Funes, 24 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- En una decisión difícil de explicar desde el sentido común, Vialidad Nacional intimó al hotel Sol de Funes, ubicado en las afueras de la ciudad santafesina de Funes, a remover una mejora realizada en un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba que facilita el ingreso al establecimiento. Vialidad está en manos de Marcelo Campoy un ex integrante de la tropa de Maria Julia Alsogary en el espinoso asunto de las guias telefonicas de la recordada ENTEL y otros. Campoy, desde hace décadas está vinculado a la familia Menem.
El caso resulta insólito: un empresario local, cansado de reclamar por el mal estado del acceso, decidió hacerse cargo de una reparación puntual para mejorar la circulación hacia su hotel. Pero el organismo nacional, lejos de resolver lo que debía resolver o de ordenar técnicamente la intervención sin destruirla, le exigió que rompa lo hecho y restituya el sector “a su estado original”. Y para “peorcito”, Vialidad Nacional ocupa tiempo y dinero del estado en intimar a quién repara la ruta, pero no en responder a sus reclamos.
La intimación fue enviada desde el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional al gerente general del hotel, Néstor Rozín, quien recibió una carta documento en la que se le ordena remover la obra en un plazo de diez días hábiles. El argumento oficial es que los trabajos fueron ejecutados sin autorización definitiva y sin las verificaciones técnicas correspondientes.
La explicación podrá sonar prolija en el expediente, pero pierde fuerza frente a la realidad: no se trata de una central hidroeléctrica, de un puente colgante ni de una megaobra de ingeniería, sino de un tramo de pavimento destinado a mejorar un ingreso que estaba en malas condiciones. En términos políticos y administrativos, la situación desnuda una falta de criterio que amerita, como mínimo, una revisión profunda dentro del organismo.
Según relató Rozín al medio local RTS, el hotel venía padeciendo desde hacía tiempo los problemas del camino de tierra. “Estábamos padeciendo los problemas de la calle, el camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos con cantidad de gente, además de la importancia, ya no aguantaba más. Veníamos pidiendo a Vialidad Nacional y a la empresa contratista que cobra el peaje de la autopista que lo repare”, explicó.
Ante la falta de respuestas concretas, el empresario aprovechó la presencia de maquinaria que trabajaba en un supermercado cercano, consiguió piedras para tapar los pozos y avanzó con la reparación. Según su relato, primero intentaron clausurarle la intervención, luego le dieron consentimiento para continuar y, casi siete meses después, llegó la carta documento exigiendo volver todo atrás.
“Primero nos quisieron clausurar, después nos dieron el consentimiento para seguir con la obra, y ahora casi después de siete meses me llega una carta documento diciendo que se tiene que volver a la situación anterior”, señaló Rozín, todavía sorprendido por la medida.
El absurdo administrativo se vuelve más evidente cuando el propio gerente del hotel plantea la contradicción que enfrenta: por un lado, la municipalidad le exige garantizar libre accesibilidad al establecimiento; por el otro, Vialidad Nacional le impide sostener una mejora que precisamente apunta a facilitar ese acceso.
En otras palabras, el Estado exige condiciones, no resuelve el problema y, cuando un privado decide aportar una solución concreta con recursos propios, aparece la burocracia para ordenar que se destruya lo que se arregló. El caso parece escrito para ilustrar el viejo dicho popular: “El perro del hortelano, no come ni deja comer al amo”.
Fuentes vinculadas a Vialidad Nacional, citadas por el medio local Rosario3, indicaron que el pedido de revertir los arreglos se debe a que la obra no contaba con aprobación definitiva. Según esa versión, el hotel inició el trámite para obtener el permiso, pero no terminó de presentar la documentación técnica requerida. También sostienen que la intervención ejecutada fue superior a la originalmente presentada ante el organismo.
El procedimiento formal, según la explicación oficial, exige documentación técnica detallada, metodología de ejecución, cronogramas, medidas de seguridad vial, informes ambientales y responsables técnicos, entre otros requisitos. Todo eso puede tener sentido para obras complejas o de impacto estructural, pero aplicado sin criterio sobre una mejora puntual de acceso termina convertido en una postal perfecta de la Argentina que traba, sospecha y castiga al que intenta resolver.
La pregunta de fondo no es si deben existir reglas. Claro que deben existir. La cuestión es si el Estado puede usar las reglas como excusa para no hacer y tampoco dejar hacer. En este caso, Vialidad Nacional no sólo no resolvió a tiempo el problema de la colectora, sino que además intimó al privado que buscó reparar una parte del acceso con sus propios medios.
Rozín resumió la contradicción con una reflexión que va al corazón del problema: “Creo que la cosa pasa porque seamos conscientes de que la actividad pública y privada tienen que existir. En un momento donde desde la Presidencia se dice que el privado tiene que invertir, tiene que hacer, cuando un privado invierte lo persiguen”.
La frase expone una tensión política evidente. Mientras desde el discurso nacional se impulsa la inversión privada, la desregulación y el protagonismo del sector productivo, ciertas estructuras del Estado siguen actuando con reflejos viejos, más preocupadas por hacer cumplir el sello que por resolver el problema real.
Por ahora, la intimación de Vialidad Nacional continúa vigente y el hotel Sol de Funes enfrenta la posibilidad de tener que romper una obra que mejoró la colectora. Un desenlace que, lejos de mostrar autoridad, exhibe una burocracia desconectada de la realidad y una falta de criterio que debería tener responsables.
