Buenos Aires, 10 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La causa que investiga el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni ya acumula una cifra políticamente explosiva: al menos US$391.281 en gastos y US$335.000 en deudas vinculadas a viajes, propiedades, refacciones, pagos en efectivo y operaciones inmobiliarias que el jefe de Gabinete deberá explicar ante la Justicia. El caso, que comenzó con un viaje oficial a Nueva York y terminó abriendo una radiografía sobre el nivel de vida del funcionario y su familia, se convirtió en una de las crisis más incómodas para el gobierno de Javier Milei.
La investigación tramita en los tribunales de Comodoro Py, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, y busca determinar si el patrimonio, los gastos y las obligaciones asumidas por Adorni pueden justificarse con sus ingresos declarados, sus ahorros y los eventuales ingresos de su esposa, Bettina Angeletti. Hasta el momento no existe condena ni imputación firme que permita afirmar la comisión de un delito, pero el volumen de datos incorporados al expediente ya instaló una pregunta central: cómo se financió semejante salto patrimonial en tan poco tiempo.
El último documento patrimonial disponible de Adorni, correspondiente al ciclo 2024 ante la Oficina Anticorrupción, informó una caja de ahorro con $2.455.000, otros $2.000.000 provenientes de un crédito, US$6.220 en una cuenta en Estados Unidos y US$42.500 en efectivo que ahora deberá explicar. Según reconstrucciones periodísticas, durante ese período su sueldo como secretario de Estado rondó los $3,2 millones mensuales y declaró ingresos anuales por $36,2 millones.
El dato salarial resulta clave porque, según relevamientos públicos, antes de asumir como ministro coordinador Adorni percibía un ingreso estatal cercano a los $3,2 millones mensuales como secretario de Estado. En 2026, tras los aumentos para altos funcionarios, los ministros nacionales quedaron con salarios del orden de los $7,6 millones, mientras secretarios y subsecretarios se ubicaron en torno a los $7 millones y $6 millones, respectivamente.
Ese ingreso formal, aun actualizado, es el punto de comparación que ahora ordena la investigación. Porque frente a esos sueldos aparecen gastos de otro tamaño: viajes internacionales, vuelos privados, hoteles de lujo, una casa en un country, un departamento en Caballito, refacciones por casi un cuarto de millón de dólares, muebles, honorarios notariales y deudas privadas con condiciones llamativas.
El primer capítulo estalló el 8 de marzo, cuando Milei viajó a Nueva York con una comitiva oficial que incluyó a Adorni. Una foto publicada durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens, permitió detectar que el jefe de Gabinete había viajado con su esposa, Bettina Angeletti, quien no era funcionaria pública. Durante casi 48 horas, el Gobierno no confirmó ni desmintió si ella había viajado en el avión presidencial.
Dos días después, Adorni reconoció en una entrevista que su esposa había subido al Tango 01. Dijo que él se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería tener a su lado a su “compañera de vida”. También afirmó que Angeletti tenía una “actividad” que desarrollar en la ciudad, aunque no precisó cuál, y sostuvo que ella había comprado su propio pasaje, que finalmente no habría usado por un cambio en el itinerario. El costo declarado de ese pasaje fue de US$5.348.
El 11 de marzo apareció otro problema: un video mostró a la familia Adorni subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este para pasar el Carnaval. La revelación había sido anticipada por el periodista Carlos Pagni y luego se supo que en el viaje también participó Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni y vinculado a una productora con contratos con la TV Pública. El vuelo se convirtió en una pieza central porque hasta ahora no quedó públicamente acreditado quién pagó cada tramo.
Según las constancias incorporadas a la causa, el viaje a Punta del Este implicó al menos US$7.830. El vuelo de ida fue facturado por US$4.830 a nombre de la productora de Grandio. El regreso formó parte de un paquete de diez vuelos comprado por el piloto Agustín Issin Hansen, que luego habría revendió el tramo de los Adorni a Grandio por US$3.000. Una secretaria del piloto declaró que Grandio habría pedido que no le facturaran el vuelo, que la empresa se negó y que luego él desconoció la factura.
El 15 de marzo, en una entrevista con Luis Majul, Adorni pidió disculpas por el “error” de haber subido a su esposa al avión presidencial y aseguró que no tenía “ninguna inconsistencia” patrimonial. También dijo que creía que los cuatro días en Punta del Este habían sido “lo único” que había hecho en un año y medio. Más tarde aparecerían otras vacaciones y gastos.
