Por RR
Buenos Aires, 29 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Una denuncia presentada ante la Justicia Federal puso bajo la lupa una decisión del ex ENARGAS que, según los denunciantes, habría relajado estándares históricos de calidad del gas domiciliario para facilitar el ingreso de fluido de mayor poder calorífico proveniente de Vaca Muerta, en un contexto sanitario alarmante: durante 2026 ya se registraron 263 casos confirmados de intoxicación o exposición a monóxido de carbono y 9 personas fallecidas en la Argentina.
La acusación apunta contra el ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Carlos Casares, y plantea una hipótesis de enorme gravedad institucional: que el organismo regulador habría priorizado necesidades operativas y económicas vinculadas a la expansión de Vaca Muerta por encima de la seguridad de millones de hogares argentinos. Traducido al lenguaje cotidiano, los denunciantes sostienen que el Estado habría asumido un riesgo inaceptable para evitar problemas de abastecimiento o restricciones en la distribución de gas, aun cuando ese cambio podía impactar sobre calefones, cocinas, termotanques y calefactores ya instalados en viviendas de todo el país.
La decisión cuestionada se vincula con la modificación de la NAG-602, norma técnica sobre especificaciones de calidad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases análogos. En octubre de 2024, el ENARGAS aprobó la Adenda N° 1 Año 2024 de esa norma y también de la NAG-301, referida a artefactos para gas, clasificación y gases de uso y ensayo. El propio resumen oficial de la Resolución 703/2024 confirma la aprobación de esas adendas y de un cronograma de implementación.
El punto sensible es que esa actualización permitió adecuar parámetros de calidad del gas a las características del fluido de mayor poder calorífico proveniente de Vaca Muerta, una decisión que generó cuestionamientos desde sectores técnicos, distribuidores y especialistas por el eventual impacto sobre artefactos domiciliarios existentes. Medios especializados ya habían señalado que el organismo autorizó un incremento en el poder calórico del gas inyectado en redes de transporte y distribución, y que la polémica surgió precisamente por el temor a una mayor generación de monóxido de carbono en condiciones defectuosas de combustión o ventilación.
La denuncia sostiene que el regulador habría avanzado con una flexibilización normativa mientras crecían las alertas sanitarias por intoxicaciones. Allí aparece la contradicción más inquietante: según la presentación, el propio ENARGAS reconoció riesgos asociados al monóxido de carbono y aprobó procedimientos de control en ambientes domiciliarios casi en simultáneo con la flexibilización de los parámetros de calidad del gas. Para los denunciantes, esa secuencia revela que el organismo sabía que el problema no era menor, pero igualmente avanzó.
El cuadro sanitario agrava el trasfondo de la investigación. De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional citado por relevamientos periodísticos sobre datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2026 se confirmaron 263 casos de intoxicación o exposición a monóxido de carbono, con 9 fallecidos. Sólo en las últimas siete semanas relevadas se sumaron 133 nuevos casos, dato que muestra una aceleración con la llegada del frío y el mayor uso de calefacción.
El propio sitio oficial del Ministerio de Salud informó que el Boletín Epidemiológico Nacional 808, correspondiente a la semana epidemiológica 18 —del 3 al 9 de mayo de 2026— incluyó un apartado específico sobre intoxicación por monóxido de carbono, dentro del sistema nacional de vigilancia epidemiológica.
Entre los hechos recientes más graves figura la tragedia de Bahía Blanca, donde una familia murió por inhalación de monóxido de carbono pocos días después de mudarse a un departamento. Las víctimas fueron una mujer, su pareja y dos hijos, hallados el 25 de marzo de 2026 en una vivienda de Undiano 69, tras un operativo iniciado por una denuncia de desaparición. También estremeció el caso de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde en febrero murieron una niñera de 32 años y dos hermanos de 2 y 4 años por intoxicación en un departamento de la calle Mercedes al 4400; las pericias apuntaron a gases de combustión generados por un calefón que no lograban ser expulsados correctamente al exterior.
El monóxido de carbono es una de las amenazas domésticas más silenciosas. No tiene olor, no tiene color, no irrita y puede matar mientras las personas duermen. Se produce por combustión deficiente de gas, leña, carbón, kerosene u otros combustibles, especialmente cuando hay artefactos mal instalados, falta de mantenimiento, mala ventilación, conductos obstruidos o uso de hornallas y hornos para calefaccionar ambientes. Por eso, cualquier modificación en las características del gas distribuido exige controles rigurosos, pruebas suficientes y una política pública activa sobre instalaciones existentes.
