Madrid, 8 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicitó al Tribunal Supremo las declaraciones prestadas por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García en el juicio del denominado caso mascarillas, al considerar que podrían aportar datos nuevos sobre la presunta financiación irregular del PSOE y el pago de mordidas vinculadas a adjudicaciones de obra pública.
La decisión se adoptó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió incorporar esos testimonios a dos líneas de investigación abiertas: una vinculada a presuntos amaños de contratos de obra pública y otra sobre supuestos pagos ilegales al PSOE, todavía bajo secreto de sumario.
El Ministerio Público sostiene que las manifestaciones de Aldama y Koldo pueden contener información “que hasta ahora no era conocida” sobre entregas de dinero en efectivo, pagos en Ferraz y presuntas comisiones abonadas por constructoras a cambio de contratos públicos.
Según las informaciones conocidas, Aldama habría declarado que actuó como intermediario entre el Ministerio de Transportes y empresas constructoras, y que parte de las comisiones pagadas en efectivo habrían terminado en manos de dirigentes o estructuras vinculadas al partido. También mencionó supuestos pagos relacionados con el entorno del exministro José Luis Ábalos y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Por su parte, Koldo García declaró que parte del dinero en efectivo que manejaba provenía de gastos del partido y no de sobornos. Además, admitió que cuando en las conversaciones se utilizaba el término “chistorras” se referían a billetes de 500 euros, un dato que la investigación considera relevante para reconstruir el circuito del dinero.
El caso tiene una enorme sensibilidad política porque vuelve a colocar bajo la lupa al PSOE y a la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, área desde la cual se habrían articulado contratos, intermediaciones y presuntas comisiones ilegales.
La investigación se cruza además con otras piezas judiciales vinculadas al caso Koldo, que ya había derivado en imputaciones, informes de la UCO de la Guardia Civil, sospechas sobre contratos públicos y pesquisas sobre movimientos de dinero en efectivo. El PSOE, por su parte, niega haber mantenido una estructura de financiación ilegal y sostiene que sus cuentas fueron sometidas a controles regulares.
El pedido de Ismael Moreno al Supremo abre ahora una nueva etapa: si las declaraciones contienen elementos verificables, podrían reforzar las líneas de investigación sobre pagos en efectivo, mordidas y adjudicaciones públicas.
En términos políticos, el golpe es directo para el gobierno de Pedro Sánchez, que vuelve a quedar expuesto ante un expediente donde confluyen corrupción, obra pública, financiamiento partidario y antiguas terminales del poder socialista.
La pregunta que queda planteada es si los testimonios de Aldama y Koldo aportarán pruebas concretas o si, por el contrario, quedarán en el terreno de las acusaciones cruzadas. La Audiencia Nacional ya pidió escucharlos formalmente. Ahora, el tablero judicial español vuelve a mirar hacia Ferraz.
