Por Daniel Romero
Mar del Plata-11 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA-. Lo que empezó como una rendición de cuentas aprobada terminó dejando un olor político mucho más espeso. La gestión 2024 de Guillermo Montenegro en General Pueyrredón fue convalidada por el Tribunal de Cuentas bonaerense, pero lejos de representar un aval limpio, el fallo llegó con multas, cargos, observaciones y reservas sobre distintos tramos de la administración municipal. Es decir: no hubo rechazo total de las cuentas, pero tampoco un certificado de buena conducta. El dato, por sí solo, ya enciende una alarma sobre la forma en que se manejaron recursos públicos en uno de los municipios más relevantes de la provincia. ¿Todo pasa pagando una multita?
Los elementos más firmes y mejor corroborados muestran un cuadro delicado. Distintas publicaciones locales coinciden en que el ejercicio 2024 cerró con un déficit superior a los $10.378 millones, equivalente a alrededor del 4,6% del presupuesto vigente, y que el fallo derivó en sanciones económicas contra Montenegro y otros funcionarios. También quedó asentado que el organismo de control provincial observó irregularidades administrativas y financieras, y que las sanciones pueden ser revisadas o apeladas, lo que impide hablar de una condena firme. Pero una cosa no quita la otra: cuando un organismo constitucional de control detecta desorden, castiga a funcionarios y deja reservas sobre la ejecución del gasto, la discusión deja de ser meramente contable y entra de lleno en el terreno de la responsabilidad política.
El punto que más ruido generó fue la cifra de $17.048.575.670,72 en “excesos sin posibilidad de compensación”, difundida a partir de una reconstrucción periodística del expediente. Esa lectura presentó el caso como gastos ejecutados sin respaldo suficiente dentro de un total de excesos por más de $27.262 millones. La misma reconstrucción agregó observaciones sensibles sobre un alquiler municipal bajo sospecha por valores superiores a la tasación oficial y sobre otras inconsistencias que abren interrogantes acerca de la transparencia del gasto. El dato circula con fuerza porque se apoya en observaciones reales del expediente y en un cuadro de irregularidades que nadie logró disipar de manera concluyente.
Ahí es donde el expediente deja de incomodar sólo a la política y empieza a interpelar al sistema judicial. Porque si de lo que se habla es de eventuales irregularidades en el uso de fondos públicos, de gastos sin respaldo suficiente, de posibles perjuicios económicos para el Estado y de sospechas de sobreprecios, la pregunta ya no es solamente qué hará el Concejo Deliberante o cómo se defenderá el exintendente, sino por qué no asoma con claridad una reacción penal visible en las fuentes públicas. La normativa procesal bonaerense es clara al asignar la acción penal pública al Ministerio Público Fiscal; además, establece que los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en ejercicio de sus funciones y que, ante la probable comisión de un delito de acción pública, deben extraerse constancias para remitirlas al órgano competente. Dicho de otro modo: si las observaciones del caso tuvieran entidad penal, el andamiaje legal no está pensado para la pasividad.
Hasta donde surge de las consultadas para este artículo, el caso viene siendo narrado en clave de multas, cargos patrimoniales, reservas y observaciones, pero no aparece todavía acompañado por una denuncia penal fiscal claramente identificada, abierta y comunicada en el espacio público por estos hechos específicos. Ese vacío es, justamente, el dato más inquietante. Porque una administración puede defenderse, apelar y discutir tecnicismos; lo que no debería naturalizarse es que observaciones de este tamaño queden orbitando en la zona gris de lo administrativo mientras nadie, al menos de cara a la opinión pública, toma la iniciativa de despejar si se está ante simples desprolijidades, graves fallas de gestión o algo más serio.
El propio Tribunal de Cuentas recuerda en su sitio oficial que, si las sanciones pecuniarias quedan firmes y no son satisfechas, remite testimonio al Fiscal de Estado para promover las acciones pertinentes. Pero eso refiere al cobro y a la persecución patrimonial derivada del fallo administrativo, no a una investigación penal por eventuales delitos contra la administración pública. Y ahí está el corazón del problema: una cosa es recuperar dinero o hacer efectivas multas; otra, muy distinta, es investigar si detrás del desorden hubo responsabilidad penal. Mientras esa segunda dimensión no aparezca con nitidez, la sospecha seguirá creciendo. Y en política, cuando los organismos de control encienden luces rojas y la fiscalía no da señales visibles, el silencio también se vuelve noticia.
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