Ese es uno de los puntos centrales del expediente: la Argentina no cuenta con una revisión obligatoria, periódica y masiva del estado de millones de instalaciones internas y artefactos domiciliarios. La denuncia advierte que, si se modifica la composición o el poder calorífico del gas sin un diagnóstico real sobre el parque instalado, el riesgo puede trasladarse al usuario final: familias que usan calefactores viejos, calefones mal ventilados o cocinas sin control técnico actualizado.
También se cuestiona si los ensayos previos realizados antes de aprobar la nueva normativa fueron suficientes. Los denunciantes señalan dudas sobre la cantidad de artefactos efectivamente probados, los resultados obtenidos y la eventual existencia de advertencias técnicas que habrían sido desoídas. En esa línea, llaman la atención sobre la creación de un área específica de Innovación y Normalización, a cargo de la ingeniera Ana Bravo, que —según la denuncia— habría tenido como finalidad avanzar sobre cambios normativos sensibles, entre ellos la NAG-602, otras normas asociadas al GNC y una nueva regulación en consulta sobre instalaciones internas domiciliarias.
El cambio institucional también forma parte del contexto. Carlos Casares renunció como interventor del ENARGAS en enero de 2026, y luego el Gobierno avanzó con el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), creado para reemplazar y fusionar funciones del ENARGAS y el ENRE. En mayo asumieron formalmente las autoridades del nuevo organismo, encabezado por Marcelo Lamboglia, junto con Vicente Serra, Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone.
El Gobierno y el regulador han defendido la adecuación normativa como una actualización técnica necesaria para el sistema energético. Desde la mirada oficial, el mayor poder calorífico del gas de Vaca Muerta no implicaría por sí solo un riesgo para los usuarios si los artefactos funcionan correctamente y las instalaciones cumplen las normas de seguridad. Sin embargo, la discusión pública no se agota allí: en la vida real, millones de hogares argentinos usan equipos antiguos, con mantenimiento irregular o ventilación deficiente. Esa brecha entre norma ideal y vivienda real es el corazón del problema.
La denuncia, en definitiva, instala una pregunta incómoda: si el Estado sabía que el monóxido de carbono era una amenaza creciente, ¿por qué avanzar con cambios en la calidad del gas sin garantizar antes una revisión amplia de artefactos e instalaciones domiciliarias? Para los denunciantes, el ENARGAS habría elegido preservar el flujo de gas y favorecer la operatoria vinculada a Vaca Muerta, trasladando el riesgo hacia los hogares. Para la defensa oficial, en cambio, se trataría de una adecuación técnica que no debería generar peligro si se cumplen las condiciones de seguridad.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas, negligencia técnica o responsabilidades penales. Mientras tanto, las cifras de 2026 ya muestran un problema urgente: 263 intoxicados o expuestos, 9 muertos, familias destruidas en Bahía Blanca y Villa Devoto, y un invierno que recién empieza. En un país donde muchas tragedias domésticas se explican después con la palabra “accidente”, el expediente obliga a mirar más arriba: a los organismos que regulan, a las normas que se flexibilizan y a los controles que no llegan antes de que el monóxido vuelva a matar.
Consejos clave de prevención
- Ventilación constante: Mantenga una entrada de aire fresco y permanente en todos los ambientes donde haya combustión.
- Revisión profesional: Los calefactores, calefones y calderas deben ser controlados por un gasista matriculado al menos una vez al año.
- Control de la llama: Si el artefacto a gas presenta una llama amarilla o anaranjada en lugar de azul, apáguelo inmediatamente y verifique su funcionamiento.
- Uso correcto de la cocina: Nunca utilice las hornallas o el horno de la cocina para calefaccionar la casa.
- Calefones en el baño: El calefón no debe estar instalado dentro del baño o en espacios cerrados sin ventilación.
- Braseros y salamandras: Si utiliza leña o carbón, enciéndalos fuera de la casa y apáguelos totalmente antes de ir a dormir. No arroje plásticos, goma o metales al fuego.
- Motores encendidos: Nunca mantenga el motor de un vehículo encendido en un garaje cerrado o con la puerta comunicante a la casa abierta.
