- La Plata, 18 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- Mientras Axel Kicillof recorría Barcelona para advertir que existe “otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, en la provincia de Buenos Aires seguían acumulándose las pruebas de que esa crueldad, ese abandono y esa descomposición golpean todos los días a millones de bonaerenses bajo su propia administración. Salud rota, afiliados de IOMA a la deriva, barrios anegados, robos violentos, homicidios, narcotráfico en expansión y un sistema educativo cada vez más debilitado componen el verdadero retrato de una provincia donde el gobernador habla como opositor en el exterior, pero gobierna como si el deterioro local no fuera con él.*
Por Darío Rosatti
La contradicción no es menor ni retórica. En su intervención internacional, Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei, habló de destrucción del aparato productivo, del salario, de la salud y de la educación, y se presentó como parte de un bloque progresista que vendría a oponerse a la “crueldad” de la ultraderecha. El problema es que, cuando se baja del escenario europeo y se mira la provincia que administra, el espejo devuelve una imagen devastadora. Porque si hay un territorio argentino donde hoy la gente convive con abandono sanitario, con miedo a la calle, con barrios frágiles frente a cada temporal, con drogas metidas hasta el hueso y con aulas que no logran sostener aprendizajes básicos, ese territorio es precisamente la provincia de Buenos Aires. Si lo que hace Kicillof con los habitantes de la provincia de Buenos Aires no es crueldad, habria que definir el significado de la palabra.
La postal más obscena de ese deterioro es IOMA. La obra social bonaerense, que según datos oficiales cubre a más de 2,1 millones de afiliados, volvió a quedar atrapada en una crisis que ya se volvió estructural. En La Plata, la Agremiación Médica Platense denunció una deuda de alrededor de $1.300 millones por prestaciones de febrero y resolvió suspender por 72 horas la atención a afiliados. El cuadro es brutal porque no se trata de una disputa técnica entre prestadores y administración. Se trata de miles de personas que necesitan consultas, tratamientos, recetas, controles y cobertura, y que otra vez quedan en el medio de un sistema quebrado. En la provincia de Kicillof, el acceso a la salud de los afiliados de IOMA volvió a depender de comunicados cruzados, amenazas de sanciones y peleas administrativas, mientras la gente espera. Cuando el gobernador habla de abandono, convendría recordarle que buena parte de ese abandono tiene sello bonaerense.
Tampoco la provincia puede ofrecer un argumento serio en materia de infraestructura y prevención frente a fenómenos climáticos que ya dejaron de ser excepcionales. Las inundaciones de Bahía Blanca en marzo de 2025 causaron al menos 16 muertos y obligaron a crear un fondo especial de hasta $200.000 millones para asistir a los damnificados. Dos meses más tarde, el norte bonaerense volvió a quedar bajo agua, con evacuaciones en Zárate, Arrecifes y San Antonio de Areco, mientras los vecinos del conurbano y del interior siguen viviendo cada tormenta como una amenaza directa a sus casas, sus autos y su trabajo. La lluvia en la provincia dejó de ser solamente un dato meteorológico: es una prueba repetida de que la infraestructura, el drenaje, la planificación urbana y la prevención no están a la altura de una geografía cada vez más castigada. Y cuando el agua entra en las viviendas y el barro tapa calles y barrios, la palabra abandono deja de ser una consigna para un foro internacional y pasa a ser una experiencia concreta.
Pero el golpe más angustiante para la vida cotidiana sigue estando en la inseguridad. Los datos de la Procuración General bonaerense muestran que en 2024 se iniciaron 140.034 investigaciones penales por robo, un salto del 12,9% frente a 2023. A eso se agregan 41.427 causas por robo agravado con uso de arma y 16.941 por otros robos agravados. No se trata de una percepción mediática ni de una exageración opositora: son números oficiales que describen una provincia donde la calle se volvió un territorio cada vez más hostil para trabajadores, jóvenes, comerciantes y vecinos comunes. La idea de que salir temprano o volver tarde puede terminar en un asalto, una moto robada, un disparo o una muerte se fue normalizando con una velocidad escalofriante.
