Por RR
Buenos Aires-11 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La nueva derivación del caso de Manuel Adorni volvió a correr el eje de la discusión y dejó una pregunta incómoda flotando sobre la mesa. Si, como sostuvo este sábado ante Radio Rivadavia, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, las operaciones de personas políticamente expuestas “se informan siempre” a la UIF, y si además la escribana Adriana Nechevenko aseguró ante la Justicia que “se cumplieron todos los protocolos de la UIF” en la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete, entonces el interrogante político e institucional se vuelve inevitable: por qué no apareció, al menos de manera visible, una reacción del organismo antilavado frente a una operación que ya quedó bajo fuerte escrutinio público y judicial, pero más curioso es que ni el Jefe de Gabinete o algun vocero del gobierno informara que las operaciones habían sido informadas a la UIF y de esa manera legitimarlas.
La afirmación de Tato fue categórica. Explicó que cuando interviene una persona PEP, el reporte a la UIF integra los reportes sistemáticos mensuales y no depende del monto de la operación. La propia titular del Colegio diferenció ese mecanismo del ROS, que se activa cuando hay sospechas concretas sobre el origen de los fondos o sobre la lógica económica del acto. En otras palabras, una cosa es que la operación se informe por la sola condición de PEP; otra, muy distinta, es que el caso escale a un reporte de operación sospechosa. Esa diferencia es técnica, pero políticamente decisiva, porque deja expuesto el verdadero punto en disputa: si hubo información formal a la UIF, qué hizo el organismo con ese dato y si consideró suficiente la documentación presentada en torno a una operación que hoy se encuentra bajo la lupa judicial.
La normativa vigente confirma que los escribanos están alcanzados por el régimen antilavado y deben aplicar medidas de identificación, evaluación y monitoreo del riesgo, además de reportar a la UIF tanto operaciones sospechosas como determinados reportes sistemáticos. También establece que la condición de PEP debe ser manifestada por escrito ante el sujeto obligado, y que ese universo incluye no sólo al funcionario sino también, según el caso, a su cónyuge o conviviente. Es decir, el andamiaje regulatorio no deja demasiado margen para la improvisación: si la operación involucró a un funcionario de primera línea y a su entorno inmediato, el circuito normativo estaba activado desde el primer momento.
Por eso, el problema ya no pasa únicamente por lo que dijo o dejó de decir la escribana. El problema empieza cuando el propio sistema admite que el caso debió pasar por los filtros de prevención, pero no hay constancia pública de una actuación visible de la UIF pidiendo explicaciones, ampliando información o marcando alguna observación sobre una operación que terminó siendo discutida en tribunales, medios y política. Aquí conviene ser rigurosos: que no exista constancia pública no significa que el organismo no haya actuado, porque los ROS son confidenciales y la UIF no difunde sus movimientos caso por caso. Pero precisamente ese carácter reservado, en un expediente de alto impacto público, alimenta todavía más la sospecha política de opacidad y deja abierta una zona gris que el Gobierno no logra disipar.
A esa opacidad se suma otro dato institucional nada menor. El Gobierno nacional tiene abierta la cobertura de la vacante para la presidencia de la UIF, con audiencia pública convocada para el 22 de abril. El dato no prueba por sí mismo inacción, pero sí retrata a un organismo atravesado por una transición sensible en medio de un caso que toca de lleno a uno de los hombres más cercanos a Javier Milei. En ese contexto, el silencio administrativo deja de ser una mera formalidad burocrática y se convierte en un problema político. Porque cuando un funcionario de máxima exposición queda bajo sospecha, la pregunta no debería ser sólo qué declaró su escribana, sino también qué hicieron los organismos de control que, por ley, debían estar atentos.
En definitiva, la defensa técnica de la operación no cerró la discusión: la ensanchó. Si la operación fue informada, el país debería saber al menos si el caso despertó alertas internas, si la documentación presentada alcanzó para despejar dudas y por qué, hasta ahora, no hubo una señal pública que ayude a separar una operación regular de una potencial inconsistencia grave. Mientras esa respuesta no aparezca, el caso Adorni seguirá creciendo no sólo por lo que investiga la Justicia, sino también por lo que no explican con claridad los organismos que debían mirar.
