Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 3 de mayo de 2026 – Total News Agency – TNA-Las dos causas judiciales que más inquietan al entorno del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei permanecen virtualmente paralizadas, en un escenario que reaviva cuestionamientos sobre la velocidad —o falta de ella— del Poder Judicial en expedientes de alto impacto político.
Se trata de las investigaciones vinculadas al colapso de la criptomoneda $LIBRA y al presunto esquema de corrupción en la ANDIS, dos casos que, pese a la magnitud de las pruebas y los montos involucrados, no registran avances significativos en instancias clave como indagatorias o detenciones.
$LIBRA: millones en pérdidas y una causa sin indagatorias
A casi 15 meses del derrumbe del token $LIBRA, la causa judicial a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi continúa sin citaciones a declarar. El expediente investiga una maniobra que habría afectado a más de 44.000 inversores, con pérdidas registradas en unas 114.000 billeteras virtuales.
El activo digital pasó en pocas horas de cotizar alrededor de 0,01 dólar a rozar los 5 dólares, para luego desplomarse abruptamente, en una operatoria que quedó registrada en sistemas blockchain. Pese a ello, el avance judicial es mínimo.
Entre los investigados figuran el empresario estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes solo fueron alcanzados por embargos dispuestos por la Cámara Federal. En el expediente también aparecen mencionados el propio Milei y su hermana, señalados en denuncias por presunto uso de la investidura presidencial para promover el activo.
El fiscal Eduardo Taiano habría mantenido durante meses sin procesar información clave extraída del celular de Novelli, considerado el nexo local de la operatoria. La Cámara Federal porteña incluso debió exhortar al juez a acelerar la producción de pruebas, advirtiendo que la inacción puede vaciar de sentido las medidas cautelares ya dispuestas.
Uno de los episodios más polémicos vinculados al fiscal Eduardo Taiano ocurrió en diciembre de 2009, cuando omitió apelar un polémico fallo del entonces juez Norberto Oyarbide selló el sobreseimiento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Algunos recuerdan que el hijo del fiscal, fue víctima de un secuestro exprés en plena Capital Federal. Los captores lo retuvieron durante dos horas y lo liberaron sin exigir rescate, pero enviando un mensaje tácito que retumbó en los pasillos de Comodoro Py. Nunca se supo mas nada, pero Taino tuvo la justificación para no apelar. Esta inacción judicial fue calificada por la oposición de aquel entonces como un “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y le valió a Taiano pedidos de juicio político que nunca prosperaron.
ANDIS: 50 millones de dólares bajo sospecha y sin detenidos
La segunda causa crítica involucra a la ANDIS, donde se investiga un presunto esquema de corrupción que habría generado un perjuicio al Estado de aproximadamente 75.000 millones de pesos —unos 50 millones de dólares— a través de compras direccionadas de insumos médicos de alto costo.
El expediente, impulsado inicialmente por el fiscal Franco Picardi, apunta a una estructura que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con participación de funcionarios y empresarios. Entre los principales implicados figuran el exdirector Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, junto a un entramado de más de 20 empresarios y 30 firmas.
Las maniobras incluirían sobreprecios, cartelización y direccionamiento de contratos en productos como prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas. Según la investigación, la agencia habría funcionado como una “ventanilla discrecional” para beneficiar a proveedores específicos.
Pese a la gravedad de las acusaciones, no hay detenidos. Spagnuolo, procesado por cohecho y fraude, continúa en libertad. Tampoco prosperaron las primeras declaraciones indagatorias: varios imputados se negaron a responder preguntas o a entregar dispositivos clave para la investigación.
El caso está actualmente bajo la órbita del juez Ariel Lijo, un magistrado cuestionado por la lentitud en sus procesos. En esta etapa, se dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional, una decisión que también generó controversia en ámbitos políticos y judiciales.
Silencio judicial y tensión política
El estancamiento de ambas causas alimenta la percepción de una Justicia que calibra sus tiempos en función del contexto político. En tribunales, históricamente, los expedientes sensibles suelen acelerarse o frenarse según la fortaleza del poder de turno.
Mientras tanto, el contraste es evidente: una comisión investigadora del Congreso de la Nación avanzó más rápido en el caso $LIBRA que el propio fuero federal, pese a contar con menores herramientas procesales.
El informe legislativo fue contundente: sostuvo que el presidente habría utilizado su investidura para promover el activo digital y que su hermana habría facilitado el acceso de los involucrados a ámbitos oficiales.
$LIBRA en USA
En Estados Unidos, la causa $LIBRA avanzó principalmente como demanda colectiva civil en Nueva York, no como causa penal pública confirmada.
La demanda apunta sobre todo contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Meteora y otros actores del ecosistema cripto. Los demandantes buscan recuperar pérdidas de inversores afectados por el lanzamiento y derrumbe del token $LIBRA.
Javier Milei aparece mencionado por su rol promocional, pero no habría sido incluido formalmente como demandado principal para evitar trabas procesales vinculadas a un jefe de Estado extranjero. La presentación sostiene que su publicación dio apariencia de legitimidad al token.
Los abogados sostienen que la promoción presidencial habría sido una “declaración promocional altamente engañosa” y que fue usada para inflar artificialmente el valor de $LIBRA, antes del desplome que dejó fuertes pérdidas.
También se investigan movimientos de fondos y billeteras vinculadas a los creadores del token. Investigadores blockchain estimaron retiros por unos US$99 millones desde wallets relacionadas con el creador de $LIBRA.
En síntesis: en EE.UU. el expediente más concreto es una class action orientada a recuperar dinero de los damnificados, con foco en Davis/Kelsier/Meteora. Milei queda señalado políticamente y como pieza clave del relato del caso, pero no como el blanco procesal principal hasta ahora.
Un patrón que se repite
En ambos expedientes se repite una dinámica preocupante: abundancia de pruebas, multiplicidad de implicados y escaso avance en decisiones de fondo. La negativa de los imputados a declarar, la demora en pericias y la falta de medidas contundentes refuerzan la sensación de parálisis.
Para el Gobierno, el escenario ofrece un respiro en el corto plazo. Para la oposición, en cambio, es una señal de alarma sobre el funcionamiento del sistema judicial.
En el fondo, la discusión excede a los nombres propios: pone en juego la credibilidad institucional y la capacidad del Estado para investigar hechos de corrupción cuando involucran al poder político.
Por ahora, las causas más sensibles del entorno presidencial siguen en pausa. Y con ellas, también, la expectativa de una respuesta judicial a la altura de la gravedad de los hechos denunciados.