El 19 de marzo, la diputada Marcela Pagano, con información publicada el dia 15 en Total News Agency, denunció que Adorni tenía una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que no figuraba en su declaración jurada. Al día siguiente, documentación catastral confirmó que Angeletti había registrado a su nombre, en noviembre de 2024, una propiedad en ese barrio cerrado. La omisión recién habría sido rectificada con la causa penal ya en curso.
La operación de Indio Cua agregó otro capítulo relevante. Según declaró la escribana Adriana Mónica Nechevenko, Adorni hipotecó por US$100.000 su departamento de Parque Chacabuco como garantía de un préstamo otorgado por dos policías. Ese dinero habría sido utilizado para pagar la mayor parte de la casa del country, cuyo valor declarado fue de US$120.000. De ese crédito hipotecario, según la declaración citada, ya habría saldado US$30.000, quedando un saldo de US$70.000.
Para la compra de Indio Cua, además, se registraron pagos por US$25.000: US$20.000 en efectivo el día de la operación y otros US$5.000 que habrían correspondido al club. A eso se suman facturas de la escribana Nechevenko por operaciones relacionadas con Indio Cua, Caballito y la hipoteca de Parque Chacabuco, por aproximadamente $16 millones, equivalentes a unos US$15.600 a valores de las operaciones.
El 30 de marzo se conoció la compra de otro inmueble: un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. La operación fue registrada en US$230.000, pero las vendedoras financiaron US$200.000 mediante un crédito hipotecario. Ese día, Adorni pagó en efectivo US$30.000, que no entraron dentro del financiamiento. La particularidad del préstamo privado, por el monto y las condiciones, quedó bajo análisis de los investigadores.
El 22 de abril, el testigo Pablo Feijoo, hijo de una de las mujeres que financiaron la compra del departamento de Caballito, declaró que existía un pago adicional por fuera de la escritura, de US$65.000, que todavía no habría sido cancelado. Si esa versión se confirma, la deuda vinculada a Caballito no sería solo de US$200.000, sino de US$265.000.
El capítulo de las vacaciones también pesa en la reconstrucción. La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia el 29 de diciembre de 2024, en clase “premium economy”, y que pagó todo en efectivo. Los pasajes costaron US$5.800 y el hotel US$8.874, lo que arroja un total de US$14.674. Ese viaje ocurrió cuando el funcionario percibía un sueldo mensual que, según relevamientos públicos, rondaba los $3,2 millones como secretario de Estado.
Luego apareció otro gasto: una escapada a Bariloche y alojamiento en el hotel Llao Llao. Según fuentes con acceso a la causa citadas en la información aportada, las minivacaciones de cinco días habrían generado erogaciones por $9.700.000, equivalentes a unos US$6.900 al tipo de cambio de junio de 2024. El detalle incluye $1.700.000 en pasajes, $3.100.000 en consumos de hotel y $4.900.000 en alojamiento.
El dato que más impactó políticamente llegó el 4 de mayo, cuando el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal Pollicita que los Adorni lo contrataron para una reforma integral en la casa de Indio Cua. Según su testimonio, aportó una planilla con detalle de obras y sostuvo que le pagaron US$245.929 en efectivo. También declaró que recibió $14 millones, equivalentes a unos US$10.000, por muebles para el departamento de Caballito.
La magnitud de esa refacción es el punto más delicado de toda la cuenta. La casa de Indio Cua fue registrada por US$120.000, pero la obra declarada por el contratista casi duplica ese valor. Además, el presunto pago en efectivo y sin factura eleva la sospecha fiscal sobre el origen de los fondos. Adorni negó enriquecimiento ilícito y el presidente Milei defendió públicamente su inocencia, pero hasta ahora el funcionario evitó una explicación patrimonial detallada ante la opinión pública.
La suma de gastos conocidos hasta ahora alcanza los US$391.281: US$5.348 por el pasaje de Angeletti a Nueva York; US$7.830 por el viaje a Punta del Este; US$30.000 en efectivo por Caballito; US$25.000 vinculados a Indio Cua; US$15.600 en pagos notariales; US$14.674 por Aruba; US$6.900 por Bariloche-Llao Llao; US$245.929 por refacciones en Indio Cua; y US$10.000 por muebles para Caballito.
La suma de deudas llega a US$335.000: US$200.000 por el crédito hipotecario de Caballito; US$70.000 de saldo pendiente del préstamo garantizado con el departamento de Parque Chacabuco para comprar Indio Cua; y US$65.000 de deuda adicional denunciada por el testigo Feijoo por fuera de la escritura de Caballito.
Así, entre gastos y deudas, el expediente ya reconstruye un universo cercano a US$726.281, sin contar otros eventuales movimientos que todavía puedan surgir de tarjetas, cuentas, declaraciones juradas reservadas o nuevas testimoniales. Esa cifra es la que transforma el caso en un problema político mayor: no se trata de un gasto aislado, sino de una secuencia de operaciones concentradas en menos de dos años de función pública.
