimiento previsto para noviembre próximo. Ese esquema, sumado a otras operaciones patrimoniales encadenadas, es justamente uno de los núcleos que la fiscalía busca desarmar para entender si hubo una ingeniería financiera consistente o si, por el contrario, existen inconsistencias patrimoniales que ameriten profundizar todavía más la pesquisa.
En la Casa Rosada siguen de cerca el expediente, aunque el problema para Adorni ya no es solamente político. Cada nueva citación, cada pedido de papeles y cada requerimiento sobre pagos, obras y teléfonos amplía el perímetro de una investigación que empezó sobre el patrimonio declarado del funcionario y ahora se mete de lleno en la mecánica concreta de sus adquisiciones y movimientos inmobiliarios. La señal que deja Pollicita es nítida: la causa no está congelada ni de adorno, sino en expansión. Y esa expansión ahora entró, con fuerza, por la tranquera de Indio Cuá.
