Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 14 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo giro sensible: la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita detectó nuevos criptoactivos vinculados al funcionario y pidió información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para determinar si esas cuentas registraron movimientos financieros, a qué períodos corresponden, qué montos involucraron y si fueron debidamente informadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.
El dato no es menor. En un gobierno atravesado por el escándalo cripto de $LIBRA, y con el propio presidente Javier Milei todavía bajo cuestionamientos políticos y judiciales por la difusión de ese token en febrero de 2025, Total News Agency no puede dejar de preguntarse si Adorni pudo haber apostado también en $LIBRA o en otros activos vinculados al universo cripto que rodeó al oficialismo libertario. No se trata de afirmarlo sin prueba, sino de señalar una línea lógica de investigación: si la Justicia detectó criptoactivos no declarados o insuficientemente informados, debe reconstruir con precisión qué activos fueron, cuándo se operaron, por qué plataformas, con qué fondos y si existió alguna conexión temporal o financiera con el caso $LIBRA.
La nueva batería de medidas fue impulsada por Pollicita luego de que ingresara al expediente información sobre operaciones digitales que, en principio, no encontrarían correlato en la declaración jurada correspondiente a 2024. Según el texto base de la investigación, la fiscalía pidió datos a proveedores de servicios de activos virtuales para saber si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registran cuentas, tarjetas o movimientos asociados a esas plataformas.
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General de la Nación, avanza en un informe clave para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos y egresos del jefe de Gabinete desde su ingreso a la función pública. Esa pericia será central para cruzar salarios, bienes, viajes, deudas, operaciones inmobiliarias, fondos en efectivo y ahora también activos digitales.
La causa ya venía cargada. La Justicia habría detectado movimientos con criptomonedas realizados durante 2024 que no figurarían en la declaración jurada de ese año. Ahora se sumaron dos criptoactivos más bajo análisis, por lo que el Ministerio Público Fiscal busca establecer si tuvieron movimiento financiero, si siguen operativos y si los fondos aplicados allí pueden ser justificados documentalmente. Clarín informó que la fiscalía halló nuevas operaciones del jefe de Gabinete en 2024 que no estarían en su declaración jurada.
Otros medios también reflejaron el avance de la pesquisa. Infobae informó que la Justicia detectó operaciones con criptomonedas de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Página/12 publicó que el funcionario habría manejado, al menos por ahora, unos 80.000 dólares a través de dos billeteras virtuales no incluidas en la declaración jurada de 2024, con otras dos wallets bajo la mira judicial.
La cuestión de fondo es la trazabilidad. En un expediente patrimonial, no basta con decir que los números “están en orden”. La Justicia debe saber de dónde salió el dinero, por dónde circuló, en qué moneda ingresó, si fue convertido a criptoactivos, si pasó por billeteras virtuales, si volvió al sistema bancario, si se retiró en efectivo o si se aplicó a viajes, propiedades, refacciones, alquileres o cancelación de deudas. En ese punto, los activos digitales no son un dato accesorio: pueden ser una pieza decisiva para reconstruir la ruta de los fondos.
La Oficina Anticorrupción administra el sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales y publica la información pública de las presentaciones realizadas por los funcionarios alcanzados por la normativa. Ese régimen busca permitir el control ciudadano e institucional sobre la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos públicos. Además, la propia Oficina Anticorrupción recordó que los funcionarios tienen plazo hasta el 31 de julio de 2026 para presentar las declaraciones juradas anuales 2025.
El caso se vuelve políticamente más delicado por el contexto $LIBRA. El escándalo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió en sus redes el token $LIBRA, que se disparó rápidamente y luego se desplomó, generando denuncias, reclamos de inversores y causas judiciales. Associated Press informó entonces que abogados argentinos presentaron denuncias por fraude contra el Presidente tras la promoción de la criptomoneda, mientras que Reuters consignó que el gobierno negó especulaciones de sobornos y defendió que no hubo conducta antiética de funcionarios.
