Buenos Aires, 11 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad volvió a quedar bajo una luz mucho más comprometida luego de que un informe técnico del Ministerio de Salud detectara supuestos sobreprecios de hasta el 4.239% en compras de andadores, sillas de ruedas, prótesis e insumos médicos destinados a personas con discapacidad.
El documento, que ya se encuentra en manos de la Justicia Federal, analizó facturas emitidas al Estado durante 2025 y las comparó con valores de referencia del mercado. El resultado fue demoledor: diferencias que van del 300% al 1.000%, casos por encima del 2.000% y un extremo de 4.239% en la adquisición de un andador. En términos simples, mientras los beneficiarios del sistema muchas veces enfrentan demoras, trámites interminables y prestaciones recortadas, algunos proveedores habrían facturado al Estado montos difíciles de explicar bajo cualquier criterio razonable.
Según el informe oficial, el relevamiento detectó “desvíos críticos” y precios “injustificables” en operaciones vinculadas con la ANDIS, organismo que quedó en el centro de una causa por presunto fraude millonario. El documento fue firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y forma parte de la investigación judicial que involucra a exfuncionarios, operadores, proveedores y empresarios del sector salud.
Uno de los casos más llamativos es el de una compra vinculada a un sistema de válvulas bicaval transcatéter, insumo utilizado para corregir el funcionamiento de válvulas del corazón. De acuerdo con el informe, el 8 de julio de 2025 una contratista de ANDIS recibió un pago de $425.000.000 por ese producto, mientras que pocos meses antes el PAMI había abonado $124.200.000 por el mismo insumo. La diferencia, según el análisis técnico, representaría un pago 242% más caro.
El informe recolectó 37 facturas correspondientes a seis proveedores del Estado: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. En total, esas firmas recibieron pagos por aproximadamente $18.100 millones. La empresa que más fondos absorbió fue Farma Salud, con alrededor de $7.900 millones.
El expediente judicial tiene entre sus procesados a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS durante parte del período investigado. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que el informe no le atribuye al exfuncionario una intervención directa en las maniobras ni prueba conocimiento sobre ellas. Sin embargo, la causa avanza sobre una trama mucho más amplia que incluye presuntas conexiones entre funcionarios, proveedores, operadores comerciales y firmas que habrían competido sólo en apariencia.
En el caso de Ortopedia Bernat, el informe oficial habla de “desvíos técnicamente indefendibles”. Allí aparece el caso del andador con el presunto sobreprecio récord del 4.239%. También se observaron irregularidades en compras de sillas de ruedas. Una factura de Artrobone, fechada el 9 de octubre de 2025, consignó una silla de ruedas por $19 millones, mientras que el precio de referencia nacional señalado por el informe era de $1.279.999. Algo similar se detectó en operaciones de Bymax Medical, con sillas de ruedas facturadas en torno a $19 millones, valores ubicados varios millones por encima de las referencias de mercado.
La investigación también puso la lupa sobre el mecanismo utilizado para las contrataciones. Las compras se habrían tramitado a través del SIIPFIS, el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, una plataforma digital pensada para agilizar procedimientos. Pero, según la hipótesis fiscal, ese sistema habría sido vulnerado mediante invitaciones direccionadas, empresas previamente seleccionadas y competencias simuladas.
El fiscal Franco Picardi sostuvo en uno de sus dictámenes que el sistema, lejos de garantizar transparencia, habría terminado funcionando como una herramienta que, bajo una apariencia de automatismo, permitió beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y coordinada. En la causa aparece mencionado el denominado “grupo museo”, un grupo de WhatsApp que, según la investigación, habría reunido a exfuncionarios y operadores vinculados a las contrataciones. Entre los señalados figuran Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Patricio Gustavo Rama, Osmar Mariano Caballi y Miguel Ángel Calvete.
La causa ya derivó en llamados a indagatoria para 49 personas, entre funcionarios, empresarios, gestores, familiares y operadores externos. Varias defensas buscan ahora cuestionar la validez de la investigación a partir del origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se habría hablado de un presunto sistema de coimas dentro de la agencia. En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó avanzar con un peritaje sobre las grabaciones, mientras el fiscal Picardi pidió que el exfuncionario aporte material de voz indubitado para determinar si corresponde o no a los audios incorporados al expediente.
El caso golpea en una zona especialmente sensible: los fondos destinados a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Si la Justicia confirma la hipótesis investigada, no se trataría solamente de un caso de corrupción administrativa, sino de un mecanismo que habría lucrado con prestaciones médicas, elementos de movilidad e insumos esenciales para pacientes que dependen del Estado.
La gravedad política también es evidente. En momentos en que el Gobierno sostiene un discurso de austeridad, eficiencia y combate contra los privilegios del Estado, la aparición de sobreprecios de esta magnitud obliga a una depuración profunda, rápida y sin contemplaciones. La motosierra no puede quedarse en el mostrador: también debe entrar en los circuitos opacos donde proveedores, funcionarios y operadores convierten la necesidad social en negocio privado.
