Buenos Aires, 6 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la detección de gastos por $14 millones en mobiliario para su departamento del barrio porteño de Caballito, en una operatoria que, según surge de la causa, habría sido realizada en efectivo y sin respaldo documental.
El dato surge de las declaraciones judiciales del contratista Matías Tabar, quien ya había señalado haber cobrado US$ 245.000 por las refacciones en la casa del country Indio Cuá, y que ahora confirmó haber intervenido nuevamente para coordinar trabajos de carpintería en el semipiso de la calle Miró al 500, donde reside el funcionario junto a su familia.
Un segundo frente de gastos
De acuerdo con la información incorporada al expediente, los trabajos incluyeron la fabricación de una mesa de comedor de madera y mármol, mesa ratona, muebles de vajillero, rack para televisión, consola y otros elementos de diseño.
Según el testimonio de Tabar, los pedidos se realizaron a fines de 2025 y fueron abonados entre enero y febrero de este año, bajo una modalidad similar a la ya descripta en la causa: pagos en efectivo y sin facturación.
Este nuevo gasto se suma al volumen de erogaciones ya investigadas en torno al patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, que en los últimos dos años y medio alcanzarían cifras significativas entre propiedades, refacciones y viajes.
La declaración de Miano y la deuda en dólares
En paralelo, la causa avanzó con la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas acreedoras del funcionario, quien ratificó ante la Justicia la existencia de una deuda de US$ 65.000 vinculada a la modernización del departamento de Caballito.
Según su testimonio, esa inversión fue realizada junto a su socio Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra jubilada involucrada en la operación inmobiliaria, y habría sido acordada con Adorni como un compromiso a devolver “de palabra”, sin plazo, sin interés y sin documentación formal.
El dato refuerza una de las hipótesis centrales de la investigación: la existencia de operaciones financieras paralelas y no registradas dentro del esquema patrimonial del jefe de Gabinete.
La lupa sobre el circuito de pagos
El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar el teléfono celular de Tabar, con el objetivo de reconstruir las comunicaciones con Adorni, Angeletti y proveedores, y verificar montos, fechas y modalidades de pago.
En paralelo, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal del funcionario y su esposa ante la agencia tributaria bonaerense ARBA, en una medida clave para cruzar información sobre ingresos declarados y gastos detectados.
Un patrimonio bajo análisis
La investigación busca determinar si el volumen de erogaciones puede ser justificado con los ingresos declarados del funcionario. Hasta el momento, las declaraciones juradas correspondientes a 2025 no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que el plazo vence el próximo 31 de julio.
En ese contexto, los $14 millones en muebles se suman a un esquema más amplio que incluye:
- refacciones en Indio Cuá por más de US$ 245.000
- compra del inmueble por unos US$ 120.000
- deudas acumuladas que superarían los US$ 335.000
Impacto político y judicial
El avance de la causa mantiene en tensión al Gobierno de Javier Milei, que continúa respaldando a Adorni pese a la acumulación de datos y testimonios que complican su situación.
El caso no solo tiene derivaciones judiciales, sino también políticas y económicas, en un contexto donde la confianza aparece como un activo clave para la estabilidad del programa oficial.
Mientras la Justicia profundiza la investigación, el expediente suma nuevas piezas que alimentan una pregunta central: si el nivel de gastos detectado puede ser explicado dentro de los parámetros legales o si responde a un circuito de fondos no declarados.