La pregunta sobre Adorni y $LIBRA surge por una razón elemental: si un funcionario de primera línea del gobierno libertario tenía actividad cripto no declarada o no suficientemente informada, y si esa actividad ocurrió en un período cercano al mayor escándalo cripto del oficialismo, corresponde determinar si compró, vendió, mantuvo o transfirió activos vinculados a $LIBRA. La respuesta puede ser negativa, pero debe surgir de documentos, no de discursos.
La fiscalía, por ahora, no informó públicamente que los criptoactivos detectados sean $LIBRA. Por eso, cualquier afirmación categórica sería imprudente. Pero lo que sí resulta razonable es que la investigación pida a las plataformas el detalle completo de operaciones: activos involucrados, fechas, montos, cuentas de origen, wallets de destino, conversiones, contrapartes, retiros y depósitos. Sólo con esa información podrá descartarse o confirmarse cualquier vínculo con el ecosistema cripto que rodeó al escándalo presidencial.
La situación patrimonial de Adorni ya tenía varios frentes abiertos. Según la información aportada en el expediente periodístico, entre viajes al exterior, hotelería, fondos aplicados a operaciones inmobiliarias, refacciones y alquiler de la casa en Indio Cua, la cifra bajo observación supera los 370.000 dólares en menos de un año. A eso se suman deudas por 335.000 dólares que, según fuentes judiciales citadas, deberían cancelarse en noviembre.
El interrogante judicial es directo: ¿los ingresos de Adorni como funcionario público alcanzan para sostener ese movimiento de divisas, los viajes, las propiedades, los pagos en efectivo, las deudas y las operaciones digitales? Si la DAFI detecta un desfasaje relevante, el fiscal podría avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial, paso habitual en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Si la respuesta no resultara suficiente, el expediente podría escalar hacia un eventual pedido de indagatoria.
Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que los números están en orden y que, llegado el momento, se presentará la declaración jurada que despejará las dudas. Pero la defensa política deberá convertirse en documentación verificable: comprobantes, contratos, registros bancarios, respaldo fiscal, trazabilidad de criptomonedas, origen de fondos y coherencia entre lo declarado y lo efectivamente operado.
El problema para Adorni es que la investigación ya no se limita a una discusión sobre viajes o propiedades. La fiscalía parece decidida a revisar todo el circuito financiero: efectivo, cuentas, tarjetas, activos virtuales, deudas, bienes y eventuales inconsistencias declarativas. En ese rompecabezas, las criptomonedas pueden ser la pieza que explique movimientos de dólares o, por el contrario, la que profundice las sospechas.
También hay un problema político para el Gobierno nacional. Adorni no es un funcionario periférico: es el jefe de Gabinete, una de las voces centrales del mileísmo y un dirigente que durante meses fue la cara comunicacional de la administración libertaria. Que la Justicia investigue criptoactivos no declarados o presuntamente omitidos en sus declaraciones patrimoniales golpea de lleno sobre el discurso oficial de transparencia y ruptura con la vieja política.
El caso $LIBRA vuelve inevitablemente como sombra. No porque exista, hasta ahora, una prueba pública de que Adorni haya participado de esa operatoria, sino porque el ecosistema cripto del oficialismo quedó bajo sospecha luego del derrumbe del token difundido por Milei. En política, los tiempos, las omisiones y los silencios importan. Y en una investigación judicial, las billeteras virtuales pueden hablar más que los comunicados.
La Justicia deberá determinar si los nuevos criptoactivos fueron simples inversiones omitidas, operaciones menores sin relevancia patrimonial, movimientos legítimos pero mal declarados o parte de una estructura financiera más compleja. Pero hay una pregunta que ya quedó instalada y que la fiscalía debería despejar con precisión quirúrgica: ¿Manuel Adorni operó, directa o indirectamente, con $LIBRA?
Hasta que esa respuesta aparezca respaldada por documentación, el expediente seguirá creciendo en sospechas. Y para un funcionario de primera línea, la transparencia patrimonial no es una gentileza: es una obligación institucional.
