Concepción del Uruguay, 27 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país, sumó un capítulo decisivo con el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde peligran alrededor de 950 puestos de trabajo. La decisión encendió la alarma en una ciudad profundamente ligada a la industria avícola y volvió a exponer el costo de los conflictos laborales, la presión financiera y la pérdida de competitividad en una cadena productiva clave para la alimentación y el empleo argentino.
La empresa comunicó el cierre de la planta y atribuyó la medida a conflictos gremiales que, según su posición, paralizaron operaciones, afectaron la previsibilidad y quebraron la cadena de producción. En el escrito difundido por la compañía, Granja Tres Arroyos señaló que en los últimos meses se registraron paros, trabajo a desgano, altos niveles de ausentismo y bloqueos que impidieron garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar.
La mañana del martes, los trabajadores se encontraron con los accesos cerrados con cadenas y candados. Un cartel colocado en la puerta informó que el establecimiento permanecería cerrado “por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso”. Para muchos empleados, la medida llegó sin una comunicación previa clara sobre el futuro laboral, el pago de haberes adeudados o un eventual plan de continuidad.
La situación es especialmente delicada porque la planta La China no es un establecimiento menor dentro del mapa productivo del grupo. Allí trabajan cerca de 950 empleados y durante los últimos meses había absorbido parte del personal de otra planta cerrada en la misma ciudad. El cierre, aunque sea presentado como temporario, golpea de lleno sobre familias, proveedores, transportistas, productores integrados y comercios locales que dependen directa o indirectamente del movimiento avícola.
En términos simples, la cadena avícola funciona como un engranaje muy ajustado. Los pollos se crían en granjas integradas, se trasladan a plantas de faena, se procesan, se enfrían, se distribuyen y llegan a comercios o exportadores. Si una planta grande se detiene, no sólo se frena una fábrica: se corta una cadena completa. Los animales siguen creciendo, los productores necesitan cobrar, los camiones quedan parados y los trabajadores pierden horas o salarios.
El deterioro no comenzó esta semana. Granja Tres Arroyos venía atravesando una fuerte reducción de actividad. La faena diaria, que llegó a ubicarse cerca de los 700.000 pollos, cayó hasta alrededor de 200.000, una baja muy fuerte para una firma que durante años fue emblema de la producción avícola argentina. Esa reducción expresa un problema de fondo: la empresa produce menos, factura menos, arrastra deudas y pierde capacidad de sostener su estructura.
En los últimos meses, la compañía avanzó con una reestructuración que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones. Según la información disponible, el ajuste alcanzó a unos 400 puestos dentro del grupo. También se redujeron esquemas de trabajo, se aplicaron jornadas más cortas y se negociaron modalidades para evitar despidos directos, aunque con impacto sobre los ingresos de los trabajadores.
El conflicto salarial es otro eje central. La empresa adeuda, según lo informado por trabajadores y medios locales, el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Esa deuda explica parte del malestar gremial y la movilización de los empleados, que reclaman la reapertura de la planta, el pago de los sueldos y garantías de continuidad laboral.
Hasta hace poco, la planta de Concepción del Uruguay funcionaba con un esquema reducido de cuatro días semanales. Los lunes no había faena y esa jornada se pagaba al 65% del salario, en un intento de sostener la actividad y evitar un cierre más drástico. Ese acuerdo había sido presentado como una salida de emergencia, pero no alcanzó para estabilizar el conflicto.
La empresa sostiene que la situación se volvió inviable por las medidas sindicales. Los trabajadores, en cambio, apuntan contra los atrasos salariales, la incertidumbre y el deterioro progresivo de las condiciones laborales. En el medio, la producción cayó, los proveedores quedaron expuestos y la ciudad volvió a quedar pendiente de una negociación que ya tuvo varios capítulos críticos.
El gobierno de Entre Ríos había intervenido en conflictos anteriores mediante la Secretaría de Trabajo provincial. En los últimos meses, la administración de Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, participaron en gestiones para destrabar pagos y sostener la continuidad productiva. Ahora, la nueva crisis vuelve a exigir una mediación urgente, porque el cierre de una planta de esta magnitud no es sólo un conflicto privado: tiene impacto social, laboral y regional.
