Buenos Aires, 8 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis judicial que rodea a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo explosivo: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros integrantes de la primera línea dirigencial de la entidad por presuntas maniobras de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas truchas y proveedores apócrifos.
Según la presentación judicial, el perjuicio fiscal detectado asciende a $289.336.519,66, correspondiente a operaciones realizadas principalmente durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. La denuncia sostiene que la AFA habría montado un circuito de “facturación apócrifa” para simular gastos inexistentes, ocultar el verdadero destino del dinero y reducir artificialmente el pago de impuestos.
Pero el dato más delicado es otro: ARCA pidió investigar la posible existencia de una asociación ilícita fiscal integrada por Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y el director general de la entidad, Gustavo Lorenzo.
La trama de las facturas truchas
La investigación tributaria se enfocó sobre una serie de proveedores que habrían emitido facturas millonarias por supuestas obras y servicios, especialmente vinculados al predio de Ezeiza, pero que carecerían de capacidad económica real para realizarlos.
Entre las firmas bajo sospecha aparecen:
- Consultek Consultoría y Servicios SRL
- ID Constructora SRL
- Central Hotel SRL
- Meroka SRL
- Construcciones Far West SRL
- Maxstore SA
- Mosili
- Logística Winter SRL
- Gramez SA
- Holdembrog SA
Según ARCA, varias de estas empresas no tenían empleados declarados, presentaban domicilios inexistentes, abandonados o incluso viviendas particulares cuyos ocupantes desconocían totalmente la existencia de las firmas.
El organismo detectó además múltiples irregularidades:
- actividades económicas incompatibles entre sí
- falta de sustancia económica real
- facturación desproporcionada respecto de su estructura
- modificaciones societarias abruptas
- y reiteración de socios entre distintas compañías
Todo ello, según la denuncia, permite inferir la utilización de “vehículos de facturación apócrifa”.
Cheques, endosos y pérdida de trazabilidad
Uno de los puntos más graves detectados por los investigadores fue la operatoria financiera utilizada para mover el dinero.
Del total facturado por estas supuestas obras, apenas un 22,89% habría sido abonado mediante transferencias bancarias. El restante 77,11% se pagó con cheques, agrupando varias facturas y generando una compleja cadena de endosos que terminó haciendo prácticamente imposible identificar al destinatario final de los fondos.
Para ARCA, ese mecanismo no fue casual:
“La contribuyente ha desplegado un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero”, sostiene la presentación judicial.
El seguimiento de los cheques llevó a otras empresas, muchas de las cuales reconocieron haber recibido valores endosados sin haber tenido jamás relación comercial con la AFA.
Entre ellas figuran:
- BLD SA
- Champagnat y Libertad SA
- Frigorífico Rioplatense
- Raízen Argentina
- Wallace Hermanos
- La Pretenciosa
- Paseo Lagunas SA, entre otras.
En varios casos, las compañías aportaron documentación respaldatoria y aclararon expresamente que nunca realizaron trabajos para la entidad futbolística.
El fantasma de los testaferros
La denuncia también conecta la investigación con estructuras societarias vinculadas al entorno de Pablo Toviggino, especialmente tras las denuncias previas impulsadas por Elisa Carrió y la Coalición Cívica sobre una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, atribuida a presuntos testaferros del tesorero de la AFA.
Los investigadores detectaron patrones societarios repetidos, intercambio de socios entre empresas proveedoras y movimientos financieros difíciles de justificar, elementos que suelen aparecer en estructuras destinadas a ocultar patrimonio o canalizar dinero de origen irregular.
Una conducción cada vez más comprometida
La ampliación de denuncia llega en un momento extremadamente delicado para la conducción de la AFA.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ya había procesado meses atrás a:
- Claudio Tapia
- Pablo Toviggino
- Víctor Blanco
- Cristian Malaspina
- y Gustavo Lorenzo
por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en una causa que involucra unos $19.300 millones en aportes e impuestos retenidos y no depositados.
La defensa de Tapia, encabezada por el abogado Luis Charró, intenta revertir las decisiones judiciales argumentando supuestas irregularidades procesales, mientras Toviggino incluso denunció la existencia de un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra.
Sin embargo, los tribunales vienen rechazando sistemáticamente esos planteos.
Un sistema bajo sospecha
La investigación amenaza con transformarse en uno de los mayores escándalos institucionales en la historia reciente del fútbol argentino.
La hipótesis judicial ya no se limita a simples irregularidades contables: ahora se analiza la posible existencia de una estructura organizada para evadir impuestos, ocultar destinatarios reales del dinero y utilizar empresas fantasma para mover fondos.
En otras palabras, la Justicia comienza a mirar a la conducción de la AFA no solo como una administración desordenada, sino como una posible maquinaria de evasión estructural.
Y en el centro de esa tormenta aparecen, una vez más, los nombres de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, las figuras más poderosas del fútbol argentino.
