Por Daniel Romero
Buenos Aires-28 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA- A 52 años del asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga, ejecutado el 28 de abril de 1974 por integrantes del ERP-22 de Agosto, vuelve al centro de la memoria histórica una etapa decisiva de la Argentina: la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, conocida como el “Camarón”, impulsada durante el gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse para juzgar delitos vinculados al terrorismo mediante procedimientos judiciales y no por fuera de la ley.
La Cámara Federal en lo Penal comenzó a funcionar el 7 de julio de 1971, en un contexto de creciente violencia armada, secuestros, atentados, copamientos y asesinatos cometidos por organizaciones guerrilleras. Su creación, mediante la Ley 19.053, respondió al argumento de que los juzgados federales estaban desbordados frente al avance de las organizaciones armadas. El objetivo declarado fue concentrar causas complejas y darles trámite judicial oral, federal y específico, en lugar de dejar la respuesta estatal en manos de la improvisación o la venganza.
Entre los magistrados que integraron aquel fuero estuvieron Jorge Vicente Quiroga, Carlos Malbrán, Eduardo Munilla Lacasa, Jorge Black y otros jueces federales que, tras la disolución del tribunal, quedaron expuestos a amenazas, persecuciones y atentados. Quiroga había participado en causas sensibles, entre ellas expedientes vinculados a la fuga del penal de Rawson, el copamiento del aeropuerto de Trelew y el secuestro de un avión de Austral.
El tribunal dictó miles de resoluciones y condenas entre 1971 y 1973. Sus defensores sostienen que fue una herramienta legal frente al terrorismo. La izquierda que los impulso lo cuestionaron como un fuero excepcional creado durante un gobierno militar. Pero el punto histórico que hoy reaparece con fuerza es que, aun en un país sacudido por la violencia política, Lanusse optó por un mecanismo judicial para combatir a las organizaciones armadas, con jueces, expedientes, defensas y sentencias.
Ese sistema fue desarticulado el 25 de mayo de 1973, cuando Héctor J. Cámpora asumió la Presidencia y se produjo la liberación masiva de presos políticos y guerrilleros, en una jornada conocida como el Devotazo. La ley de amnistía 20.508 alcanzó hechos cometidos hasta ese día por móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, “cualquiera sea el bien jurídico lesionado”, fórmula de enorme amplitud que permitió dejar en libertad a numerosos integrantes de organizaciones armadas, violadores, ladrones y narcotraficantes internacionales como François Chiappe.
La liberación fue presentada por el camporismo como un gesto de pacificación, pero en los hechos dejó al país sin una herramienta judicial específica frente a una violencia que no cesó, sino qué se incrementó de forma exponencial. Poco después, Juan Domingo Perón forzó la salida de Cámpora para abrir el camino a nuevas elecciones y su propio regreso al poder. La relación con la izquierda peronista se deterioró rápidamente y estalló públicamente el 1 de mayo de 1974, cuando Perón trató a los sectores montoneros de “imberbes”, “estúpidos” e “infiltrados” en la Plaza de Mayo.
El crimen de Quiroga fue una de las consecuencias más brutales de aquella etapa. El juez fue atacado en la vía pública, en la zona de Viamonte y Paraná, por Raúl Argemí y Marino Amador Fernández, señalados como miembros del ERP-22 de Agosto. Según reconstrucciones históricas, ambos lo siguieron y lo balearon por la espalda. El mensaje era claro: castigar a quienes habían juzgado a la guerrilla.
Los asesinos fueron condenados por la Justicia federal. Sin embargo, años después el caso quedó atravesado por otra polémica histórica: beneficios, amnistías, indultos e indemnizaciones. En 1983, Raúl Alfonsín dictó el Decreto 157/83, que ordenó promover la persecución penal de jefes guerrilleros, al mismo tiempo que el Decreto 158/83 impulsó el juicio a las juntas militares. Esa línea inicial buscaba juzgar responsabilidades de ambos lados de la violencia política. Pero durante la democracia posterior, distintos condenados por hechos de violencia política terminaron alcanzados por decisiones de clemencia, revisiones o beneficios reparatorios, solo para terroristas.
El caso de los autores del crimen de Quiroga resulta especialmente sensible porque, pese a haber sido condenados por la Justicia, posteriormente fueron mencionados en debates públicos por haber recibido beneficios indemnizatorios vinculados a normas reparatorias de los años noventa. Para los familiares de víctimas del terrorismo, ese capítulo representa una de las mayores injusticias de la memoria argentina: victimarios condenados que terminaron siendo tratados como damnificados del Estado, mientras los integrantes de las Fuerzas Armadas que los combatieron aun purgan prision con hasta 90 años de edad.
El aniversario del asesinato de Jorge Vicente Quiroga obliga a revisar sin consignas una historia incómoda. Hubo un juez de la Nación asesinado por cumplir su función. Hubo un Estado que, aun en tiempos de violencia extrema, intentó juzgar con expedientes. Hubo una amnistía que liberó a integrantes de organizaciones armadas. Y hubo una democracia posterior que nunca terminó de saldar con equilibrio la memoria de las víctimas civiles, militares, policiales y judiciales del terrorismo que combatieron la violencia armada, que fue apoyada por terceras naciones como Cuba, Union Soviética, hoy Rusia y Checoslovaquia y entrenados en Libano por grupos terroristas de Medio Oriente liderados por Yaser Arafat.
A 52 años de aquel crimen, el nombre de Quiroga vuelve como símbolo de una Argentina que todavía discute cómo recordar los años setenta sin ocultar que también hubo jueces, policías, soldados, empresarios, trabajadores y civiles asesinados por organizaciones armadas que pretendían imponer un proyecto político mediante la violencia.