La audiencia convocada en Paraná fue suspendida luego de que la empresa pidiera una prórroga, mientras los gremios permanecen en estado de alerta y los trabajadores se movilizan en Concepción del Uruguay. La incertidumbre se profundiza porque todavía no hay una hoja de ruta clara: no se sabe cuándo reabrirá la planta, cómo se regularizarán los salarios ni qué condiciones exigirá la compañía para retomar la actividad.
El antecedente inmediato es el cierre definitivo de la planta Becar, también ubicada en Concepción del Uruguay, informado a fines de 2025. En aquella oportunidad, la empresa trasladó unos 270 trabajadores a La China, ubicada a pocos metros, bajo el argumento de concentrar producción y bajar costos. Esa decisión, que en su momento fue presentada como una reestructuración para preservar empleos, terminó desplazando todavía más presión sobre la planta que ahora quedó cerrada.
La crisis también alcanzó a otras instalaciones del grupo. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y pago parcial de jornadas sin actividad. Además, la planta avícola Wade, ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, registró frenos de actividad en medio de atrasos salariales y problemas financieros.
El dato financiero agrava el cuadro. Según registros consultados por medios nacionales, Granja Tres Arroyos acumula cheques rechazados por montos multimillonarios y miles de documentos impagos. Es decir, el problema no se limita a una discusión gremial: hay una tensión de caja severa, deuda acumulada y dificultades para sostener una operación industrial de gran escala.
La lectura de fondo es clara. La Argentina necesita defender sus cadenas productivas, pero también necesita que esas cadenas funcionen con reglas laborales razonables, previsibilidad, productividad y responsabilidad empresarial. Una planta que se paraliza por conflictos permanentes deja de ser viable. Una empresa que acumula deudas salariales y financieras tampoco puede pedir confianza sin mostrar un plan claro. Y un Estado provincial que observa la crisis sin resolverla corre el riesgo de administrar daños cuando ya es tarde.
El caso de Granja Tres Arroyos muestra la fragilidad de una industria que debería ser estratégica. La carne aviar es una proteína accesible para millones de argentinos, genera empleo formal, demanda maíz y soja, integra productores, mueve transporte, frío, logística, comercio interno y exportación. Cuando una avícola de este tamaño entra en crisis, el golpe se siente mucho más allá de sus portones.
También deja una advertencia para el país productivo. Sin competitividad, sin paz social, sin financiamiento, sin orden laboral y sin reglas claras, incluso las empresas líderes pueden entrar en una pendiente peligrosa. La apertura comercial, los costos internos, la caída del consumo, los atrasos de pago y la conflictividad sindical forman una combinación explosiva para cualquier industria que trabaja con márgenes ajustados.
Los trabajadores reclaman respuestas y tienen razón en exigir el pago de sus salarios. La empresa reclama condiciones para operar y también plantea un punto atendible: ninguna cadena productiva puede sostenerse si la planta queda bloqueada o paralizada de manera recurrente. La salida exige equilibrio, pero también decisión. Si cada actor se atrinchera, la consecuencia será una sola: menos producción, menos empleo y una ciudad entera golpeada.
Para Concepción del Uruguay, el cierre de La China representa un golpe directo. No se trata de una empresa aislada, sino de uno de los motores laborales de la región. Cada empleo perdido en una planta de esta escala arrastra consumo local, alquileres, comercios, servicios y estabilidad familiar. Por eso, la resolución del conflicto no puede demorarse indefinidamente.
El Gobierno provincial deberá presionar para reabrir canales de diálogo, garantizar que se paguen los salarios adeudados y exigir a la empresa un plan concreto de continuidad. Al mismo tiempo, los sindicatos deberán medir el costo real de sus medidas, porque cuando la producción se detiene durante demasiado tiempo, el riesgo deja de ser una pulseada salarial y se transforma en amenaza de cierre.
La crisis de Granja Tres Arroyos expone un dilema mayor de la Argentina: cómo sostener empleo industrial sin caer en parálisis, cómo defender derechos laborales sin destruir productividad y cómo evitar que empresas estratégicas terminen reducidas a expedientes de emergencia permanente.
Por ahora, 950 familias esperan respuestas detrás de un portón cerrado. Y una ciudad que vive de la producción mira con preocupación una escena que resume demasiado bien los problemas argentinos: una empresa endeudada, gremios en tensión, trabajadores sin cobrar, una provincia obligada a mediar y una cadena alimentaria que no puede darse el lujo de seguir perdiendo capacidad.