Ese deterioro se ve todavía con más crudeza en los homicidios. El relevamiento de 2024 registró 814 expedientes por homicidio doloso consumado, con 848 víctimas fatales y una tasa provincial de 4,76 cada 100.000 habitantes. Los departamentos judiciales con peores tasas fueron La Matanza con 8,11, Moreno-General Rodríguez con 7,69, Lomas de Zamora con 6,07 y San Martín con 5,87. Además, 133 de esos homicidios fueron clasificados en contexto de robo, es decir, el 16,3% del total. No hace falta adornar ese dato: son 133 crímenes ligados al delito predatorio en un solo año, en la provincia más grande del país. Detrás de cada número hay una familia rota, una víctima que no volvió a su casa, un trabajador atacado, un joven asesinado por un celular, una vida arrasada por la incapacidad estatal de imponer orden.
Y aun así, el cuadro más inquietante no termina ahí. Porque detrás del asalto, del homicidio y de la violencia barrial aparece una trama más profunda: la expansión del narcotráfico. El informe bonaerense sobre estupefacientes registró 79.376 investigaciones penales iniciadas en 2024 por infracción a la ley de drogas, con un aumento del 3,91% respecto de 2023. Lo más grave es que las causas por comercialización treparon a 54.440, una suba del 7,2%, y ya representan el 68,58% del total. Además, había 8.383 personas privadas de la libertad por delitos vinculados a estupefacientes, equivalentes al 12,51% del total de detenidos de la provincia. Y como si ese avance no alcanzara para prender todas las alarmas, los homicidios en contexto de comercialización de drogas aumentaron 45% en un año. Cuando suben la venta, la violencia asociada, la población detenida por estupefacientes y la incidencia criminal en los barrios, no puede hablarse de una guerra ganada por el Estado. Puede hablarse, sí, de un territorio donde el narco sigue ampliando influencia, negocio y capacidad de daño.
La educación completa este paisaje de decadencia. En lectura de 3° grado, la provincia de Buenos Aires quedó con 12,7% de los alumnos por debajo del nivel 2, es decir, con serias dificultades para comprender textos simples. Al mismo tiempo, sólo 43,7% alcanzó los niveles 4 y 5, que indican un dominio sólido de la lectura. El cuadro en secundaria tampoco admite maquillaje: 66% de los estudiantes bonaerenses del último año declaró haber faltado 15 días o más hasta octubre de 2024, la peor marca del país. No es un detalle administrativo. Es el síntoma de un sistema que pierde capacidad de sostener rutina, aprendizaje y autoridad pedagógica. Una provincia donde los chicos leen mal, faltan mucho y llegan con dificultades crecientes al final de la trayectoria escolar no puede hablar seriamente de justicia social sin antes hacerse cargo de su propio derrumbe educativo.
Por eso la frase de Kicillof en Barcelona suena menos a diagnóstico que a fuga. Porque la crueldad no es sólo un ajuste nacional ni una categoría discursiva útil para la tribuna progresista europea. La crueldad también es que un afiliado de IOMA no consiga atención. La crueldad también es que un vecino pierda todo bajo el agua. La crueldad también es que un trabajador salga de madrugada con miedo a no volver. La crueldad también es que el narco siga colonizando barrios enteros. La crueldad también es que un chico bonaerense no aprenda a leer como debería y falte a clases sin que nadie logre revertirlo. En la provincia que gobierna Kicillof, esos dramas no son eslóganes: son vida cotidiana.
El verdadero problema político de este momento no es que el gobernador critique a Milei. Está en todo su derecho. El problema es la distancia obscena entre lo que denuncia afuera y lo que tolera adentro. Hablar de abandono en España mientras la provincia de Buenos Aires exhibe una salud pública quebrada, una obra social en crisis, un delito desbocado, homicidios que castigan al conurbano, droga en expansión y un sistema educativo empobrecido termina pareciendo una forma de cinismo político. La provincia no necesita otro discurso internacional contra la crueldad. Necesita que su gobernador deje de describir con palabras lo que ya produce con hechos.