El rol de Bettina Angeletti también quedó bajo análisis. La esposa de Adorni se dedica al coaching ontológico y, según información pública, fundó su consultora +Be pocos meses después de la llegada de su marido al Gobierno. Medios que siguieron la investigación señalaron que la consultora habría percibido $6.370.000 por servicios de coaching empresarial a National Shipping S.A., empresa vinculada al sector naviero y contratista de YPF, compañía donde Adorni fue designado director titular por parte del Estado en enero de 2026.
Ese dato no prueba por sí mismo un delito, pero sí resulta relevante para la reconstrucción de ingresos familiares. La propia Justicia tiene a disposición información patrimonial de Angeletti en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción, aunque esos números no trascendieron públicamente. Por eso, cualquier explicación basada en ingresos de la esposa deberá apoyarse en documentación concreta y trazable, no en afirmaciones generales.
El contraste político es fuerte. Milei construyó su liderazgo con un discurso de austeridad, transparencia y combate frontal contra la “casta”. Sin embargo, uno de sus funcionarios más visibles debe justificar viajes al exterior, vuelos privados, propiedades, hipotecas privadas, refacciones millonarias en efectivo y deudas con particulares. En términos judiciales, rige la presunción de inocencia. En términos políticos, la pregunta ya perforó el blindaje oficial.
La presión interna también creció. Patricia Bullrich le reclamó públicamente a Adorni que presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes, aunque el plazo formal ante la Oficina Anticorrupción todavía no había vencido. Fue la primera vez que una figura de peso del oficialismo reconoció en voz alta que el jefe de Gabinete debía explicar su patrimonio para evitar que el Gobierno quedara “empantanado”.
Esa misma noche, Milei intentó bajarle el tono al reclamo y dijo que Bullrich había “spoileado” lo que Adorni iba a hacer. El Presidente ratificó al funcionario, aseguró que no iba a “ejecutar a un inocente” y sostuvo que las acusaciones eran “mentiras y fantasías” impulsadas por periodistas y opositores. Pero la defensa presidencial no resolvió el punto central: los números siguen sin una explicación pública completa.
El 7 de mayo, en una conversación con Alejandro Fantino en Neura, Adorni volvió a esquivar precisiones. Dijo que la política no era lo suyo, habló de deslealtades y se definió como “un pedazo de Milei”, en el sentido de que lo atacarían a él para dañar al Presidente. Pero otra vez evitó detallar el origen de los fondos, las condiciones de los préstamos y la compatibilidad entre ingresos y gastos.
La estrategia oficial parece apostar al paso del tiempo y a la confianza personal de Milei en su jefe de Gabinete. Pero la cuenta es demasiado grande para quedar atrapada en una defensa emocional. US$391.281 en gastos y US$335.000 en deudas no se explican con frases de lealtad ni con ataques a la prensa. Se explican con recibos, declaraciones juradas, transferencias, contratos, facturas, origen de fondos y capacidad económica demostrable.
El caso también obliga a revisar el estándar que el Gobierno exige hacia afuera. Si la administración libertaria reclama austeridad a la sociedad, ajustes al Estado y sacrificios al sector privado, debe ser especialmente rigurosa con sus propios funcionarios. La vara anticasta no puede bajar cuando el señalado pertenece al círculo íntimo del poder.
La Justicia deberá determinar si hubo enriquecimiento ilícito, omisiones patrimoniales, inconsistencias declarativas o simples operaciones financiadas por fuentes lícitas aún no explicadas. Pero el impacto institucional ya existe. Cada nueva cifra conocida agranda la distancia entre el discurso oficial y la conducta que se espera de un alto funcionario.
En la Argentina, los escándalos patrimoniales rara vez se agotan en los tribunales. También se resuelven en la opinión pública. Y ahí el caso Adorni tiene un problema evidente: cuanto más demora la explicación, más crece la sospecha. Cuanto más se extiende el blindaje, más se erosiona la promesa de transparencia. Y cuanto más insiste Milei en sostenerlo sin exigir una rendición pública completa, más se parece la defensa del Gobierno a aquello que prometió combatir.
La cuenta está sobre la mesa. US$391.281 en gastos. US$335.000 en deudas. Sueldos públicos conocidos. Ingresos de la esposa parcialmente bajo reserva. Pagos en efectivo. Hipotecas privadas. Refacciones de lujo. Viajes. Propiedades. Ahora falta lo único que puede cerrar el caso: una explicación documentada, completa y verificable.
